12 noviembre, 2009

Un año después del desastre seguimos esperando

Entre los medios ha habido coincidencia general en evocar la quiebra de Lehman Brothers hace un año y convertir esa fecha en el inicio de la crisis económica, que sigue extendiendo sus consecuencias en todo el mundo. Pero en realidad la crisis se había iniciado mucho antes, cuando se generalizó la conciencia de que las hipotecas ‘subprime’ se habían convertido en un cáncer incurable del sistema financiero estadounidense.

“Estabamos al borde de un completo desastre financiero”, dijo recientemente Obama. “Y la razón –continuó- era que Wall Street había asumido riesgos extraordinarios con el dinero de otra gente Estaban vendiendo créditos que sabían que nunca serían devueltos”. No se puede decir con mayor claridad ni se puede señalar a los culpables con más exactitud.

El problema es que Wall Street no responde. Pasado un año el capitalismo financiero trata de hacer como si no hubiera pasado nada. Todo entra dentro de la normalidad y la lógica del darwinismo económico. Ya lo dijo el ex responsable de la Reserva Federal (FED) Alan Greenspan: “Unos perderán y otros ganarán”. Y así ha sido, Goldman Sachs y JP Morgan aparecen como vencedores y Lehman Brothers y otras entidades menos importantes han perdido.

El éxito del darwinismo económico, que forma parte de la filosofía esencial del ultraliberalismo, ha hecho felices a unos pocos y menos felices a otros pocos entre los privilegiados (nadie crea que los propietarios de Lehman Brothers viven de la beneficencia). Pero los daños colaterales de la irresponsabilidad y la indecencia financiera se cuentan por millones (de personas) en todo el mundo. Simultáneamente, la profecía de Marx acerca de la creciente acumulación del capital en un número decreciente de manos se muestra incontestable, con todos los peligros implícitos en tal acumulación de poder.

Si no se ha repetido (por ahora) la debacle de la Gran Depresión de 1929 ha sido gracias a la intervención salvadora, urgente y abundante, de fondos públicos, hipótesis impensable dentro de la lógica liberal pero con la que sin duda contaban los codiciosos jugadores del Monopoly de Wall Street.

Un año después, mientras las bolsas vuelven a subir y los dueños del mundo retornan a sus inquietantes usos y costumbres, ajenos a las consecuencias socioeconómicas de su falta de escrúpulos, hay una pregunta en el aire que sigue sin respuesta: ¿Qué se va a hacer para que el desastre no se repita?

Como siempre, todo el mundo está pendiente de lo que se haga en Estados Unidos, pero allí las medidas se retrasan, mientras Obama advierte enérgicamente al sector réprobo que "no volverá a los días de comportamientos temerarios y de excesos sin obstáculos que estuvieron en el corazón de esta crisis" y le pide que no espere a la nueva normativa para adoptar usos éticos.

Hace tres meses que el Gobierno de Obama envió un paquete de reformas financieras al Congreso, pero ninguna ley ha visto todavía la luz, mientras se habla sobre intensas presiones de los lobbies para que sus intereses no se vean lesionados. He ahí la política estadounidense. 

¿Llegará finalmente a alguna conclusión de eficacia práctica la cumbre que el G-20 inicia el próximo día 24 en Pittsburgh? Esperemos que así sea porque ya ha pasado tiempo más que suficiente para tomar decisiones que clarifiquen las perspectivas del futuro. El mundo entero está esperando.

Camps: 'Manzanas traigo'


El presidente de la Generalitat valenciana se ha especializado en una táctica de diversión que, de hecho, constituye una falta absoluta de respeto. Cuando se le pregunta por el 'caso Gürtel' se sale invariablemente por peteneras.

'El País' reproducía hace unos días un increíble diálogo que se produjo con ocasión de la declaración del político ante el juez Flors. Quiso el juez desentrañar el significado de una frase que 'el Bigotes' pronuncia en una conversación telefónica intervenida ("pues fíjate, fíjate si te debo...") y le preguntó:

- ¿Qué le debe a usted el señor Pérez?

- Todos los valencianos me deben mucho porque he sacado adelante la Comunidad Valenciana. Los valencianos me gritan "presidente, presidente" cuando me ven por la calle.

- No, señor Camps, lo que le pregunto es ¿qué le debe el señor Pérez?

- Todos reconocen mi empuje como presidente.

Es como aquello de "¿Dónde vas?" "Manzanas traigo". Una cosa que suena a Tip y Coll y que roza el desacato.

Camps ha decidido instalarse en el absurdo, hasta tal punto que a veces parece capaz de realizar insólitas incursiones en la locura, como cuando hoy se despachó contra el portavoz del PSOE en la Cámara valenciana en estos términos: "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". Calvo Sotelo dixit.

Que nadie se engañe. Camps no está loco. Simplemente pierde los papeles por pura arrogancia herida, con desgarro chulesco y cínico.

Camps y su mano derecha, Costa, han situado en un listón muy alto la versión más chulesca de la derecha española. Se creen tan listos, tan guapos e impunes que se consideran capaces de lograr conciliar sus malos hábitos con la exigencia de respetabilidad pública, convencidos de que están rodeados de idiotas, lo cual, en cierta medida, a la vista de los hechos, quizás no esté muy lejos de la verdad.

19 octubre, 2009

Tecnología frente al 'ojo de buen cubero'



Colorín colorado, el cuento se ha terminado. Gracias a la empresa Lynce y a la agencia EFE, que ha contratado sus servicios, la asistencia a la manifestación antiabortista del pasado sábado en Madrid ha quedado establecida en 55.000 personas. La organización había multiplicado esa cifra casi por cuarenta (dos millones de asistentes) e incluso la estimación policial más modesta había errado considerablemente al estimar el número de asistentes en 250.000.

Termina el predominio aleatorio del ‘ojo de buen cubero’ bajo el imperio y la fiabilidad de la tecnología. Lynce, para hacer su estimación, se ha basado en un sistema informático que ha analizado 300 fotografías del multitudinario acto de Madrid tomadas cuando la cabecera de la protesta había llegado al final del recorrido. El programa permite incluso dar un número a cada manifestante en las fotos. El único problema, desde el punto de vista periodístico, es que la estimación sólo pudo ser conocida al día siguiente.

Con menos tecnología, sin embargo, los chicos de ‘El Manifestómetro’, utilizando en esta ocasión a sólo dos miembros de su equipo ‘histórico’, habían estimado la asistencia entre 48.000 y 73.000, lo que demuestra que aproximarse a la verdad es más bien una cuestión de propósito en estos casos. Con menos medios pero bases de cálculo adecuadas también es posible poner en su lugar las concentraciones humanas, cuya densidad tiende sistemáticamente a exagerarse.

Es muy positivo poder contar finalmente con un instrumento de base científica, como el del Proyecto Lynce, para poder situar en su auténtica dimensión todo tipo de manifestaciones y concentraciones a las que sus organizadores pretenden dar un carácter plebiscitario.

De lo multitudinario a lo gigantesco existe una enorme diferencia; como entre lo cierto y lo falso; como entre la afirmación de que la ampliación de la ley del aborto divide a los españoles y la evidencia de que esa división no es tan grande ni alarmante como se quiere hacer creer.

Manifestarse puede servir como catarsis para ciertos colectivos y organizaciones minoritarias, pero la democracia no se ejercita en las calles ni unas decenas de miles (ni siquiera dos millones) de personas pueden pretender que su acción sea otra cosa que lo que es: la expresión de un estado de ánimo y/o de opinión.

Las encuestas, pese a su discutibilidad, son más expresivas acerca de los estados de opinión reales que los eslóganes gritados en la calle a favor de la vida (como si alguien defendiera la muerte, como Millán Astray) y en contra del Gobierno. La encuesta más reciente, promovida en mayo por el Ministerio de Igualdad, concluye que el 87% apoya la necesidad de una nueva ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo y el 80% es partidario de que la decisión quede en manos de la mujer afectada.

Desde que el PP está en la oposición venimos asistiendo a una ya larga secuela de manifestaciones, con o sin apoyatura episcopal, que no parecen ser otra cosa que un ejercicio poco edificante del ‘recurso al pataleo’, una reacción infantil e inútil. Esperemos que el sistema Lynce desaconseje esa tendencia a tomar la calle y mentir escandalosamente sobre el éxito de la convocatoria. Paciencia y a votar cuando llegue la hora.

14 octubre, 2009

¡Joder, qué tropa!


Ha sido surrealista, bochornoso, ridículo, increíble. Y lo peor es que no ha sido, sino que es, sigue siendo. Creer que con el cese ‘temporal’ de ‘Ric’ Costa se ha cerrado la crisis generada en el PP de la Comunidad Valenciana por la difusión de menos de la tercera parte del sumario del ‘caso Gürtel’ es absolutamente ilusorio. Lo que se ha evidenciado en los últimos días, más allá de otras consideraciones más puntuales, es la falta de autoridad, de liderazgo y de narices de Mariano Rajoy. Esa es una de las cosas -y no la peor- que siguen siendo en el PP.

