La revolución ultraliberal, o la ruptura del Contrato Social

En breve se cumplirá un año de la fecha en que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo en declaraciones al semanario alemán 'Der Spiegel' lo siguiente: "Muchos gobiernos todavía deben darse cuenta de que perdieron su soberanía nacional hace mucho tiempo. Debido a que en el pasado han permitido que su deuda se acumule, ahora dependen de la buena voluntad de los mercados financieros". Tan categórica afirmación se realizaba en un contexto de apoyo por parte de Draghi al deseo alemán de que la dirección económica de la UE interviniera directamente en la redacción de los presupuestos nacionales de los países miembros.

Los presupuestos de España, recientemente presentados por el Gobierno bajo el pomposo calificativo de "los de la recuperación", son una evidencia insoslayable de hasta qué punto el propósito alemán prospera. Lejos de frenarse, los recortes continúan. El que afecta a las pensiones, especialmente brutal por su incidencia social, reduce su incremento a un anecdótico 0,25%, que será fagocitado de inmediato por la inflación. El recorte que recaerá sobre las autonomías se establece en el 13,5%. Por otra parte, sintomáticamente, el gasto previsto para el pago de los intereses de la deuda supera al previsto para la totalidad de los ministerios.

¿De qué recuperación habla este  falsario Gobierno-Delegado de Berlín? ¿Por qué insiste en engañar a los ciudadanos, convertidos 'de facto' en súbditos? Desde luego no habla de la recuperación del más mínimo poder adquisitivo por parte de los españoles. Los salarios de los funcionarios siguen congelados, la destrucción de empleo continua y la precarización laboral es un hecho incontestable: el mayor logro de la reforma laboral, que supuestamente iba a crear puestos de trabajo. Como consecuencia el consumo, y por lo tanto la producción y venta de bienes está paralizado, lo cual anuncia más desempleo.

La Constitución, en su artículo primero, describe a España como un "Estado social y democrático de Derecho". ¿"Social" se refiere a las sociedades anónimas? ¿"Democrático", cuando el Gobierno en ejercicio ha llegado al poder engañando a todo el mundo sobre sus auténticas intenciones? ¿"De Derecho", mientras  todos los derechos asumidos hasta la fecha están siendo barridos sin escrúpulo alguno? Obnubilados por la dimensión económica de esta crisis, hemos minimizado sus gravísimas consecuencias socio-políticas y es hora de que las afrontemos como parte de un todo que supone un atentado a los ciudadanos hasta ahora inédito en la historia de las democracias.

No se trata sólamente de que España haya cedido partes esenciales de su soberanía a poderes ajenos. Con ser ese un problema muy grave, aún es mayor el que supone la ruptura fáctica del Contrato Social surgido en 1.978 con el consenso constitucional. En toda democracia el Estado es el garante de dicho contrato. Cuando los derechos y deberes cuyo cumplimiento garantiza se reducen o eliminan el Estado se deslegitima y los ciudadanos quedan legitimados a su vez, al menos teóricamente, para desentenderse de los deberes que dicho contrato les imponía. Esa es la lógica, según la ciencia política.

Cuando los gobernantes nos dicen -no en España, por supuesto, donde el engaño llega al extremo- que no volveremos a la sociedad que conocimos, en realidad nos indican que se ha producido una revolución ultraliberal, promovida por los poderosos manipuladores de los mercados y asumida de modo cómplice por los poderes políticos como 'inevitable'. Su objetivo es terminar con el llamado Estado del Bienestar, con los convenios colectivos y la reprepresentación sindical, con la estabilidad laboral y con la gestión pública en terrenos, como la Sanidad y la Educación, entre otros, que hasta ahora eran incuestionables.

El propósito último es poner en las manos de la banca y los mercados financieros el mayor volumen posible de la masa monetaria de cada país, sean cuales sean las consecuencias. Cuando ese plan acabe de perpetrarse y el poder económico no tenga contrapeso ninguno ¿para qué servirán esas entelequias llamadas hasta ahora estados? Cabe suponer que conservarán su jurisidicción sobre el Ejército y la Policía, así que vayan ustedes haciéndose una idea.

Foto: Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo.

El 'fracking' (además) es un fiasco económico

Mientras en Reino Unido estallan las protestas contra las prospecciones mediante la técnica de ‘fracking’ (fracturación hidráulica) aprobadas por el Gobierno Cameron, en Estados Unidos –donde la contestación no ha sido nunca relevante- el acento recae sobre la dudosa rentabilidad económica de este tipo de explotaciones, vistas hasta no hace mucho con el mismo entusiasmo que en su día desató la ‘fiebre del oro’.

A propósito del gas y del petróleo de esquisto procedentes del ‘fracking’ en EE UU ha empezado ya hablarse del ‘cuento de la lechera’ y la palabra fatal –burbuja- es escrita sin que a quienes lo hacen les tiemble la mano. Numerosos indicios han comenzado a apuntar en los tiempos más recientes que las compañías explotadoras se equivocaban mucho en sus previsiones halagüeñas, tal vez a causa de su propia ansiedad por obtener la mayor financiación posible.

