20 febrero, 2012

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (y IV)

Tal vez como consecuencia de que el decreto-ley de la reforma laboral tiene tantos y tan diversos y polémicos aspectos casi se ha pasado por alto subrayar uno de los más significativos y susceptibles de controversia. Se trata de la potenciación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación 'colaboradoras' con el Servicio Público de Empleo, lo que constituye, de modo implícito, una crítica y una desautorización de éste, que "sólo" logra emplear a un 3% de los parados subsidiados (como si en tiempos de crisis como los que vivimos fuera posible mucho más).

¿A alguien le parece casual o meramente anecdótico que la memoria económica de la reforma introduzca, de modo más o menos claro, críticas a la labor de los médicos de la Seguridad Social, a los jueces de lo social y a los sevicios del INEM? No lo es absoluto. A los empresarios y a los economistas y financieros 'neoliberales' (personalmente prefiero la expresión 'ultraliberales') les molestan el Estado y sus 'intromisiones'. Reclaman en todos los meridianos del mundo la menor cantidad posible de Estado, salvo cuando se trata de que les ayude a salir con bien de sus propios errores con  dinero público (es decir, con el dinero de todos), por supuesto.

Introducir a las ETT (en lo sucesivo Empresas Tratantes de Trabajadores) en funciones que hasta ahora competían en exclusiva a la Administración les convierte en un 'caballo de Troya' nada inocuo de lo privado en lo público. Y no sólo se les concede por este medio poder y dinero, sino que se deja en sus manos -en un nuevo gesto de constitucionalidad más que dudosa- la posibilidad de proveer de 'suplentes' a la Administración Pública y, llegado el caso (dado que los trabajadores de ésta han perdido su inmunidad por causa de la crisis) cubrir ciertas bajas sin ninguna supervisión, facilitando así el indeseable enchufismo que sigue siendo una enorme lacra en este país.

Una vez establecido que las medidas para la creación de empleo no van a reducir el paro, sino a aumentarlo y cambiarlo de manos parcialmente para maquillar así las estadísticas; una vez constatado que los únicos beneficiarios de la reforma laboral son los empresarios, no sólo por la desregulación que implica sino también por las subvenciones previstas; una vez evidenciado que la radical reducción del gasto público condena a áreas muy sensibles del bienestar social a una financiación insuficiente o a su carencia; una vez percibido que el aumento del desempleo y la reducción de los salarios contraen sensiblemente el consumo y en consecuencia la producción, bajan la recaudación de impuestos y los ingresos de la Seguridad Social sólo nos queda preguntarnos cuál es el juego.

Nuestros gobernantes no son tan idiotas -aunque algunos lo parezcan- como para no ser conscientes de que se han (y nos han) encerrado en un círculo vicioso perfecto, que está llevando y seguirá llevando a la ruina a servicios públicos esenciales y reduciendo el nivel de vida de los españoles y sus estandares sociales. En consecuencia la única conclusión posible es que tal actitud es deliberada; que lo que se persigue es la privatización de todo lo que sea posible privatizar, el desmantelamiento del estado de bienestar y la aceptación por parte de los trabajadores de todas las exigencias que se decida imponerles. En definitiva, so pretexto de la crisis, la deuda y las 'exigencias' de la globalización económica está en marcha, más que nunca, la 'doctrina del shock', de probada eficacia a la hora de doblegar las conciencias y alcanzar objetivos diferentes, mayores o ajenos a lo que causó el 'shock'.

El pasado está de regreso.

Foto: Imagen de Naomi Klein, junto a la portada de la edición en castellano de su obra.

19 febrero, 2012

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (III)

La desregulación laboral contituye una 'retrovolución' (valga el neologismo) que nos remite a una época previa a la definición e implantación del Estado Social Democrático de Derecho, en el S. XIX. Éste se basa fundamentalmente en el principio de subsidiariedad, que establece la necesidad de que el Estado llegue -cuando sea preciso- allí donde no alcanza la iniciativa privada o donde el libre juego entre las fuerzas sociales y económicas se ve abocado a la confrontación permanente como consecuencia de los abusos del capitalismo salvaje.