Anoche nos acostamos, asombrados y confusos, con la idea de que Camps se la había jugado a Rajoy, al que habría asegurado que, tal como se le pedía, había cesado a Costa cuando en realidad no lo había hecho. ¿Fue realmente así? Habría que conocer el ‘timing’ pormenorizado de los hechos para asegurarlo. Otra posibilidad es que Rajoy decidiera difundir la nota que daba por hecho el cese en un intento de atar a Camps de pies y manos ante la opinión pública.

Si así fuera, el asunto sería todavía más chusco, dado que el PP de Valencia, tras acordar la intocabilidad de Costa, respondió a la nota de Madrid con otra en la que aseguraba que “en ningún caso se ha puesto en tela de juicio” la continuidad de Costa al frente del Grupo en el Parlamento valenciano. Y por si había dudas acerca de la firmeza de la no decisión sobre Costa la nota decía lamentar “el malentendido provocado por otros comunicados”. ¡Órdago!

Los teléfonos han debido echar chispas la pasada madrugada y las admoniciones, advertencias y/o amenazas han debido ser de grueso calibre porque esta mañana Camps reunía a los suyos, incluido un lloroso Costa, para cambiar atropelladamente ‘digo por ‘Diego’. Gana Madrid, pírrica victoria.

Ricardo Costa podrá ser lo que sea, pero no se le puede acusar de no hablar claro. La declaración que hizo a mediodía de ayer fue concluyente en diversos aspectos esenciales: su negativa a asumir el papel de ‘chivo expiatorio’, su precisión de que no está imputado (aún) en ninguna causa, y su aclaración clave de que los contactos del PP con la trama de Francisco Correa eran previos a que él tuviera responsabilidad alguna en el partido.

Esa es la cuestión. Madrid exige a Camps que sacrifique a Costa, quien, según todos los indicios, es menos responsable de las consecuencias de la relación ‘especial’ con la trama que el propio Camps. Un brindis al sol, tan gratuito como arbitrario. Y con un resultado paradójico: situar definitivamente al presidente de la Generalitat valenciana bajo los focos de la sospecha pública. Un despropósito, en definitiva.

Mientras tanto, la esfinge Rajoy permanece sumida en el mutismo desde hace días. Ha sido Cospedal quien ha tenido que salir a la palestra a exhibir la autoridad que tanto duda en ejercer el presidente del partido. Y, como de costumbre, ésta ha sido contundente al amenazar con un proceso disciplinario a Costa si insistía en enrocarse. Ha afirmado también que el aludido no volverá ‘nunca’ a los órganos de dirección del partido, lo que contradice el supuesto carácter temporal del cese. Pero a la hora de explicar las medidas contra Costa ha vuelto, involuntariamente, a dejar la pelota en el tejado de Camps. Lo que condena al ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana son las "compañías poco edificantes", según Cospedal.

Es Camps, sin embargo, quien en una grabación telefónica le dice al Bigotes, para general rubor, “lo nuestro es muy bonito” y “te quiero un huevo”.  Y cuando Costa quería entrar en el Gobierno valenciano se dirigió precisamente al Bigotes para que persuadiera a aquél de la conveniencia de aprobarlo. El asunto de las ‘malas compañías’ no puede estar más claro. Costa es sólo un aprendiz un poco acelerado y ansioso.

“¡Joder, qué tropa!”, dijo Rajoy en cierta ocasión refiriéndose a sus conmilitones. Razón tenía, pero no la tiene al excluirse. Quien es general y no ejerce como tal debería abstenerse de juzgar a quienes son obra o consecuencia de sus carencias o inhibiciones.

01 octubre, 2009

China y Occidente, una relación privilegiada

Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Groucho Marx


“Hoy una China socialista se mantiene firmemente en pie en el Este, cara a la modernización, al mundo y al porvenir”. Eso ha dicho el presidente Jian Zemin con ocasión del 60 aniversario de la revolución maoísta, hoy transformada en un teórico socialismo marxista compatible -para universal sorpresa- con el mercado libre.

La efigie de Mao ha presidido los actos en Tiananmen, grandilocuentes, autosatisfechos y extremadamente paranoicos en lo que concierne a las medidas de seguridad, tan gigantescas como la propia demostración cívico-militar que ha tenido como escenario la plaza en la que murieron al menos mil jóvenes durante las protestas contra la corrupción y por la democratización que se desarrollaron en 1989.

La primera potencia demográfica y segunda potencia económica del mundo ha vuelto a dar un ejemplo superlativo de su peculiaridad, pero ha invitado al pueblo a ver los actos por televisión, mientras el lugar del acto se llenaba con una mínima parte de los 70 millones de militantes del PCCh. Ying y Yang, conciliación de contrarios, pragmatismo de sonrisa y estacazo.

China seduce tanto como inquieta. Nadie sabe cómo va a terminar este singular experimento que cuantos más años pasan menos se parece a nada que pueda ser considerado como democracia. La larga marcha hacia el socialismo ‘a la china’, en cualquier caso, tampoco tiene muchas probabilidades de concluir en algo parecido al socialismo llamado 'real'.

Por el momento, China ha obtenido un amplio margen de tolerancia o, mejor dicho, de indulgencia por parte de Occidente. No es ninguna novedad, por supuesto. Desde que en fechas ya remotas el gigante chino puso fin a su relación fraterna y dependiente con la URSS cuenta con un trato especial. Hace ya 37 años que el presidente Nixon rompió el hielo con su visita y desde entonces el otrora denominado ‘peligro amarillo’ es visto como un gigante básicamente amistoso.

Occidente tiende a ignorar las vulneraciones de los derechos humanos, la inexistencia de la libertad de expresión o las amenazas y agresiones a países vecinos. China recuperó Hong Kong y Macao y acabará recuperando materialmente Taiwán cuando lo considere oportuno. Así son las cosas. Aquí, haga lo que haga China, no se contempla ningún embargo, sanción o boicot.

Cinismo por cinismo y pragmatismo por pragmatismo no cabe la menor duda de que Occidente no tiene nada que envidiar a China en la materia. Para Occidente lo esencial es que el último gigante ‘comunista’ es un magnífico mercado de 1.300 millones de personas con creciente capacidad de consumo y una mano de obra tentadoramente barata para las multinacionales.

Los principios de Groucho rigen la filosofía occidental tanto como la china. Occidente puede decretar el embargo a la mísera Cuba (de hecho Obama lo ha prorrogado por una año, pese a su ‘talante’), pero se tentará la ropa hasta hacérsela pedazos antes de matar a la gallina de los huevos de oro china, que juega con las reglas del enemigo sólo hasta donde le conviene y como lo juzga oportuno en cada momento.


28 septiembre, 2009

El iceberg 'Gürtel', en rumbo de colisión con el 'Titanic' PP


Las implicaciones del ‘caso Gürtel’ en la Comunidad Valenciana han dejado de ser una ‘nadería’ de lujosos trajes a la medida regalados ‘por simpatía’ a ciertos líderes para convertirse en un asunto de financiación ilegal del partido con trazas graves y escandalosas. Así lo revela un informe policial que el juez De la Rúa -“más que un amigo” de Camps, según expresión de éste- se negó reiteradamente a tomar en consideración como “documentación no solicitada”.

La trama de Francisco Correa en la comunidad levantina habría servido, según el referido informe, para dar apariencia legítima a las aportaciones de ciertas empresas al PP valenciano y entre los responsables de estas operaciones ilegales se encuentran el secretario general, Ricardo Costa, y el vicepresidente autonómico Vicente Rambla. Las escuchas grabadas a los principales protagonistas dan a entender que el propio presidente Camps estaba al tanto del tinglado.

La reacción del PP, tanto en la comunidad autónoma como a nivel nacional, ha sido la previsible: insistencia en denunciar la “persecución”, supuesto montaje del mefistofélico Rubalcaba… Costa ha llegado a anunciar incluso una denuncia contra los policías que han realizado la investigación, como si hubieran actuado ‘motu propio’, ilegalmente y no a instancias de un juez.

Ya cuando estalló el caso, y sin que se conocieran aún los detalles escabrosos que han ido saliendo a la luz, la reacción virulenta del PP contra Garzón, por 'enemistad manifiesta', fue indicativa de que el ‘caso Gürtel’ era visto por el partido como una grave amenaza. Ellos y sólo ellos sabían entonces lo que podía sacarse de aquella veta apenas descubierta y el daño que les podía causar. Ahora empieza a ser evidente que así era.