Las enormes extensiones de territorio de EE UU que se consideraban explotables contienen, efectivamente, una importante cantidad de combustibles gaseosos y líquidos, pero los técnicos ignoraron o los empresarios ocultaron un hecho crucial: el combustible no está regularmente repartido ni tiene la misma pureza según de qué lugar se trate. Sólo en un número limitado de núcleos dentro de las grandes áreas preseleccionadas por las compañías extractoras la explotación es realmente rentable, en consecuencia.

Esa es la realidad decepcionante que se han encontrado las grandes compañías petroleras, incorporadas tardíamente a la extracción, seducidas finalmente por la leyenda de Eldorado tejida por la industria nacional especializada en ‘fracking’. La anglo-holandesa Royal Dutch Shell, por ejemplo, ha visto reducidos los ingresos previstos en más de 2.000 millones de dólares y, como consecuencia, sus beneficios generales se han reducido en un 60 por 100 respecto al anterior ejercicio.

Apostar por el gas o el petróleo de esquisto implica adoptar una posición de riesgo. Mientras en una prospección convencional se puede cubicar el yacimiento y ubicar las bolsas con relativa facilidad y exactitud, mediante el ‘fracking’ sólo se sabe lo que hay y su calidad tras extraerlo y analizarlo, y las alegrías –cuando se producen– son siempre provisionales. Esa es la consecuencia inevitable del hecho de que el combustible está contenido por rocas metamórficas formadas en capas a partir de arcillas y las vetas rentables, explotadas en horizontal, son en cierta medida imprevisibles.

Tras evaluar las conclusiones de un estudio realizado por la consultora Advanced Ressources Intenational (ARI), que estima que los recursos mundiales de gas y petróleo de esquisto elevan en un 11 por 100 las reservas de combustibles fósiles, la estadounidense Energy Information Administration (EIA) no pudo resistirse a expresar su escepticismo. “Esas estimaciones son altamente dudosas y seguirán siéndolo hasta que sean extensamente contrastadas con pozos productivos”, dijo la EIA, pese a ser quien había encargado el estudio. El hecho de que la ARI tenga como presidente a un miembro del consejo de administración de Southwestern Energy, fuertemente involucrada en el ‘fracking’ en Arkansas, no avala la credibilidad de su estudio precisamente.

Otro informe realizado en Estados Unidos da cuenta de que el 80 por 100 de la producción de gas de esquisto procede de sólo cinco pozos y que, a nivel nacional, está estancada desde 2011. Si a eso añadimos que, según dicho estudio, serán necesarios 42.000 millones de dólares anuales de inversión para la explotación de más de 7.000 pozos y que los beneficios del total de la industria del ‘fracking’ se limitaron en 2012 a 32.500 millones, huelgan mayores comentarios. Quienes se muestran escépticos ante el futuro del gas y el aceite obtenidos mediante fractura hidráulica valoran una previsión que establece un plazo de cinco años para el colapso de esa industria en EE UU por falta de rentabilidad.

Si a los ya conocidos riesgos medioambientales y geológicos (seísmos) que comporta el ‘fracking’ se añade su discutible viabilidad y rentabilidad económica sólo cabe concluir que sería una estupidez y una imprudencia imperdonables que la UE en general y España en particular se trague el anzuelo tóxico que se le ofrece desde el otro lado del Atlántico. La industria del ‘fracking’ estadounidense tiene un interés nada filantrópico en que Europa y el resto del mundo se sumen a la explotación de ese ‘espejismo’ inquietante. La venta de la tecnología, el instrumental, la fórmula y la asistencia técnica les reportarían los sustanciosos beneficios que sus magros balances piden ya a gritos.

A otro perro con ese hueso.

(Este análisis se basa fundamentalmente en datos publicados en diversas informaciones del 'Financial Times')
 

Anteriores publicaciones sobre el 'fracking' en 'La Espiral:
28 - 1 - 2013: Luz de gas

22 - 11 - 2012: Fracking: Malas perspectivas
5 - 1- 2012: Fracking: Alarmantes fugas de metano

Fracking: Alarmantes fugas de metano

Un estudio publicado por la revista 'Nature' hace un par de días estima que, en Estados Unidos, las fugas de metano resultantes de la explotación del gas de esquisto mediante fractura hidráulica son muy superiores a las calculadas inicialmente. Exactamente del 9%, en lugar del estimado 2,4%, nada inocuo por otra parte. El daño medioambiental es muy considerable, superior al que causa el denostado carbón, y sólo es una parte de la inquietante factura social, sanitaria y ecológica que supone este tipo de explotación.