Un diario nos recuerda hoy, muy oportunamente, que ya en 1889 el Código Civil compilado por Sagasta establece que "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Sagasta era un liberal, pero tenía la lucidez suficiente para apreciar que la ley del mas fuerte (económicamente) colisionaba violentamente con la respuesta del más fuerte numéricamente y que constituía una fuente permanente de conflictos e incluso un riesgo de revolución. Es Estado Social Democrático de Derecho, en defnitiva, no era un gesto humanista sino una inteligente respuesta de la burguesía a un estado de cosas que tendía al caos.

La derecha, el empresariado y el sector financiero español no parecen temer ninguna convulsión social y han desprovisto al Estado de buena parte de su responsabilidad subsidiaria en lo que respecta a los trabajadores, no así al capital. Esperan confiadamente una huelga general, que llegará sin duda, pero no creen que será tan general. La fuente de su confianza es el miedo de la clase trabajadora a perder aún más de lo que está perdiendo en la actual crisis económica, provocada por la codicia y la irresponsabilidad del capital financiero. ¿Aciertan? El tiempo lo dirá.

En cualquier caso este Gobierno de los empresarios mantiene y mejora su función subsidiaria precisamente respecto a la patronal. No se trata sólo de beneficiar al empresariado mediante el recorte de los derechos y de los salarios de los trabajadores sino que, además, se les prima con deducciones, exenciones y ayudas a cargo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y ello se hace -como nadie ignora- en un contexto en el que se considera prioritario reducir brutalmente el gasto público. 

Un ejemplo muy elocuente es la creación de un nuevo contrato 'indefinido' para los autónomos y las PYMES de menos de 50 trabajadores, que establece significativamente un periodo de prueba de un año para los menores de 30 años. Esas empresas se beneficiarán de una deducción fiscal de 3.000 € y si el trabajador contratado se hallaba en paro podrán sumar a esa cifra, durante un año, el 50% de la prestación que éste recibía. El trabajador, a su vez, podrá sumar a su sueldo el 25% de la prestación que percibía, lo que hace presumir que la retribución que los legisladores tienen 'in mente' es una basura. La pretensión que alimenta esta política no parece ser otra que maquillar las estadísticas del desempleo sin dejar de pagar, aunque de otro modo, las secuelas del paro. Hay que subrayar, por otra parte, que la nueva norma, tal como ha sido concebida, excluye de sus 'beneficios' a los trabajadores que hayan agotado la prestación.

Por otra parte, las bonificaciones específicas de la Seguridad Social beneficiarán prioritariamente a quienes contraten a jovenes de entre 16 y 30 años que estén inscritos como demandantes de empleo, que pueden llegar a deducir de la cotización hasta 3.600 € en tres años. Por lo que respecta a los parados de larga duración mayores de 45 años, que deberán llevar un año sin subsidio antes de su contratación, la bonificación para las empresas se eleva a 4.500 € en tres años. En este caso también parece evidente que lo que se persigue es maquillar la estadística, ahora a costa de los magros fondos de la Seguridad Social. Mediante esta subsidiariación selectiva el Gobierno entrega a las empresas subvenciones (lo son, aunque no reciban ese nombre) para que colaboren en el objetivo de mejorar -especialmente de cara al exterior- la imagen de España, que intenta lograr con ese parche 'mejorar' la realidad de un paro juvenil insostenible.

El beneficio para los trabajadores, salvo en casos personales y puntuales, es nulo. Mientras centenares de miles de personas desaparecen como perceptoras del subsidio de desempleo se espera que otros centenares de miles logren un trabajo misérrimo y en muchos casos temporal. El paro aumentará inevitablemente, pero las estadísticas -al menos en teoría- mejorarán. Eso es lo único que parece interesarle a este Gobierno.

Pie de foto: 57 ciudades españolas fueron hoy escenario de manifestaciones de protesta contra la reforma laboral. La de Madrid, según los organizadores, reunió a medio millón de personas.

Continuará.

18 febrero, 2012

El 'cambio' del PP, o el circulo vicioso perfecto (II)

Antes, durante y después de la campaña electoral que condujo al PP al poder por mayoría absoluta el ahora presidente, Mariano Rajoy, mantuvo en riguroso secreto sus planes de reforma laboral, pero ocasionalmente se vio impelido a tranquilizar a la población descartando las sospechas crecientes sobre el contenido real de su agenda oculta. Y lo hizo mintiendo con absoluta impavidez al menos en dos cuestiones puntuales: una, en positivo, al asegurar con insistencia que la creación de empleo era la prioridad máxima de su Gobierno y otra en negativo, al desmentir que se fuera a abaratar el despido.