Quitar el sumario a Garzón y despiezarlo de modo que la rama valenciana del caso fuese a parar al TSJ de la comunidad era un objetivo prioritario y urgente. Urgente fue también el plazo que dicho tribunal se dio para tramitar y juzgar el asunto, limitado al tema de los trajes, supuesto cohecho pasivo que la sala presidida por el propio Juan Luis de la Rúa, amparándose en la escasa claridad del artículo 426 del Código Penal, decidió archivar.

Ahora es notorio que aquello no era más que la punta del iceberg. La relación entre Francisco Correa y el Partido Popular es profunda, dilatada y notoriamente irregular. El hallazgo de una caja de seguridad perteneciente a Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y mano derecha de Correa, revela que una fórmula de financiación ilegal similar a la detectada en la comunidad valenciana fue puesta en práctica en la gallega.

Pero eso no es todo. Por primera vez el asunto salpica al impertérrito Rajoy. La caja de Crespo podría tener para el PP efectos devastadores similares a los atribuidos a la de Pandora. Allí ha aparecido una carta de Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ dirigida a Rajoy en 2003 en la que aquél exige a éste, recién llegado a la secretaría general del partido, el pago de una deuda pendiente desde las elecciones municipales gallegas de 1999 y que, al parecer, ascendía a 50 millones de pesetas, la mitad de los cuales debían ser abonados en dinero negro.

¿Y qué responde Rajoy cuando se le pregunta por esa nada insignificante misiva? Que no tiene “ni remota idea”, que las cartas se las leen en el partido y que sólo tiene noticia de las exigencias de ‘el Bigotes’ desde ayer. Todo un desafío a la credulidad ciudadana, especialmente si se tiene en cuenta que su falta de respuesta a la carta de marras provocó un intento de chantaje por parte de la trama, que amenazó con difundir un video en el que Rajoy, en una conversación privada de pasillos, criticaba contundentemente a Fraga.

Por cierto, en su carta de 2003 'el Bigotes' advierte, como de pasada, que Javier Arenas y el tesorero Bárcenas estaban al tanto del asunto. ¿Qué dirá ahora el impoluto y contundente Arenas sobre esta salpicadura? Déjenme adivinarlo: que no tiene ni pajolera idea.


27 septiembre, 2009

Las medidas fiscales no contentan a nadie


Tras un prolongado cacareo, tan confuso como contradictorio, el Gobierno ha puesto finalmente el huevo de la reforma fiscal, diseñada supuestamente para combatir la crisis y reducir sus consecuencias sociales. Ha sido el parto de los montes, como era de temer, pero además ha tenido el dudoso mérito de no contentar a nadie.

Más allá del debate 'académico' sobre si hay que subir los impuestos, bajarlos, o no tocarlos, la clave de una lectura socioeconómica reside en determinar qué impuestos hay que aumentar y cuales podrían reducirse o mantenerse. La elección hecha por el Gobierno confirma que, tal como se temía, se ha optado por cargar el peso de la fiscalidad sobre las clases medias, fundamentalmente a través del consumo.

La supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF, implantada en su día con alegre y despreocupado impulso, va a perjudicar en mayor medida a los ciudadanos más modestos que al resto de la sociedad. Lo mismo puede decirse sobre el aumento del IVA generalizado en dos puntos (18%) y del reducido en uno (8%). Con el agravante de que tal incremento va a incidir de modo negativo sobre el consumo, éste sobre la producción y ésta a su vez sobre el empleo.

Como hemos afirmado en otro momento, es evidente que el coste de la crisis, contenida en todo el mundo mediante gigantescas inyecciones de dinero público que han evitado -hasta ahora- una depresión económica, la pagan y la pagarán en mayor medida las capas más humildes. Primero en forma de desempleo, que en el caso de los trabajadores de más 50 años puede ser definitivo, y luego y siempre por vía de los impuestos indirectos.

Es incuestionable que era necesario aumentar los impuestos para financiar y reducir el déficit -así lo están decidiendo la mayor parte de los países-, pero es más que discutible que ese aumento deba instrumentalizarse del modo en que intenta hacerlo el Gobierno. La contribución que, según las previsiones del Ejecutivo, aportarán las rentas del capital es comparativamente irrelevante y, en la medida en que no es selectiva, se ha perdido una extraordinaria oportunidad de penalizar específicamente a las actividades especulativas y parasitarias que han afectado negativamente a la marcha de la economía espàñola.

El sector inmobiliario condiciona, en una medida imprudente e inadecuada, el conjunto del panorama económico español y está en el centro de las causas de la profundidad de la crisis en nuestro país. La burbuja inmobiliaria venía siendo denominada así desde años antes de que la crisis estallase, lo que evidencia que no era un motivo de inquietud reciente. Su previsible estallido se produjo finalmente de la mano del escándalo de las hipotecas 'subprime' en Estados Unidos, pero habría podido tener lugar antes, de no mediar una inercia de huída hacia adelante que puede calificarse de suicida.

En su día, un representante de la patronal del sector admitió que se había construído el doble de lo necesario. ¿Qué sentido tenía tal exceso? Sería incomprensible si se olvida que la construcción ha sido tradicionalmente  escenario preferente de la especulación. Personas físicas y jurídicas no sólo se enriquecen mediante la compraventa del suelo sino que además compran pisos y edificios enteros con el único propósito de revenderlos posteriormente con un beneficio elevado. Si a eso se añade que gran parte de la inversión se hace efectiva en dinero negro y que la consecuencia de tal especulación es que la vivienda alcanza un precio exorbitante para el comprador real, el que realmente necesita el piso, no queda duda sobre lo pernicioso de este fenómeno tan característicamente español..

Intervenir fiscalmente en el sector inmobiliario y establecer controles estrechos sobre la especulación bursátil son requisitos previos para impedir que el lamentable panorama en el que estamos inmersos se repita. Es urgente que el dinero se ponga a trabajar.

Esperemos que tales cuestiones -ahora ignoradas- sean objeto de interés especial en el previsto plan de reforma para una economía sostenible. Aunque tal vez sea mucho esperar, dados los antecedentes.

17 septiembre, 2009

Preguntas sobre Afganistán

Son muchas las preguntas que se pueden formular acerca de Afganistán. La primera de ellas, desde la óptica española, sería inevitablemente ¿qué hacen nuestras tropas allí? ¿Qué se nos ha perdido en aquel territorio lejano e inhóspito desde cualquier punto de vista? Habría que decir, sarcásticamente que lo que se nos ha perdido es lo que “encontramos” con la retirada de Irak: la presunción de dignidad e independencia nacional. El aumento de la presencia militar española en aquel país fue una ‘compensación’ a Estados Unidos por aquella ‘defección’, como nadie ignora.
Otra pregunta nada gratuita es ¿qué hacen las fuerzas de la OTAN en un lugar tan apartado del Atlántico Norte, que es el marco natural del tratado militar al que España se sumó, no sin resistencias, tras un referéndum cuya campaña fue un paradigma de la manipulación?. ¿Cuándo y con qué consenso se dio la OTAN a sí misma el derecho a intervenir fuera del marco geoestratégico original? Y por ende, ¿es hoy en día este pacto militar otra cosa que la expresión del poder estadounidense y de sus intereses estratégicos, que tienen al petróleo como primera obsesión?
Pero la pregunta clave es esta: ¿Qué se ha conseguido hasta ahora mediante la intervención occidental? ¿Consolidar un sistema democrático genuino? No, como evidencian las irregularidades –de las que existen algo más que indicios candentes- en las últimas elecciones. ¿La pacificación? No en absoluto. Tras los bombardeos intensivos del principio, que aparentemente forzaron la retirada o la ocultación de los efectivos de Al Qaeda y de los talibán, todo ha vuelto al desorden original y la ofensiva contra los intrusos occidentales es cada día más virulenta. Las guerras -parece gratuito insistir en ello, pero hay que hacerlo- no se ganan en el aire, por grande que sea el daño infligido y el pavor generado. Irak lo demostró más allá de toda duda.
¿Tiene algún futuro razonablemente positivo la intervención de la OTAN en Afganistán? A corto plazo no. Y cinco años, que es el límite marcado por Alemania, al que se ha sumado España, es corto plazo. Se olvida, entre otras cosas, que Afganistán es uno de los países más pobres e iletrados del mundo, lo que no facilita ni la construcción de una democracia mínimamente funcional ni la existencia de unas fuerzas de seguridad –su formación es, según el Gobierno español, la misión que ha llevado allí las tropas- ni un ejército realmente sólidos, eficaces y fielmente volcados en el servicio del Estado.
Ahora mismo Barack Obama estaría reconsiderando el previsto aumento de las tropas de EE UU en el país. El 58 por 100 de los ciudadanos se declara contrario a esa guerra y los demócratas temen que Afganistán se convierta en una fuente de impopularidad y desafección en la política interior, lo que sumado a las consecuencias de la crisis económica, que sufren en toda su crudeza las capas sociales más modestas, podría ennegrecer súbitamente un panorama de por sí bastante oscuro. 