Mientras en EE UU se ignora el clamor popular en contra y se perfora la tierra de norte a sur y de este a oeste gracias a una ley desaprensiva elaborada por el ex vicepresidente Dick Cheney, en la UE predomina la cautela. Francia ha prohibido las prospecciones mientras la técnica de extracción no ofrezca más garantías; en España, como siempre, prevalece la ambigüedad. 

El hecho de que Estados Unidos haya logrado reducir mediante el 'fracking' su dependencia energética del exterior en un 25% (sólo en 2012 sus importaciones petroleras se redujeron en un 11%) constituye un precedente nada alentador de cara a impedir que ese agresivo sistema de extracción se generalice. En última instancia sólo una movilización popular contundente podrá impedirlo, dado que los intereses económicos pesan más que nunca en el mundo actual.

El documental 'Gasland', presentado en la edición del festival 'Sundance' de 2010, ilustra los riesgos del 'fracking' allí donde está arrasando (literalmente): en los EE UU.
 

Siempre Alemania.- La del alba sería cuando los ministros de Economía de la UE, tras catorce horas de discusión, llegaron a un acuerdo sobre el delicado y polémico asunto de la supervisión bancaria. Si la decisión se hubiera dejado exclusivamente en manos de Alemania desde el principio el resultado no habría sido muy diferente. Tecnicismos aparte, el tema crucial, la determinación de quiénes van a ser supervisados, estableció que sólo lo serán las entidades cuyos activos superen los 30.000 millones de euros, lo que excluye - tal como Schauble y Merkel querían - a los bancos de los landers alemanes. Para nadie es un secreto que dichos bancos se hallan en una delicada situación, similar a la de las Cajas de Ahorros españolas, pero Alemania rechaza que los detalles de su ruina sean sometidos a escrutinio, no sea que se pidan medidas como las que ella misma gusta de dictar cuando el 'enfermo' está fuera de sus fronteras. 

España y Francia, que querían que la supervisión no excluyera a nadie, han perdido una vez más. Mientras tanto, las temibles agencias de calificación ni ven ni oyen ni dicen nada negativo sobre la economía teutona. La razón es tan simple como injusta: Alemania manda y el que manda siempre tiene razón, haga lo que haga.

(Foto: Herr Wolfgang Schäuble, el lisiado de acero.)

Fracking: Malas perspectivas

La decisión de la UE de lavarse las manos y no tomar ninguna decisión de alcance comunitario en relación con el 'fracking' (fractura hidráulica del subsuelo para la obtención de gas) supone una gran decepción. También es reveladora de que existen poderosas presiones a favor de esta agresiva tecnología de patente estadounidense, que mantiene bajo secreto los compuestos y elementos químicos - potencialmente peligrosos - que se mezclan con el agua a presión.

La UE tiene en sus manos, desde hace tiempo, abundantes informes acerca de los riesgos de la técnica de fractura hidráulica, por lo que no es comprensible su inhibición, pese a que esté acompañada de prudentes cautelas y recomendaciones. Desde que las 'Siete Hermanas' y otras poderosas compañías petroleras se interesaron en el 'fracking' se veía venir lo que ahora ocurre.

Una información de 'Financial Times' revelaba recientemente que EE UU se convertirá en unos pocos años en el mayor productor de combustibles fósiles del mundo. Gracias al 'fracking', por supuesto, cuyo desarrollo fue favorecido con entusiasmo por la administración Bush. El mapa es ilustrativo de los progresos presentes y previstos en su territorio.

Cuando Washington promueve algo los imitadores extranjeros no tardan en aparecer y la grave crisis económica en Occidente será el pretexto ideal para cerrar los ojos a los riesgos del 'fracking' y convertirlo falsamente en 'la solución'. Al tiempo.

Secesionismo nacionalista en la UE.- El 'Financial Times' (FT) aborda hoy el vidrioso asunto del secesionismo en el seno de la UE, a propósito del referéndum acordado entre Londres y Edimburgo para que los escoceses decidan en 2014 si siguen o no formando parte de Reino Unido. Son varios los países comunitarios más o menos directamente afectados por las consecuencias de la consulta escocesa, pero ninguno lo está tanto como España, a la vista de los propósitos del nacionalismo catalán. El primer equívoco que FT deshace es el creado por los nacionalistas escoceses, que afirman que, si triunfa el sí, Escocia seguirá en la UE como si nada. Por el contrario, Escocia y cualquier otro país 'nuevo' deberá solicitar el ingreso y éste puede estar empedrado de dificultades. Aparte de España, no es previsible que favorezcan los designios del nacionalismo escocés ni Francia (Córcega, Bretaña, País Vascofrancés) ni Italia, con su frágil unidad y su proliferación de oportunistas. Las cosas no son tan fáciles ni tan rentables como los nacionalistas intentan pintarlas.

Prestidigitación en el BCE

Los mercados bursátiles de todo el mundo han acogido con euforia y subidas en las cotizaciones el anuncio del presidente del BCE, Mario Draghi, de que dicha entidad procederá a la compra "ilimitada" de deuda de España e Italia a cambio de que ambos países pidan formalmente el rescate y asuman una "condicionalidad estricta". También la prima de riesgo ha bajado hasta un nivel relativamente 'confortable' tras la noticia.