La magnitud y contenido de la reforma laboral finalmente desvelada pone en evidencia la falsedad de Rajoy, lo que no le ha impedido, tras su aprobación, sumar una nueva mentira, al afirmar que la regresiva legislación "quita poder a los empresarios". Lo que se concluye del análisis de los cambios implantados es justamente lo contrario, y además la lectura de la memoria económica enviada al Congreso en relación con la reforma laboral exuda un prejuicio peyorativo hacia los trabajadores, expresado con insultante elocuencia cuando se afirma que "al ser (hasta ahora) el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo". No se puede emitir un sofisma más grosero ni tan delatador del clasismo que alienta esta reforma. Los empresarios, sin embargo, están fuera de todo cuastionamiento. Son seres angélicos, interesados sólamente en el mayor beneficio para la economía nacional.

Lo cierto es que el decreto-ley no sólo abarata los costes del despido en una tercera parte respecto a lo establecido hasta ahora, sino que la carga de la prueba en caso de litigio se invierte respecto a lo usual: será el trabajador quien deba demostrar su improcedencia, no la empresa quien pruebe su procedencia. Ese abaratamiento no sería tan grave y depredador como realmente es si la reforma no incluyera una revisión radical de las causas objetivas (presuntamente) para el despido procedente. A las ya conocidas y siempre polémicas razones vigentes hasta ahora se suma la reducción de los ingresos de la empresa -difícilmente fiscalizable en muchos casos- durante tres trimestres consecutivos, aunque dicha reducción no suponga la entrada en pérdidas.

La nueva normativa aún va más lejos en el cuestionamiento no sólo de la buena fe de los trabajadores sino de la fiabilidad de los médicos (*) al convertir en motivo de despìdo las bajas justificadas que se produzcan en el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año. Es imposible no ver en esta norma una puerta abierta de par en par a los atentados impunes contra el derecho a la salud y a la integridad física y moral aludidos en los artículos 15, 40 y 41 de la Constitución.

Obviamente esta normativa no persigue en absoluto la creación de empleo. Su primera consecuencia, a corto plazo, va a producir más paro y a más largo plazo hará el empleo aún más precario y los salarios más bajos, en la medida en que el panorama descrito es complementado con la eliminación práctica de la vigencia general de los convenios colectivos de sector, que serán sustituidos en la mayor parte de las empresas por pactos entre empresarios y trabajadores, lo que deja en manos de aquellos fijar los salarios en virtud del principio "aquí tienes lentejas...". Esto es, sin duda, lo que Rajoy califica como "pérdida de poder" empresarial.

En realidad lo que queda establecido con claridad meridiana es que la reforma laboral tiene como único objetivo satisfacer las demandas 'históricas' de los empresarios y beneficiar en exclusiva sus intereses mediante el trasvase fáctico de un parte sensible de las rentas del trabajo al capital. A los trabajadores no sólo se les expropian derechos establecidos a través de una larga jurisprudencia sino también dinero, como si les hubiese sobrado alguna vez. En toda la historia de España no se ha producido, por vía legal, una incitación tan clara como esta a la alteración de la paz social.

En un próximo capítulo analizaremos las consecuencias -deliberadas- que subyacen en la implantación del 'nuevo orden' laboral porque lo cierto es que existe un 'programa máximo', una agenda aún más oculta de lo que han estado las 'reformas estructurales' del Partido Popular falsamente  orientadas a la creación de empleo.

(*) La memoria económica que acompaña al decreto-ley no sólo descalifica a trabajadores y médicos. También los jueces de lo social se llevan lo suyo:  «los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente», afirma el texto.


Pie de foto: Mariano Rajoy, mentiroso contumaz.

Continuará.

16 febrero, 2012

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (I)

La Constitución española, en su artículo 35.1, establece que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Eso dice la letra, pero la práctica real ha sido hasta la fecha más bien su antítesis.