Y, por supuesto, en estas circunstancias sería absurdo que España aprobase el envío de nuevas tropas en el plazo ahora previsto.

Foto: Hamid Karzai: ¿Algo más que un títere?

03 septiembre, 2009

Pfizer por ejemplo

La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer, la mayor del mundo, ha sido condenada a pagar una multa record de 2.300 millones de dolares (1.617 mijllones de euros) por malas prácticas comerciales que de hecho constituyen un fraude e implican un riesgo para la salud. La sanción, pese a su extraordinaria importancia, no causará excesivo daño económico a la farmacéutica, que sólo con uno de los productos cuya funcionalidad había falseado -el antibiótico Zyrox- ha ingresado 1.000 millones de dólares.

La Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) ha investigado extensamente las actividades de la compañía durante los últimos cuatro años y premiará a los médicos y abogados que han colaborado con ella para probar las escandalosas y criminales irregularidades cometidas en relación con el antibiótico mencionado, el analgésico Bextra, el antiepiléptico Lyrica y el antipsicótico Geodon.

El caso de este último medicamento es especialmente indecente. Aprobado para tratar la esquzofrenia y el desorden bipolar en adultos, los hombres de Pfizer promocionaron su uso, además, como eficaz contra la ansiedad y la agitación, así como adecuado para los niños. La farmacéutica ha tenido en su nómina a 250 psiquiatras infantiles de todo el país para conseguir sus propósitos.

La falta de escrúpulos parece presidir la filosofía empresarial de esta industria, que, precisamente por estar relacionada con la salud pública, tendría que mantener unas prácticas irreprochables, tanto en lo científico como en lo comercial. Lejos de ello, el lucro abusivo parece todo su objetivo.

La indiferencia de Pfizer ante los planteamientos deontológicos más elementales ya se había puesto de manifiesto hasta un punto estremecedor en Nigeria, donde, aprovechando una epidemia de meningitis, ensayó un medicamento en doscientos niños enfermos, sin permiso del Gobierno ni previa consulta con los padres. El balance de esa iniciativa fue de once muertos y numerosos niños afectados de discapacidades de por vida. Se ve que el doctor nazi Josef Mengele creó escuela.

Personalmente, todo lo dicho me parece más que suficiente motivo para rechazar los productos de Pfizer, cuyo logo vemos con frecuencia en TV. Pero también debe motivar una vigilancia especial respecto a otras poderosas empresas farmacéuticas que, aunque no lleguen a los extremos de la estadounidense, no rechazan asumir cierto grado de irresponsabilidad en el afán de competir con eficacia.

Ahora mismo existe un inquietante profármaco (*), el Oseltamivir, comercializado por Roche y Procaps respectivamente bajo los nombres Tamiflu y Tamivir, extensamente publicitado con ocasión de la gripe aviar en Asia y mucho más ahora, ante la gripe A. En España se ha prohibido su venta pública, que se disparó ante la histeria creada por la gripe A, decisión más que justificada si se tienen en cuenta los efectos adversos (ver aquí) de su administración documentados hasta la fecha.

Bienvenida sea la denuncia de la Organización Médica Colegial (OMC) -tardía pero eficaz- sobre el exceso de alarmismo creado en torno a la nueva gripe. Los médicos pueden y deberían ser el instrumento que ponga coto a los excesos de las farmacéuticas, pero no son pocos los que se dejan seducir por las presiones y estímulos de estas singulares industrias, más pendientes de engordar la cuenta de resultados que de garantizar la salud pública.

(*) Los profármacos, al contrario que los fármacos, no se dirigen directamente al mal, sino que se activan en el organismo mediante un proceso metabólico en el que el producto original se regenera.

02 septiembre, 2009

Francia se plantea suprimir el juez de instrucción y el secreto sumarial

En Francia el curso político se ha iniciado con una cuestión jurídica nada baladí: la entrega al presidente Sarkozy del informe sobre la desaparición de la figura del juez de instrucción que éste había solicitado al veterano jurista Philippe Léger (en la foto), quien, a su vez, creó un comité ‘ad hoc’ para su estudio. Las conclusiones esenciales del Informe Léger, que ha motivado una moderada polémica en el país vecino, seguramente no contarán con ninguna simpatía en el PP español, partido hermano (pero no gemelo) de la UMP gala.

El caso es que el informe no sólo patrocina la desaparición de la figura tradicional del juez de instrucción, sustituido por la Fiscalía, sino también la eliminación del hasta ahora sacrosanto -aunque sistemáticamente violado- secreto del sumario. Tal concepto es relevado por el secreto profesional, que obliga a todos los implicados en la investigación (incluidos los funcionarios de toda categoría), pero no a los abogados ni a los periodistas.

El informe describe el mencionado secreto del sumario, considerado en el pasado un pilar imprescindible para garantizar el respeto a la presunción de inocencia, como algo “ficticio, teniendo en cuenta los atentados que sufre regularmente, sin que los autores sean identificados o sancionados”. Esta constatación, válida tanto en Francia como en España y en prácticamente todo el mundo, no supone -copntra lo que pueda parecer- una claudicación ante lo inevitable.

Lejos de eso, lo que Sarkozy formuló en enero ante el Tribunal Supremo fue la puesta al día de un principio que no funciona y que pretende obstruir o colisiona habitualmente con un derecho de importancia primordial en las sociedades contemporáneas: el que los periodistas y los ciudadanos tienen a la libertad de información. Así, mientras la violación del secreto profesional –según denuncian algunos- tendrá la misma condena que la violación del secreto del sumario actualmente vigente (un año de prisión y 15.000 euros de multa), los periodistas quedarán libres de una hipotética acusación de encubrimiento de violación del secreto de la investigación, lo que implica el reconocimiento implícito del siempre contestado derecho al secreto profesional de los profesinales de la información.

Es prematuro asegurar nada concluyente sobre las consecuencias prácticas que pueda tener el Informe Léger, que no es, ni mucho menos, un proyecto de Ley sino un material sobre el que reflexionar. Como señala Jean-Paul Garraud, diputado de la propia UMP, “es inconcebible querer suprimir el juez de instrucción sin replantearse el estatuto de la fiscalía”. Esa es una cuestión clave que deberá dilucidarse con urgencia si se va adelante con el propósito de Sarkozy. El papel que pasarán a desempeñar los fiscales requiere que se garantice en el mayor grado posible su independencia respecto al Gobierno. Lo contrario supondría “una grave regresión democrática”, como denuncia la Unión Sindical de Magistrados.

En cualquier caso el planteamiento básico del Informe Léger supone un avance muy importante, en la medida en que potenciaría la libertad de información y dinamizaría el funcionamiento de la Justicia, al facilitar que los jueces, cuya lentitud es justificadamente criticada, sólo se dedicarían a juzgar.

21 agosto, 2009

Evocación de Aznar, a instancias del PP (y III)

El ‘Caso Sogecable’ es seguramente uno de los mayores escándalos judiciales de la democracia española y el ex juez Javier Gómez de Liaño, que lo dirigió, aparece a través de él como un prevaricador contumaz más allá de toda lógica y prudencia. Construido básicamente sobre la nada, el proceso mantiene en vilo durante meses al más influyente grupo mediático, Prisa, cuyo presidente, Jesús de Polanco, hubo de depositar una fianza de 200 millones de pesetas para eludir la prisión. Tanto él como el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, tienen que pedir permiso al juez para viajar al extranjero, permiso que éste deniega al menos una vez.

Para entrar directamente en el meollo de este enredo judicial, que en lo inefable oscila entre lo chusco y lo surrealista, nada mejor que evocar las declaraciones hechas por la periodista Pilar Urbano a un revista en 2000 con ocasión de la publicación de su libro “Garzón, el hombre que veía amanecer”, que removió los cimientos de la Audiencia Nacional:

“El Gobierno quería tener su dominio en las teles digitales y se desata una guerra feroz mediática. Pero no contra Polanco, sino contra las plataformas digitales. Ahí confluyen una serie de personas -magistrados como Joaquín Navarro, abogados como Antonio García Trevijano, periodistas de alto nivel como Campmany, Anson, Pedro J. Ramírez; el Gobierno, con Álvarez Cascos y Miguel Angel Rodríguez...- que diseñan una estrategia y que utilizan a un juez. Para mí el más inocente -llamado "tonto útil" por el propio Trevijano- es Gómez de Liaño. La fiscal que utiliza al juez es María Dolores Márquez de Prado, la muñidora de todo, la "manzanita de Eva"... Se han servido del poder judicial. Eso lo ve Garzón y, por eso, se aparta”.