Independientemente de que nadie debería sacar conclusiones alegres y precipitadas teniendo como única referencia la reacción en unos mercados regidos por el síndrome bipolar y la volatilidad, desde el punto de vista de España quedan muchos cabos por atar y muchos datos por conocer. La "condicionalidad estricta " a la que ha aludido Draghi hace sospechar y temer que las duras y dolorosas medidas ya adoptadas por España no se juzgan suficientes, pese a los elogios generalizados que han reciibido. Y ese es un extremo que es preciso dilucidar antes de reclamar el rescate. Este país - o mejor dicho, sus ciudadanos - difícilmente puede asumir más castigo.

El círculo vicioso creado por la prioridad de pagar la deuda, reduciendo para ello los salarios, aumentando todo tipo de impuestos y cercenando prestaciones sociales de importancia primordial, no puede ni debe ser ensanchado. No se puede seguir destruyendo empleo ni restringir más el acceso a los bienes de consumo sin acentuar gravemente la recesión y crispar el clima social hasta el nivel de la exasperación. ¿Está capacitada para comprender eso una Alemania que recientemente tuvo la ocurrencia de plantear a Grecia la implantación de las seis jornadas laborales conpletas a la semana?

Pese a la carencia de detalles cruciales, que previsiblemente se prolongará durante algún tiempo, entre lo que se sabe con certeza acerca de la compra de deuda por parte del BCE hay un aspecto muy significativo y clarificador acerca de la 'filosofía' que inspira su decisión, supuestamente generosa y solidaria: el Banco Central Europeo no comprará la deuda directamente a los países emisores (mercado primario), sino al llamado 'mercado secundario', formado por quienes ya han comprado deuda soberana, en su inmensa mayoría entidades financieras.

Por supuesto, entre esas entidades predominan las de nacionalidad alemana y francesa, que detentan gran parte de la deuda soberana de España. ¿Es esta la ayuda que precisan Italia y España? Obviamente no. Lo que necesitan es que el BCE acuda al mercado primario y compre directamente la deuda, forzando así una bajada sensible de los intereses y una estabilización razonable de la prima de riesgo. La decisión adoptada no dejará de tener una repercusión positiva, pero existe un riesgo claro de que ésta sea limitada y temporal. Quienes han estado especulando con la deuda española van a recibir su premio tras la decisión de Frankfurt y eso puede ejercer un efecto balsámico y tranquilizador en los mercados, pero nada garantiza que, sin tardar mucho, ellos vuelvan a las andadas y España, a estar en apuros.

En ese caso descubriremos - tarde, como siempre - que la operación de compra de deuda del BCE no tiene otro objetivo fundamental que el de trasvasar a la entidad europea los activos de dudoso cobro que actualmente están en manos de empresas financieras privadas. El beneficio que España recibe es meramente colateral y frágil; el que obtendrán los países que tienen vara alta en el Consejo del BCE es directo y sustancial.

Pura prestidigitación. ¿Es en pago a esta broma por lo que pueden endurecerse aún más las condiciones de vida de los españoles?

Pie de foto: Mario Draghi, el 'mago'.

Ricos y pobres, México y España

Entre los tres hombres más ricos del mundo, según el último índice Bloomberg, hay un mexicano (Carlos Slim, primer clasificado) y un español (Amancio Ortega, en tercera posición) . El segundo es el inevitable Bill Gates y el cuarto otro fijo, Warren Buffet, desplazado a esa posición por el gallego. ¿Cómo es posible que un país como México, con poco más de 15.000 dórales de renta per cápita, haya 'generado' al hombre más rico del mundo y España, con poco más de 30.000, al tercero de la lista? México, con buena parte de su población en el mínimo vital o por debajo de él, ocupa el puesto 64 en la clasificación mundial de la renta per cápita y España, el 25, que, tal como van las cosas no tardará en perder.

Diferencias tan abismales como las que se producen entre la renta media de españoles y mexicanos y las de los más ricos de sus compatriotas hablan con elocuencia insuperable de la injusticia y las deficiencias de sus estructuras político-sociales. En el caso de España, cuando la crisis concluya podremos asistir al hecho intolerable de que esas diferencias habrán aumentado hasta un nivel casi (o sin casi) mexicano. De eso van las 'soluciones' que se están aplicando a la crisis, de trasvasar gran parte de la renta de los ciudadanos al sector financiero, con el pretexto de que si no lo salvamos no nos salvaremos.