Veamos:

1.- El derecho universal al trabajo que establece la Carta Magna ha sido siempre, al menos en España, una utopía inalcanzable, dado el elevadísimo nivel de 'paro estructural' que se arrastra incluso en tiempos de bonanza económica. En diciembre de 2007, antes del estallido de la crisis económica, se elevaba al 8,6%, el más elevado de la UE después de Eslovaquia. Ese hecho, que es la evidencia de un fracaso político, económico y social propio de un país subdesarrollado, solía ser minimizado y frivolizado cínicamente con argumentos tales como el fraude perpetrado por trabajadores que perciben el subsidio de desempleo mientras 'trabajan' de modo irregular, convirtiendo así lo que es excepcional en la regla que todo lo explica. Eso evitaba cuestionarse la incidencia en el cómputo de ese índice del exceso de trabajos con contrato temporal en casi todos los sectores y del tradicional componente estacional en el empleo agrícola o los dependientes del turismo, así como las consecuencias del cambio tecniológico. En la mayor parte de los países de la UE ha sido necesaria la gravísima crisis económica actual para que alcancen o sobrepasen levemente lo que en España era una rutina vergonzante a la que nadie prestó nunca la necesaria atención.

2.- "La libre elección de profesión u oficio", otro de los derechos incuestionables establecidos en el artículo 35 de la Constitución, se ha convertido con el paso del tiempo en un eufemismo risible. Por un lado la educación que se imparte está muy escasamente relacionada con la variedad proliferante de profesiones u oficios a desarrollar en estos tiempos y por otro, los filtros que la Universidad española utiliza para que sus alumnos puedan optar a unos estudios u otros -basados fundamentalmente en el expediente académico previo- no son garantía de nada. El desajuste entre la oferta educativa y la demanda empresarial sigue siendo lamentable, pero aún lo es más la insuficiencia de los criterios de selectividad.

3.- En lo que respecta al derecho del trabajador/a "a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia", se diría imaginado desde alguna Arcadia feliz completamente ajena a la realidad. El subempleo es una experiencia cotidiana para una enorme cantidad de universitarios (o no universitarios), unos forzados por la falta de oferta del mercado laboral para su especialidad específica, otros contratados en los niveles salariales inferiores -con frecuencia tras un contrato de trabajo en prácticas- para realizar responsabilidades y funciones superiores. La "promoción a través del trabajo" es frecuentemente algo más parecido al meritoriaje del ancestral sistema gremial que a lo que sería exigible en el siglo XX!.

Si hemos de referirnos ahora al derecho a la "remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia" ha de ser reprimiendo las ganas de gritar. Los 641,40 euros mensuales (o 21,38 € diarios) -no revisados este año, por primera vez en la historia- del salario mínimo interprofesional (SMI) suponen un insulto y una negación clara de la letra y el espíritu de la Constitución. España, la "octava potencia económica del mundo" -si es que sigue siéndolo-, está a la cola de la UE en este concepto, ignorando la recomencación de la Carta Social, aprobada por el Parlamento Europeo, que recomienda que este índice se fije en el 60% de la media real de los salarios en todo el Estado.

4.- El último aspecto al que alude el artículo 35 de la Constitución -que "en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo"- es otro ejemplo de incumplimiento flagrante. Todavía hoy son muchas las mujeres que, a igual trabajo, perciben remuneraciones inferiores a las de sus compañeros varones sin razón ninguna; que son vetadas para puestos de mayor responsabilidad aunque tengan más experiencia y capacidad; que ven amenazado su puesto de trabajo en el caso de que queden embarazadas y a las que se dificulta por sistema la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Este repaso apenas enunciativo da cuenta de la situación real hasta la fecha del ejercicio del derecho al trabajo y sus adyacentes establecidos en la Constitución de nuestro país. Bastante lamentable, como se ve, y sin embargo, tras las reformas aprobadas por el Gobierno, pronto será objeto de añoranza general.

Este artículo sólo pretende ser una introducción -necesaria, como se verá más adelante- a una serie que abordará las perspectivas socioeconómicas de futuro a la luz del 'cambio' que el Partido Popular, con su mayoría absoluta y poderosas complicidades políticas, corporativas y mediáticas, se propone implantar en exclusivo beneficio de la casta empresarial y de los intereses financieros interiores y exteriores.

Continuará.

Foto: Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

07 febrero, 2012

Breve


Derroche alimentario.- Con crisis o sin ella los españoles compramos más alimentos de los que consumimos y/o necesitamos. El desperdicio de alimentos se eleva a 163 kilos por persona y año, lo cual es una vergüenza cuando tanta gente ha comenzado a carecer de lo más esencial. Toda la cadena de producción, distribución, venta, y consumo de alimentos genera toneladas de excedentes que otros tratan de aprovechar de los cubos de basura cuando les dejan. He aquí una ocasión excepcional para reflexionar sobre qué clase de personas somos y en qué mundo vivimos.