Lo que dice Urbano suena a ficción, pero, como se dice con razón, la realidad supera a ésta con frecuencia. La periodista, que invirtió dos años en la elaboración del libro sobre Garzón, asegura que el grueso de su trabajo consistió en contrastar la veracidad de las afirmaciones del juez. Muchas de las declaraciones de éste se quedaron en el tintero precisamente porque ella no pudo confirmar su veracidad en otras fuentes. El resto es la verdad, que la combativa periodista –no precisamente de izquierda- asegura suscribir de principio a fin.

"Vamos a hacer la revolución judicial para acabar con el sistema político corrupto y con el felipismo". Esa es la declaración que se atribuye a María dolores Márquez de Prado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional y esposa del juez Gómez de Liaño a raíz de que su marido admitiese la denuncia presentada por el director de la revista Época, Jaime Campmany, contra Sogecable. Llama la atención la grandilocuente declaración de la fiscal, que se produce precisamente cuando el PP ha alcanzado finalmente La Moncloa, pero no hay contradicción, sino coherencia.

Aznar está convencido en esas fechas de que el Grupo Prisa es el responsable de su derrota en 1993 y de su corta victoria en 1996. Es urgente para el PP poner coto a la expansión de ‘Jesús del gran poder’ (así llamaban a Polanco), construido en lo audiovisual merced a los favores del PSOE, si se pretende conservar y ampliar el poder. La guerra de las plataformas digitales que el Gobierno acabará perdiendo fue muy expresiva acerca de esa beligerancia, que se escenifica precisamente en las fechas del ‘Caso Sogecable’ con el nacimiento de Vía Digital, generada por la Telefónica de Juan Villalonga, amigo de Aznar, y que acabará fusionándose con Canal Satélite Digital para formar Digital+, con ese signo “+” que tanto molestaba al PP.

Como nadie ignora, el Partido Popular alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones generales del 2000, pese a que Prisa mantenía intacto su poder. El PSOE, por otra parte, ganó las elecciones de 2004 no porque lo apoyase el grupo de Polanco, de hecho bastante reticente con Zapatero, sino por el error estratégico del PP al elegir la mentira ante el ataque terrorista del 11-M. Los políticos están obsesionados con los medios y cabe preguntarse hasta que punto tal obsesión no está, en parte, inducida interesadamente por los grupos mediáticos en su lucha por la hegemonía multimediática. Desde el punto de vista de los ciudadanos, ni la política ni la información salen beneficiadas de esa lucha.

Este verano el PP ha dado una vuelta de tuerca a la confrontación política al acusar al Gobierno de utilizar a instituciones del Estado en su “cacería”, espiando ilegalmente a líderes del partido no implicados en procesos judiciales. Una acusación de carácter tan extremadamente grave crea inquietud de modo irresponsable en tanto no se plasme en una denuncia formal ante la Justicia. Atribuir al Ejecutivo la instrumentación de jueces, fiscales, policías y servicios de inteligencia no debería ser gratuito.

En cualquier caso, confío en que esta pequeña serie que hoy concluye haya sido instructiva –pese a estar muy lejos de ser exhaustiva- acerca de quién y con qué propósitos sí ha instrumentado a la Fiscalía y a algunos jueces al servicio de intereses descaradamente partidistas. Eso es historia, memoria perennizada en las hemerotecas, cosa juzgada. La nueva conspiranoia del 'espionaje' y el 'atentado al Estado de Derecho', sin embargo, es un puro ‘bluff’, fuegos de artificio, maniobras de diversión para desviar la atención de la corrupción en el PP.

Al menos, mientras no se demuestre lo contrario.


Foto: Gómez de Liaño, junto a su esposa, María Dolores Márquez.

20 agosto, 2009

Evocación de Aznar, a instancias del PP (II)

Cuando en mayo de 1997 el Gobierno de Aznar decide nombrar Fiscal General del Estado a Jesús Cardenal cuantos estaban en antecedentes de quién era éste, incluídos todos los integrantes de la carrera fiscal, se quedan boquiabiertos. ¿Cardenal?

La sorpresa y la incredulidad estaban plenamente justificadas. El nuevo jefe máximo del ministerio público, supernumerario del Opus Dei, no había hecho nada por pasar desapercibido al frente de la Fiscalía del TSJ del País Vasco. En la memoria de este órgano correspondiente a 1994 había despotricado contra el aborto, la homosexualidad, el divorcio y los anticonceptivos, llamando la atención del CGPJ, que consideró sus opiniones "no acordes a la Constitución". Toda una carta de presentación.

Apenas siete meses después de su toma de posesión estalló el escándalo. El 22 de enero de 1998 la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales hicieron pública una nota conjunta de protesta, asegurando que Cardenal les había comunicado que "en lo sucesivo" se abstuvieran de criticar al Gobierno. Hasta ahí llegaba la promesa del PP en su programa electoral de 1996 en el sentido de promover la independencia del Ministerio Fiscal.

No tarda en ponerse en evidencia que Cardenal está firmemente decidido a ejecutar, de inmediato, una agenda oculta en la Audiencia Nacional al servicio de los intereses del Gobierno 'popular', inquieto éste por el 'progresismo' teóricamente predominante en esa institución y por la amplia capacidad de maniobra de uno de sus jueces: Baltasar Garzón. Para ello promueve al puesto de fiscal-jefe a Eduardo Fungairiño, ultraconservador y conflictivo, sobre el que había recaído una falta muy grave recientemente y al que puede achacarse la destitución de su predecesor, José Aranda, por "falta de autoridad". El nombramiento se realiza con la oposición del Consejo Fiscal y de nuevo las dos asociaciones de fiscales dejan oir su protesta. Inútilmente.

Tampoco Fungairiño tarda en hacer de las suyas al argumentar, en relación con la investigación judicial en España de los desaparecidos en las dictaduras de Chile y Argentina, que los golpes militares en ambos países fueron la única forma de mantener el orden. Ante las inmediatas y lógicas protestas, Cardenal defiende a su hombre aventurando que "no se ha interpretado bien" su documento. Más tarde admitiría que Fungairiño había utilizado una frase "desafortunada". Eso era todo. Fuingairiño era de su confianza y él de la confianza del Gobierno. Increiblemente una afirmación que legitimaba retrospectivamente el intento golpista del 23-F pasaba impune el 'control democrático' del Fiscal General del Estado y del propio Gobierno.

Otro tanto ocurrirá cuando su mano derecha en la Audiencia Nacional informa contra la petición de extradición de Augusto Pinochet, detenido en Londres a instancias de Garzón. Para Cardenal tal actuación es conforme a Derecho, pues en su opinión los delitos del ex dictador chileno, aunque "gravísimos", no son constitutivos de genocidio, según el Convenio de Viena de 1948.

El Fiscal General del Estado, atento siempre a actuar en beneficio del Gobierno, alcanzó durante su dilatado mandato el inédito y dudoso mérito de tener habitualmente en contra al Consejo Fiscal. Uno de los más fuertes varapalos de este órgano lo recibió cuando relevó al fiscal Bartolomé Vargas, partidario de procesar al entonces ministro de Industria, Josep Piqué, en relación con el 'caso Ercros'. Un año más tarde, en un claro intento de frenar el progreso del 'caso Formentera', ordena a la Fiscalía de Baleares, partidaria de procesar ya al entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que estudie el caso más y mejor.

¿Y que dice apenas una década después Cospedal, que acusa sin pruebas al Gobierno de haber ordenado al Fiscal General recurrir el archivo del 'caso Camps'? Pues esto: "El PP, como primer partido de la oposición y partido de gobierno -que lo ha sido y lo va a volver a ser-, tiene como objetivo trasladar su alternativa y, dentro de la misma, también está una concepción del Estado de Derecho en el que el Gobierno respete a las instituciones, donde siempre quede a salvo el principio de independencia judicial y donde la Fiscalía funcione en beneficio de todos los ciudadanos".

Tiene bemoles la cosa.

Continuará.

Foto: Ernesto Cardenal.

19 agosto, 2009

Evocación de Aznar, a instancias del PP (I)

"En los ocho años que gobernó el PP, nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas". Lo dijo Cospedal en su esperada reaparición política, a su regreso de tomar el sol -tal vez demasiado- en Marbella, donde realizó las gravísimas denuncias (ante los medios, no ante los jueces) que luego ha suscrito todo el partido como un solo hombre. Dijo eso y también que no tenía nada que añadir a lo ya dicho, que lo ratificaba. Faltaría más.

Horas más tarde, Rajoy, que parece ir siempre un paso por detrás, acudió una vez más a un argumento de Esperanza Aguirre, que, a propósito del espionaje en el PP de Madrid a cargo de su Consejería de Interior, había evocado la dimisión de Narcís Serra en 1995 por presunto espionaje ilegal. "Que nadie se rasgue las vestiduras", dijo Rajoy, ante las denuncias (verbales, insistamos) del PP. O, lo que es lo mismo, el PSOE espía siempre, hombre. Los ciudadanos -como diría Ana Mato- lo saben.