Rajoy y el "interés general"

 Rajoy se ha mostrado hoy sorprendentemente claro y firme en sus declaraciones a Onda Cero. Paradójicamente, tanta claridad y firmeza la ha destinado a desmentirse por enésima vez a sí mismo: los bancos SÍ serán rescatados con dinero público si ello fuera necesario para el "interés general". Le gustaría - dice tambièn - bajar los impuestos, pero "no puedo". Eso no parece tener nada que ver con un "interés general" tan particular como el que nos tiene a todos bajo la suela del zapato. Su 'firmeza' y 'claridad' no excluye, por otra parte, que alguna autonomía díscola o descuidada con el cumplimiento de las previsiones de déficit pueda ser intervenida.

Con tan inédita contundencia el presidente del Gobierno sólo intenta ocultar el hecho lamentable de que ni él ni su Gobierno rigen ya en absoluto la economía española, que está intervenida 'de facto', bajo los dictados del BCE, institución servil, a su vez, a los intereses del mercado. El patético Rajoy está finalmente en su salsa: obedeciendo y secundando con aparente energía y entusiasmo las decisiones ajenas, que es lo que ha demostrado saber hacer mejor hasta la fecha. 

Colateralmente puede deducirse - ante la ausencia de toda alusión al crecimiento - que el BCE y el núcleo duro de la UE descartan que la elección de Hollande en Francia - que ya preveían - vaya a alterar esencialmente el estado de cosas actual. Así se deduce de la proximidad en el tiempo entre las 'claras' declaraciones de Rajoy y la reciente cumbre del BCE en Barcelona, que fue precedida significativamente por la visita de herr Schaüble. En la comparecencia que éste hizo junto a un De Guindos con cara de circunstancias y forzada sonrisa ambos aseguraron que era posible conciliar el control del déficit y el crecimiento económico. Es obvio que, al menos en lo que respecta a España, ninguno de los dos lo creía viable.

Maíz transgénico y olé

España, con 80.000 hectáreas de cultivo, supera la producción total de maiz transgénico del resto de los países de la UE. Bruselas había limitado su permiso de cultivo a la patente de Monsanto denominada MON810, pero Alemania lo prohibió en 2009. 

Francia acaba de reintroducir la moratoria que había establecido sobre este cultivo y que fue rechazada, primero judicialmente a instancias de la multinacional estadounidense, y más tarde por el Consejo de Estado. El Gobierno galo pidió en febrero a la Comisión Europea que suspendiera el permiso basándose en "los últimos estudios científicos y en una notificación de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) del pasado diciembre, que demuestran que el cultivo de ese maíz presenta riesgos importantes para el medio ambiente".

Aquí, en España, se mantiene la tradición de tragar con todo, mientras los medios silencian que la cuarta parte del maíz que se produce ha sido manipulado genéticamente.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (y IV)

Tal vez como consecuencia de que el decreto-ley de la reforma laboral tiene tantos y tan diversos y polémicos aspectos casi se ha pasado por alto subrayar uno de los más significativos y susceptibles de controversia. Se trata de la potenciación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación 'colaboradoras' con el Servicio Público de Empleo, lo que constituye, de modo implícito, una crítica y una desautorización de éste, que "sólo" logra emplear a un 3% de los parados subsidiados (como si en tiempos de crisis como los que vivimos fuera posible mucho más).

¿A alguien le parece casual o meramente anecdótico que la memoria económica de la reforma introduzca, de modo más o menos claro, críticas a la labor de los médicos de la Seguridad Social, a los jueces de lo social y a los sevicios del INEM? No lo es absoluto. A los empresarios y a los economistas y financieros 'neoliberales' (personalmente prefiero la expresión 'ultraliberales') les molestan el Estado y sus 'intromisiones'. Reclaman en todos los meridianos del mundo la menor cantidad posible de Estado, salvo cuando se trata de que les ayude a salir con bien de sus propios errores con  dinero público (es decir, con el dinero de todos), por supuesto.

Introducir a las ETT (en lo sucesivo Empresas Tratantes de Trabajadores) en funciones que hasta ahora competían en exclusiva a la Administración les convierte en un 'caballo de Troya' nada inocuo de lo privado en lo público. Y no sólo se les concede por este medio poder y dinero, sino que se deja en sus manos -en un nuevo gesto de constitucionalidad más que dudosa- la posibilidad de proveer de 'suplentes' a la Administración Pública y, llegado el caso (dado que los trabajadores de ésta han perdido su inmunidad por causa de la crisis) cubrir ciertas bajas sin ninguna supervisión, facilitando así el indeseable enchufismo que sigue siendo una enorme lacra en este país.

Una vez establecido que las medidas para la creación de empleo no van a reducir el paro, sino a aumentarlo y cambiarlo de manos parcialmente para maquillar así las estadísticas; una vez constatado que los únicos beneficiarios de la reforma laboral son los empresarios, no sólo por la desregulación que implica sino también por las subvenciones previstas; una vez evidenciado que la radical reducción del gasto público condena a áreas muy sensibles del bienestar social a una financiación insuficiente o a su carencia; una vez percibido que el aumento del desempleo y la reducción de los salarios contraen sensiblemente el consumo y en consecuencia la producción, bajan la recaudación de impuestos y los ingresos de la Seguridad Social sólo nos queda preguntarnos cuál es el juego.

