Una amnistía antisocial

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, para permitir que afloren 25.000 millones y recaudar el 10% de esa cantidad, era calificada por los mismos que ahora la aprueban como 'antisocial' y como 'ocurrencia' hace apenas dos años, cuando estaban en la oposición.
2.500 millones - la recaudación prevista - es el chocolate del loro, una cantidad ridícula si se compara con el montante total de la deuda soberana que es preciso reducir, así que quizás lo que se pretende realmente es que los defraudadores de esos 25.000 millones 'pongan a trabajar' ese dinero en España. A saber por qué el Ejecutivo ha establecido esa cantidad como referencia cuando, según la Agencia Tributaria, el importe que defraudan las grandes empresas y fortunas se eleva a 44.000 millones (19.000 millones más). Parece darse por sentado que hay 'intocables' que no van a pagar ni podrán ser penalizados.

En el mejor de los casos estamos ante una declaración de impotencia del Gobierno y en el peor, en una asunción de complicidad. La amnistía, en definitiva, es una iniciativa pésima no sólo por sí misma sino por el mensaje que envía a los desempleados, a los congelados y a los que, tras la reforma laboral, tienen que asumir condiciones de contratación propias de un sistema feudal. Ese mensaje se lee así: hay dos españas, la de los más ricos y corruptos, siempre impune, y la de los demás ciudadanos: la España que paga el pato y el resto de los gastos del festín.