"El señor Aznar, desde luego, no tuvo que dar explicaciones por acontecimientos como estos", añadió Rajoy en un brindis gratuito a quien lo puso donde sigue. Habría que precisar que Aznar, especialmente desde que logró la mayoría absoluta, no dio explicaciones de nada a nadie, lo cual, en un caso como el del envío de tropas españolas a la guerra de Irak sin la aprobación del Congreso supera con creces cualquier "intento de corrupción de las instituciones democráticas", por demás inexistente. Aquella sí que fue una actitud dictatorial, una muestra insuperable de desprecio hacia las instituciones democráticas.

En su desvelado empeño por erigirse en uno de los tres caudillos de Occidente frente al "eje del mal" islámico, ignorando, como Bush y Blair a la ONU, dijo creer firmemente que Irak disponía de armas de destrucción masiva, del mismo modo que antes y después del ataque del 11-M insistió en atribuírselo a ETA. Antes, por conveniencia electoral; después para deteriorar cuanto fuese posible al Gobierno del PSOE. Las malévolas insinuaciones que deslizó en su lamentable comparecencia ante la Comisión de Investigación sirvieron a toda una variada cohorte de sicarios para intoxicar a la opinión pública y sostener la enloquecida hipótesis de que el PP perdió el poder a causa de "un golpe de Estado".

Bajo su Gobierno fueron enviados policías españoles para participar en interrogatorios ilegales en la ilegal cárcel de Guantánamo, sin que sea descartable que participasen, al menos como testigos, en las torturas que les eran infligidas a los prisioneros en el limbo alegal que es la base estaounidense en territorio cubano.

Cuando se habla de democracia en relación con las legislaturas del PP hay que hacerlo muy bajito y con mucha prudencia porque a quien lo hace le puede ocurrir lo que al bobo que escupe hacia arriba.

Mañana hablaremos sobre la Justicia en la época del PP, otro ejemplo de buen hacer democrático. ¿Han olvidado ya a Jesús Cardenal? ¿Y a Fungairiño? ¿Y a Gómez de Liaño?...

Continuará.


17 agosto, 2009

Ana Mato decide lo que los ciudadanos saben

Es un goteo sistemático, cotidiano, monótono, aburrido. Desde el día en que Cospedal se pasó siete pueblos no cejan. Los diversos líderes del PP se dan la vez para hablar de la persecución que sufren -en su imaginación- por parte del Gobierno, que utiliza -según ellos- las instituciones del Estado en esa despiadada "cacería".

Todos son Cospedal, como si Cospedal fuera Espartaco. Una vez que lograron sacar a Rajoy de su sesteo estival para apoyar a la secretaria general y mostrarse evasivo -cómo no- sobre la presentación formal, ante los jueces, de una denuncia por las supuestas escuchas ilegales realizadas a miembros del partido no implicados en la trama "Gürtel", todos recitan el mismo discurso.

Bueno, todos no. Hay que admitir que Ana Mato, la vicesecretaria de Organización, que debe estar de guardia veraniega, se ha mostrado más creativa que nadie, si exceptuamos a la propia Cospedal. Puesta a insistir en la denuncia de la "dictadura" que sufren, Mato ya describió a Zapatero hace unos días como "la persona más dictatorial del mundo". Tampoco es tan sorprendente teniendo en cuenta que algún otro "creativo" había equiparado la España de Zapatero con la Venezuela de Chávez.

Hoy, para su segunda intervención sobre el tema, Mato ha considerado conveniente aportar algún dato suplementario y es así como ha 'descubierto' que "los ciudadanos saben que se han producido escuchas ilegales". Con la misma lógica con la que denuncian sin pruebas aseguran lo que los españoles "saben". Una evidencia más -por si fuera precisa- del respeto que siempre ha manifestado el PP por la ciudadanía.

Decía Goebbels, cerebro propagandístico del nazismo, que "si no puedes negar las malas noticias inventa otras que les distraigan". En eso están los líderes del PP, en superponer a las malas noticias del caso Gürtel o del caso Espada la noticia inventada de las escuchas ilegales a las que les someten las instituciones del Estado por orden del pérfido Gobierno, a cuyo frente se halla "la persona más dictatorial del mundo". Y se quedan tan frescos.

El caso es que hoy, once días después de las gravísimas denuncias verbales de Cospedal, Ana Mato ha tenido que admitir que no podía presentar pruebas ni dar nombres en relación con las escuchas ilegales. Eso es lo que realmente saben los ciudadanos. Lo que pasa: once días desde que Cospedal formuló las más graves acusaciones en esta democracia sin aportar pruebas ante la Justicia. Seguiremos contando.

12 agosto, 2009

La crisis no es sólo económica (y IV)

El neoliberalismo darwinista impera sin apenas oposición en lo económico, pero no tanto -por ahora- en lo político. Incluso en ciertas opciones de derecha (de centro-derecha especialmente) disgusta e inquieta la prepotencia del poder económico y la conciencia de impunidad que prevalece en su filosofía.

La actual crisis ha puesto de manifiesto con mayor nitidez que nunca la absoluta indiferencia del capital financiero respecto a las consecuencias sociales y políticas de sus actos. Egoísmo, irresponsabilidad e insolidaridad son las palabras que mejor definen la postura de los poderosos de las finanzas antes y durante la crisis. El hecho de que planeen pagar enormes emolumentos a sus ejecutivos, pese a la reducción de los beneficios y a la restricción del crédito que han puesto en práctica, evidencia de modo incuestionable su falta de escrúpulos.

Los gobiernos, conscientes de que es el gran capital quien tiene la clave de la reactivación económica, se declaran tácitamente impotentes para someterlo a control y mucho más para plantear que su actividad tenga una dimensión más social. Todo lo que creen poder hacer es intentar, con escaso éxito hasta la fecha, estimular o desestimular determinadas actividades. Y por supuesto, tender una red de seguridad, tejida de inyecciones de dinero y regalías fiscales, bajo los funambulistas más aventureros.

Esta crisis está siendo para los poderosos la prueba de carga de la estructura sociopolítica vigente. Y están satisfechísimos porque, frente a los augurios caóticos, resiste. Los estados cooperan, aún contraviniendo los principios ultraliberales del darwinismo social que sostienen como sagrados los beneficiarios de dicha cooperación. Los sindicatos, sabedores de su disminuida representatividad, dan una muestra definitiva de su ineficacia, moderando hasta lo ridículo su discurso y centrando sus demandas en la obvia defensa del empleo, a sabiendas de que sólo pueden esperar el apoyo del Gobierno, no en absoluto el de la patronal.

En el terreno de la izquierda política, si exceptuamos a los partidos de raíz marxista, muy minoritarios, el discurso político ante la crisis es prácticamente inexistente. En la otrora poderosa socialdemocracia no sólo no surgen críticas de fondo ante la catástrofe económica generada por la codicia criminal, sino que ni siquiera hay análisis dignos de mención si exceptuamos el realizado por el casi octogenario Michel Rocard en un artículo publicado por ‘Le Monde’ a raíz de las elecciones europeas.

Rocard, ex primer ministro bajo Mitterrand y ex secretario general del PSF, realiza un lúcido repaso a los orígenes y el desarrollo de la crisis económica para centrarse finalmente en una variable político-económica raramente mencionada y que marca profundamente las últimas décadas: la connivencia de las clases medias con la economía especulativa. Ese cambio, que se plasma en el hecho de que extensos grupos sociales confíen más en la inversión gananciosa en los mercados bursátiles que en los rendimientos de su propio trabajo, es crucial desde el punto de vista de Rocard. El enorme potencial humano de equilibrio y progreso que han constituido tradicionalmente las clases medias se ha hecho conservador y ultraliberal, lo que dificulta radicalmente el apoyo a cualquier fórmula que intente atajar la crisis en profundidad.

“La socialdemocracia –escribe Rocard- explica desde hace medio siglo que los mercados no son autorregulables, que es preciso regular economía y finanza y luchar fiscalmente contra las desigualdades. Los hechos, y esta crisis, le dan la razón trágicamente. Y sin embargo acaba de perder en todas partes las elecciones, masivamente. Votando conservador, por las fuerzas que nos han conducido a la crisis, los electores han mostrado su adhesión al modelo del capitalismo financiero. El resultado apenas permite esperar un tratamiento político serio de la actual anemia económica. ¿Cuántas crisis serán precisas para convencer a los pueblos? En cualquier caso, el mecanismo de su repetición parece desencadenado”.