Nuestros gobernantes no son tan idiotas -aunque algunos lo parezcan- como para no ser conscientes de que se han (y nos han) encerrado en un círculo vicioso perfecto, que está llevando y seguirá llevando a la ruina a servicios públicos esenciales y reduciendo el nivel de vida de los españoles y sus estandares sociales. En consecuencia la única conclusión posible es que tal actitud es deliberada; que lo que se persigue es la privatización de todo lo que sea posible privatizar, el desmantelamiento del estado de bienestar y la aceptación por parte de los trabajadores de todas las exigencias que se decida imponerles. En definitiva, so pretexto de la crisis, la deuda y las 'exigencias' de la globalización económica está en marcha, más que nunca, la 'doctrina del shock', de probada eficacia a la hora de doblegar las conciencias y alcanzar objetivos diferentes, mayores o ajenos a lo que causó el 'shock'.

El pasado está de regreso.

Foto: Imagen de Naomi Klein, junto a la portada de la edición en castellano de su obra.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (III)

La desregulación laboral contituye una 'retrovolución' (valga el neologismo) que nos remite a una época previa a la definición e implantación del Estado Social Democrático de Derecho, en el S. XIX. Éste se basa fundamentalmente en el principio de subsidiariedad, que establece la necesidad de que el Estado llegue -cuando sea preciso- allí donde no alcanza la iniciativa privada o donde el libre juego entre las fuerzas sociales y económicas se ve abocado a la confrontación permanente como consecuencia de los abusos del capitalismo salvaje.

Un diario nos recuerda hoy, muy oportunamente, que ya en 1889 el Código Civil compilado por Sagasta establece que "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Sagasta era un liberal, pero tenía la lucidez suficiente para apreciar que la ley del mas fuerte (económicamente) colisionaba violentamente con la respuesta del más fuerte numéricamente y que constituía una fuente permanente de conflictos e incluso un riesgo de revolución. Es Estado Social Democrático de Derecho, en defnitiva, no era un gesto humanista sino una inteligente respuesta de la burguesía a un estado de cosas que tendía al caos.

La derecha, el empresariado y el sector financiero español no parecen temer ninguna convulsión social y han desprovisto al Estado de buena parte de su responsabilidad subsidiaria en lo que respecta a los trabajadores, no así al capital. Esperan confiadamente una huelga general, que llegará sin duda, pero no creen que será tan general. La fuente de su confianza es el miedo de la clase trabajadora a perder aún más de lo que está perdiendo en la actual crisis económica, provocada por la codicia y la irresponsabilidad del capital financiero. ¿Aciertan? El tiempo lo dirá.

En cualquier caso este Gobierno de los empresarios mantiene y mejora su función subsidiaria precisamente respecto a la patronal. No se trata sólo de beneficiar al empresariado mediante el recorte de los derechos y de los salarios de los trabajadores sino que, además, se les prima con deducciones, exenciones y ayudas a cargo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y ello se hace -como nadie ignora- en un contexto en el que se considera prioritario reducir brutalmente el gasto público. 

Un ejemplo muy elocuente es la creación de un nuevo contrato 'indefinido' para los autónomos y las PYMES de menos de 50 trabajadores, que establece significativamente un periodo de prueba de un año para los menores de 30 años. Esas empresas se beneficiarán de una deducción fiscal de 3.000 € y si el trabajador contratado se hallaba en paro podrán sumar a esa cifra, durante un año, el 50% de la prestación que éste recibía. El trabajador, a su vez, podrá sumar a su sueldo el 25% de la prestación que percibía, lo que hace presumir que la retribución que los legisladores tienen 'in mente' es una basura. La pretensión que alimenta esta política no parece ser otra que maquillar las estadísticas del desempleo sin dejar de pagar, aunque de otro modo, las secuelas del paro. Hay que subrayar, por otra parte, que la nueva norma, tal como ha sido concebida, excluye de sus 'beneficios' a los trabajadores que hayan agotado la prestación.

Por otra parte, las bonificaciones específicas de la Seguridad Social beneficiarán prioritariamente a quienes contraten a jovenes de entre 16 y 30 años que estén inscritos como demandantes de empleo, que pueden llegar a deducir de la cotización hasta 3.600 € en tres años. Por lo que respecta a los parados de larga duración mayores de 45 años, que deberán llevar un año sin subsidio antes de su contratación, la bonificación para las empresas se eleva a 4.500 € en tres años. En este caso también parece evidente que lo que se persigue es maquillar la estadística, ahora a costa de los magros fondos de la Seguridad Social. Mediante esta subsidiariación selectiva el Gobierno entrega a las empresas subvenciones (lo son, aunque no reciban ese nombre) para que colaboren en el objetivo de mejorar -especialmente de cara al exterior- la imagen de España, que intenta lograr con ese parche 'mejorar' la realidad de un paro juvenil insostenible.

El beneficio para los trabajadores, salvo en casos personales y puntuales, es nulo. Mientras centenares de miles de personas desaparecen como perceptoras del subsidio de desempleo se espera que otros centenares de miles logren un trabajo misérrimo y en muchos casos temporal. El paro aumentará inevitablemente, pero las estadísticas -al menos en teoría- mejorarán. Eso es lo único que parece interesarle a este Gobierno.

Pie de foto: 57 ciudades españolas fueron hoy escenario de manifestaciones de protesta contra la reforma laboral. La de Madrid, según los organizadores, reunió a medio millón de personas.

Continuará.

El 'cambio' del PP, o el circulo vicioso perfecto (II)

Antes, durante y después de la campaña electoral que condujo al PP al poder por mayoría absoluta el ahora presidente, Mariano Rajoy, mantuvo en riguroso secreto sus planes de reforma laboral, pero ocasionalmente se vio impelido a tranquilizar a la población descartando las sospechas crecientes sobre el contenido real de su agenda oculta. Y lo hizo mintiendo con absoluta impavidez al menos en dos cuestiones puntuales: una, en positivo, al asegurar con insistencia que la creación de empleo era la prioridad máxima de su Gobierno y otra en negativo, al desmentir que se fuera a abaratar el despido.

La magnitud y contenido de la reforma laboral finalmente desvelada pone en evidencia la falsedad de Rajoy, lo que no le ha impedido, tras su aprobación, sumar una nueva mentira, al afirmar que la regresiva legislación "quita poder a los empresarios". Lo que se concluye del análisis de los cambios implantados es justamente lo contrario, y además la lectura de la memoria económica enviada al Congreso en relación con la reforma laboral exuda un prejuicio peyorativo hacia los trabajadores, expresado con insultante elocuencia cuando se afirma que "al ser (hasta ahora) el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo". No se puede emitir un sofisma más grosero ni tan delatador del clasismo que alienta esta reforma. Los empresarios, sin embargo, están fuera de todo cuastionamiento. Son seres angélicos, interesados sólamente en el mayor beneficio para la economía nacional.

Lo cierto es que el decreto-ley no sólo abarata los costes del despido en una tercera parte respecto a lo establecido hasta ahora, sino que la carga de la prueba en caso de litigio se invierte respecto a lo usual: será el trabajador quien deba demostrar su improcedencia, no la empresa quien pruebe su procedencia. Ese abaratamiento no sería tan grave y depredador como realmente es si la reforma no incluyera una revisión radical de las causas objetivas (presuntamente) para el despido procedente. A las ya conocidas y siempre polémicas razones vigentes hasta ahora se suma la reducción de los ingresos de la empresa -difícilmente fiscalizable en muchos casos- durante tres trimestres consecutivos, aunque dicha reducción no suponga la entrada en pérdidas.

La nueva normativa aún va más lejos en el cuestionamiento no sólo de la buena fe de los trabajadores sino de la fiabilidad de los médicos (*) al convertir en motivo de despìdo las bajas justificadas que se produzcan en el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año. Es imposible no ver en esta norma una puerta abierta de par en par a los atentados impunes contra el derecho a la salud y a la integridad física y moral aludidos en los artículos 15, 40 y 41 de la Constitución.

Obviamente esta normativa no persigue en absoluto la creación de empleo. Su primera consecuencia, a corto plazo, va a producir más paro y a más largo plazo hará el empleo aún más precario y los salarios más bajos, en la medida en que el panorama descrito es complementado con la eliminación práctica de la vigencia general de los convenios colectivos de sector, que serán sustituidos en la mayor parte de las empresas por pactos entre empresarios y trabajadores, lo que deja en manos de aquellos fijar los salarios en virtud del principio "aquí tienes lentejas...". Esto es, sin duda, lo que Rajoy califica como "pérdida de poder" empresarial.

En realidad lo que queda establecido con claridad meridiana es que la reforma laboral tiene como único objetivo satisfacer las demandas 'históricas' de los empresarios y beneficiar en exclusiva sus intereses mediante el trasvase fáctico de un parte sensible de las rentas del trabajo al capital. A los trabajadores no sólo se les expropian derechos establecidos a través de una larga jurisprudencia sino también dinero, como si les hubiese sobrado alguna vez. En toda la historia de España no se ha producido, por vía legal, una incitación tan clara como esta a la alteración de la paz social.

En un próximo capítulo analizaremos las consecuencias -deliberadas- que subyacen en la implantación del 'nuevo orden' laboral porque lo cierto es que existe un 'programa máximo', una agenda aún más oculta de lo que han estado las 'reformas estructurales' del Partido Popular falsamente  orientadas a la creación de empleo.

(*) La memoria económica que acompaña al decreto-ley no sólo descalifica a trabajadores y médicos. También los jueces de lo social se llevan lo suyo:  «los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente», afirma el texto.


Pie de foto: Mariano Rajoy, mentiroso contumaz.