Se puede decir más alto, pero no más claro. Resulta difícil creer que los partidos socialistas europeos querrían o podrían poner en marcha políticas de control y regulación económica si tuvieran el poder. Y ello no sólo por falta de voluntad, sino porque, más allá y más acá de la defección de las clases medias, la gran variable histórica viene dada por la globalización, que impide u obstruye la aplicación de ‘soluciones nacionales’, condenando sobre todas las cosas dos: el proteccionismo y el intervencionismo.

He ahí, esquemáticamente, la tragedia. Los ciudadanos de todo el mundo estamos a merced de un sistema que actúa, a nivel global, con total libertad e impunidad; que se inhibe de las consecuencias sociales y políticas de sus actividades –frecuentemente delincuenciales-; que sólo cree en el máximo beneficio y en la ley del más fuerte y que sólo rinde cuentas ante la junta de accionistas.

Nunca ha existido nada tan parecido a un Gobierno Mundial en la sombra y nunca la civilización judeocristiana se ha mostrado tan estéril en la generación de respuestas o alternativas. Estamos bajo el imperio del ‘darwinismo’ social, económico y político y el mundo se parece cada vez más a la pesadilla que H. G. Wells describe en ‘La máquina del tiempo’: ingenuos Eloi viven una existencia pacífica y aparentemente feliz ignorando el acecho nocturno de los siniestros Morlock hasta que cae la noche.

La antiutopía ya está aquí.
Foto: Michel Rocard.

10 agosto, 2009

Cuatros días sin denuncia formal de Cospedal... y contando

Estamos en el cuarto día desde que Dolores de Cospedal formuló las gravísimas acusaciones sobre escuchas ilegales a sus dirigentes en las que implicaba al poder judicial, a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado e incluso al CNI. Cuatro días han transcurrido sin que ningún juzgado de España haya recibido denuncia formal alguna sobre esa gigantesca 'conspiración antidemocrática' por parte de la secretaria general del PP o de cualquier otro miembro del partido.

El sábado pasado el secretario de Comunicación, Esteban González Pons, salió también a la palestra para asegurar que se presentarán las pruebas y para advertir que se está estudiando llevar el asunto al Parlamento Europeo. Y tendrán que aportar dichas pruebas antes de proponer en Bruselas el debate de su moción si no quieren que se les responda que sean serios y se dejen de niñerías. Aunque el PPE sea mayoritario no es fácil imaginar a Sarkozy y a Merkel dando luz verde a un debate sobre una cuestión basada en meras sospechas y planteada por un partido que no ha encontrado modo mejor de contrarrestar los ecos de la proliferación de casos de corrupción en su seno que generar irresponsables infundios.

Mientras Rajoy, de vacaciones, mantiene un silencio que retrata su pusilanimidad de cuerpo entero, Javier Arenas se decidió ayer a echar un capote a Cospedal al asegurar que todo el partido piensa o cree que el Gobierno está utilizando los medios del Estado contra ellos. Pensar o creer son conceptos sin peso jurídico alguno, como todo el mundo sabe. Ningún tribunal va a aceptar abrir un caso por meras sospechas o convicciones sin pruebas.

Mientras tanto la Justicia sigue dando los pasos precisos para dilucidar las profundas raices que el 'caso Gürtel' hunde en el interior del Partido Popular. Ayer el TSJ de Madrid solicitó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los contratos relativos a las empresas de Correa durante la época en que Rita Barberá presidió la institución y Álvaro de la Cruz (que figura entre los perceptores de dinero de Correa) era el número dos. Al parecer los contratos no aparecen (¿por qué?) pero sí constan las facturas.

Quda mucha tela por cortar, por lo que parece. Seguiremos contando. Los días y las cosas.

07 agosto, 2009

Sonia Sotomayor: "Yes, I can"

Sonia Sotomayor, puertorriqueña de 55 años, es la tercera mujer y la primera hispana elegida juez en la historia del Tribunal Supremo de EE UU. Culmina de este modo una brillantísima carrera profesional regida por la voluntad, la responsabilidad y el trabajo y una biografía en la que el cumplimiento de 'lo imposible' ha sido la norma. Nacida en el Bronx neoyorquino y huérfana de padre desde los nueve años, nada permitía presagiar el extraordinario futuro que le esperaba.

Celina, su madre, a la que Sonia considera su "inspiración de vida", es, en gran medida, coautora del éxito, al poner especial énfasis en la necesidad de la educación y en la conveniencia de la integración, sumergiendo a sus hijos en la lengua inglesa y asumiendo así que, tras la muerte de su marido, no había camino de regreso a Puerto Rico.

Pese a todo, cuando Sonia ingresa en la universidad de Princeton en 1973 su inglés era bastante deficiente en relación con el nivel medio. Un año después ese handicap está superado merced al esfuerzo y al estudio. Tras un semestre de negativa a tomar la palabra en clase, Sotomayor reclamará y conseguirá la realización de un seminario sobre la historia política de Puerto Rico. Cuando termina en Princeton lo hace con un diploma 'summa cum laude', lo que le abre las puertas de la Facultad de Derecho de Yale, vivero clásico, junto con Harvard, de la clase dirigente estadounidense.

Nada es gratuito ni casual en la biografía de Sonia Sotomayor. Todo es obra del trabajo y de la capacidad. Sin duda por ello Obama decidió proponerla para cubrir la vacante en el Tribunal Supremo. Aun consciente de las dificultades que había de superar para su aprobación, sabía que Sotomayor está a la altura del cargo y confiaba en que superase todas las reticencias y objeciones, que no han sido pocas.

Para la administración demócrata, cuyo desembarco en la Casa Blanca se ha producido en coincidencia con una crisis económica de extraordinarias proporciones que dificulta el cumplimiento de buena parte de su programa, es absolutamente prioritario hacer visible la realidad de su divisa, aquel 'yes, we can' generador de tantas esperanzas entre los más desfavorecidos.

'Yes, Sonia can'. La historia de la nueva juez del Tribunal Supremo desmiente parcialmente las razones de la desesperanza y apuntala provisionalmente la credibilidad del país como 'Tierra de oportunidades'. Es, además, una compensación debida, aunque insuficiente, a la comunidad hispana, la de mayor y más rápido crecimiento de EE UU y, sin embargo, política y socialmente infrarrepresentada.

06 agosto, 2009

Cospedal resucita la 'conspiranoia'

Cospedal está como una moto. Tanto que, no contenta con arremeter contra la Fiscalía por perseguir al PP -por orden del Gobierno, claro- en lugar de a ETA, hoy ha estrellado su vehículo-bomba contra la Judicatura y contra el CNI, que, junto con la Policía serían responsables de que miembros de su partido ajenos a los sumarios abiertos estén siendo sometidos a escuchas ilegales. ¿Quién dijo tila?

Lo dicho por la secretaria general del PP es gravísimo sin posibles paliativos. Asegurar que instituciones y servicios del Estado están actuando de modo ilegal no tiene precedentes en esta democracia. Y no cabe duda de que Cospedal ha querido afirmar exactamente lo que ha dicho. Más allá de la simple denuncia, se ha permitido realizar un diagnóstico de la situación que parece fruto de un estado altamente febril y alucinatorio.

Según su peculiar visión, que cabe suponer que comparte el partido al que representa, "en España se vive un Estado policial como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía". Los socialistas, según esta pesadilla de 'flash back' franquista "intentan corromper a las instituciones de la democracia".

Desde las instancias aludidas se le han propuesto a Cospedal dos caminos posibles tras su 'desahogo': retractarse o presentar una denuncia formal, con todas sus consecuencias. Eso sería lo lógico, pero conociendo el percal no es precisamente lo más probable. Y ante eso cabe preguntarse, ¿cubre la inmunidad parlamentaria la expresión de afirmaciones tan gratuitas que cuestionan irresponsablemente la realidad del Estado de Derecho?

Me gustaría equivocarme, pero la reiteración y ampliación de las acusaciones por parte de la secretaria general del PP parece indicar que el partido de la oposición está de vuelta en la estrategia 'conspiranoica' que caracterizó a la legislatura anterior.

Entonces insistieron hasta la náusea en justificar a posteriori la atribución a ETA de los atentados del 11-M en vísperas de elecciones y no tuvieron escrúpulo alguno en convertir en preguntas parlamentarias los titulares que les servían algunos medios afines por muy inverosímiles que fuesen. Ahora formulan gravísimas acusaciones que no tienen ni medios ni voluntad de demostrar.

Nadie ignora que la Policía sólo puede realizar escuchas si previamente lo autoriza un juez. Dichas escuchas son necesariamente secretas, pero absolutamente legales. Si dirigentes del PP ajenos a los sumarios (¿habría que añadir "por ahora"?) están siendo espiados ilegalmente caben otras muchas posibilidades, entre ellas las que podrían protagonizar miembros del propio partido. Precedentes no faltan.

05 agosto, 2009

Ruido, mucho ruido en el PP

La vicepresidenta De la Vega actuó ayer con la habilidad y discreción propias de un elefante en una cristalería al anunciar el recurso de la Fiscalía contra el fallo que exonera a Camps del delito de cochecho. Sería el 'jet lag', sería una interpretación errónea de la diferencia horaria entre Costa Rica y España, sería una excesiva e inoportuna vocación de protagonismo... Fuera lo que fuera De la Vega ha servido munición gratuita al PP para que dispare a placer contra el Gobierno y la Fiscalía. Qué más quiere el ciego que ver.

El recurso de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE de la Comunidad Valenciana era algo que se anunciaba ya en la misma noticia que dio cuenta del fallo exculpatorio. No hay sorpresa en absoluto ni injerencia impropia del Gobierno. Sí sorprende, sin embargo, que la vicepresidenta se adelante unas horas a la propia Fiscalía en el anuncio de la decisión, lo que facilita al PP hacer una lectura en términos tales como que "el Gobierno ha ordenado a la Fiscalía realizar una cacería contra el PP". Todo es bueno para el convento.

Volviendo a los paquidermos, si De la Vega desencadenó un estropicio de cristales rotos, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, desató toda una estampida de elefantes. Afirmar que el Gobierno utiliza a la Fiscalía para perseguir al PP en lugar de perseguir a ETA es una desmesura inefable. ¿Sugiere acaso que el Ejecutivo no acosa a ETA tanto como debería? ¿No habíamos quedado en que, en lo que respecta a la lucha antiterrorista, Gobierno y oposición mantienen una unión sin fisuras?

La alegría y satisfacción que el PP escenificó tras anunciarse el fallo exculpatorio para Camps tuvieron mucho de teatro. El sobreseimiento es una victoria pírrica y provisional, no sólo por la singularidad de su argumentación, con el voto en contra de uno de los tres jueces (ver post anterior), sino porque da implícitamente por sentado que Camps, contra lo que afirmó insistentemente, no compró con su dinero los trajes de marras. El PP es consciente de que la resolución favorable es pan para hoy y hambre para mañana, de que la tila va a seguir acompañando sus días durante meses y de que no hay mejor defensa que un buen ataque.

Ya no se trata tanto de defender la supuesta inocencia de Camps como de denunciar la 'persecución' sistemática del Gobierno, erigido según su argumentario en la Santa Inquisición; de pedir comparecencias a troche y moche; de exigir la depuración de responsabilidades en las filtraciones policiales a los medios; de denunciar una 'campaña de acoso' por parte de los medios de Prisa... Se trata en fin de hacer ruido, como siempre, en un intento estéril de hacer ignorar las vergonzosas realidades que les afectan y que son, en realidad, lo único que realmente les persigue.

Nada nuevo. ¿Recuerdan cuando el Gobierno regalaba Navarra a ETA? Pues eso, desmesura dramática. Ruido, mucho ruido. Engañifas para uso y consumo de su clientela incondicional.

Denuncia contra el juez De la Rúa

P. S. a las 19, 45: El abogado José Luis Mazón ha presentado una denuncia ante el CGPJ contra el presidente del TSJ de la Comunidad Valenciana y "más que amigo" de Camps, Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la decisión que exoneró a éste de la acusación de cohecho, contra lo que aconsejarían la ética y la buena práctica judicial.

Mazón alcanzó en 2004 cierta notoriedad al lograr que el Tribunal Supremo condenase a 11 magistrados del Constitucional a indemnizarle con 5.500 euros por haber archivado, sin estudiarlo, un recurso de amparo presentado por el letrado.

Ahora el abogado recuerda en su denuncia que, antes de que estallase el caso de los trajes, Camps había declarado que De la Rúa era "más que amigo", lo que en ningún momento fue desmentido ni matizado por el magistrado. Tal relación, presumiblemente estrecha y cálida, habría exigido que el juez se inhibiese del caso, en el que, como presidente del TSJCV, tampoco debía participar.

Su intervención es calificada por Mazón como "llamativa", pues fue posible gracias a la ausencia por vacaciones del magistrado Juan Climent. El letrado pide al CGPJ que determine si tales vacaciones estaban previstas y si fueron voluntarias o inducidas para que De la Rúa pudiera participar en la causa contra su amigo.

¡Marchando taza y media de caldo!

04 agosto, 2009

Irresponsabilidad televisiva



La proliferación de contenidos televisivos inadecuados en el horario protegido (de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde) ha sido denunciada en innumerables ocasiones desde muy diversas instancias. La existencia del Código de Autorregulación de Contenidos, lejos de conseguir progresos dignos de mención en el terreno de la protección a la infancia, parece estar siendo tomado a chacota por los programadores. ¿Autorregulación? Barra libre más bien.

TAC (Telespectadores Asociados de Cataluña) dio a conocer ayer un contundente informe que señala la gravedad de la situación y la impunidad de los 'autorregulados'. El 73% de los contenidos emitidos dentro del horario protegido son inadecuados para la infancia, lo que supone un aumento del 10% respecto al año pasado. Y para general escándalo en TVE-1, cadena pública que debería dar ejemplo, la indiferencia respecto a la protección de la audiencia infantil se eleva al 100%, como en Antena 3 y Telecinco.

Entre las 'joyas' seleccionadas por el informe se encuentran "Doña Bárbara" y "España directo", de TVE; "El diario" y "Tal cual verano", de Antena 3 y "Sé lo que hicisteis", de La Sexta, y "Sálvame", de Telecinco. Este último merece especial rechazo por su exhibición de "conductas asociales, burla, crueldad, sexismo y menosprecio" así como referencias sexuales implícitas y explícitas. Su último récord se saldó con una pelea entre bastidores tras la confrontación verbal que recoge el vídeo publicado arriba.

El Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia fue suscrito, en diciembre de 2004, por Antena 3, Sogecable, Tele 5 y TVE con el objetivo de mejorar la eficacia en la protección de los menores como espectadores televisivos. Casi cinco años más tarde resulta incuestionable que la autorregulación (como en el caso del capital) no funciona. Lo que funciona es el ánimo de lucro y la falta de escrúpulos en la lucha por acaparar las audiencias. En consecuencia, tal vez ha llegado el momento de que las instituciones competentes acentúen su vigilancia y apliquen sanciones severas.

No deja de ser una paradoja hiriente que, mientras se impone en los canales generalistas una cínica e irresponsable permisividad, la sociedad y la propia televisión alienten el debate sobre la rebaja de la edad penal de los menores a la vista de algunos traumáticos sucesos recientes. ¿Cuánta parte de culpa tiene la TV -junto con la creciente desestructuración familiar en la sociedad española- de que tales hechos se produzcan?

No vale inhibirse ante lo que sucede y pretender responder a las consecuencias de tal inhibición con medidas represivas contra quienes son las primeras víctimas del inperio del cinismo. Así sólo se logra agravar y perennizar los problemas que se dice querer combatir.

03 agosto, 2009

Sobreseimiento para Camps y compañía

"Entendemos que no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza en consideración a su función, por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público".

Con esta enjundiosa consideración, los tres jueces que han estudiado los recursos del presidente de la Comunidad Valenciana y el resto de los imputados han acordado el sobreseimiento libre. Sin embargo uno de ellos, Juan Montero Aroca, ha formulado un voto particular porque niega que el artículo 426 exija que se pruebe la relación de causalidad (indemostrable en este caso, según el fallo) en la que se fundamenta el sobreseimiento.

Por otra parte, dos de los tres magistrados dan por hecho que todos los regalos atribuidos a 'El Bigotes' que se citan en la causa fueron reales, lo que -si no interpreto mal- deja a Camps por mentiroso, dado que en todo momento el presidente valenciano ha asegurado que pagó sus trajes, sin que haya aportado prueba alguna que lo acredite.

Sin embargo, la sentencia se muestra innecesariamente exoneradora al subrayar que "Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación". Ese es un juicio de intenciones carente de base probatoria en la misma medida, al menos, que las imputaciones. No se puede probar que exista una relación de causa-efecto entre regalos y logros y tampoco lo contrario. Eso es todo. ¿Puede alguien asegurar cuáles eran los propósitos del dadivoso bigotudo?

En todo caso parece necesario que el Tribunal Supremo estudie detenidamente este caso y establezca una clara jurisprudencia, en la medida en que la interpretación que los jueces valencianos han hecho del artículo 426 del Código Penal deja abierta de par en par la puerta para que el cohecho en especie se institucionalice.

"La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses". Eso es lo que dice el artículo 426. Aquí la clave está en la letra en negrita (el subrayado es mío).

Recurramos a la sabiduría popular: aquí todo indica que se adora "al santo por la peana" y "cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía". Conclusión: "no te digo que te vistas pero ahí tienes los trajes, digo, la ropa".