Continuará.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (I)

La Constitución española, en su artículo 35.1, establece que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Eso dice la letra, pero la práctica real ha sido hasta la fecha más bien su antítesis.

Veamos:

1.- El derecho universal al trabajo que establece la Carta Magna ha sido siempre, al menos en España, una utopía inalcanzable, dado el elevadísimo nivel de 'paro estructural' que se arrastra incluso en tiempos de bonanza económica. En diciembre de 2007, antes del estallido de la crisis económica, se elevaba al 8,6%, el más elevado de la UE después de Eslovaquia. Ese hecho, que es la evidencia de un fracaso político, económico y social propio de un país subdesarrollado, solía ser minimizado y frivolizado cínicamente con argumentos tales como el fraude perpetrado por trabajadores que perciben el subsidio de desempleo mientras 'trabajan' de modo irregular, convirtiendo así lo que es excepcional en la regla que todo lo explica. Eso evitaba cuestionarse la incidencia en el cómputo de ese índice del exceso de trabajos con contrato temporal en casi todos los sectores y del tradicional componente estacional en el empleo agrícola o los dependientes del turismo, así como las consecuencias del cambio tecniológico. En la mayor parte de los países de la UE ha sido necesaria la gravísima crisis económica actual para que alcancen o sobrepasen levemente lo que en España era una rutina vergonzante a la que nadie prestó nunca la necesaria atención.

2.- "La libre elección de profesión u oficio", otro de los derechos incuestionables establecidos en el artículo 35 de la Constitución, se ha convertido con el paso del tiempo en un eufemismo risible. Por un lado la educación que se imparte está muy escasamente relacionada con la variedad proliferante de profesiones u oficios a desarrollar en estos tiempos y por otro, los filtros que la Universidad española utiliza para que sus alumnos puedan optar a unos estudios u otros -basados fundamentalmente en el expediente académico previo- no son garantía de nada. El desajuste entre la oferta educativa y la demanda empresarial sigue siendo lamentable, pero aún lo es más la insuficiencia de los criterios de selectividad.

3.- En lo que respecta al derecho del trabajador/a "a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia", se diría imaginado desde alguna Arcadia feliz completamente ajena a la realidad. El subempleo es una experiencia cotidiana para una enorme cantidad de universitarios (o no universitarios), unos forzados por la falta de oferta del mercado laboral para su especialidad específica, otros contratados en los niveles salariales inferiores -con frecuencia tras un contrato de trabajo en prácticas- para realizar responsabilidades y funciones superiores. La "promoción a través del trabajo" es frecuentemente algo más parecido al meritoriaje del ancestral sistema gremial que a lo que sería exigible en el siglo XX!.

Si hemos de referirnos ahora al derecho a la "remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia" ha de ser reprimiendo las ganas de gritar. Los 641,40 euros mensuales (o 21,38 € diarios) -no revisados este año, por primera vez en la historia- del salario mínimo interprofesional (SMI) suponen un insulto y una negación clara de la letra y el espíritu de la Constitución. España, la "octava potencia económica del mundo" -si es que sigue siéndolo-, está a la cola de la UE en este concepto, ignorando la recomencación de la Carta Social, aprobada por el Parlamento Europeo, que recomienda que este índice se fije en el 60% de la media real de los salarios en todo el Estado.

4.- El último aspecto al que alude el artículo 35 de la Constitución -que "en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo"- es otro ejemplo de incumplimiento flagrante. Todavía hoy son muchas las mujeres que, a igual trabajo, perciben remuneraciones inferiores a las de sus compañeros varones sin razón ninguna; que son vetadas para puestos de mayor responsabilidad aunque tengan más experiencia y capacidad; que ven amenazado su puesto de trabajo en el caso de que queden embarazadas y a las que se dificulta por sistema la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Este repaso apenas enunciativo da cuenta de la situación real hasta la fecha del ejercicio del derecho al trabajo y sus adyacentes establecidos en la Constitución de nuestro país. Bastante lamentable, como se ve, y sin embargo, tras las reformas aprobadas por el Gobierno, pronto será objeto de añoranza general.

Este artículo sólo pretende ser una introducción -necesaria, como se verá más adelante- a una serie que abordará las perspectivas socioeconómicas de futuro a la luz del 'cambio' que el Partido Popular, con su mayoría absoluta y poderosas complicidades políticas, corporativas y mediáticas, se propone implantar en exclusivo beneficio de la casta empresarial y de los intereses financieros interiores y exteriores.

Continuará.

Foto: Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

Zapatero cierra el círculo con una traición

Por si faltasen evidencias acerca de la cesión de soberanía que España viene asumiendo como consecuencia de la crisis económica, ahora, al final de una legislatura agónica, surge la guinda que corona un pastel amargo e indigerible y que es totalmente ajena a la economía: Zapatero no sólo acepta el escudo antimisiles que rechazaba en 2001, cuando Aznar lo avalaba, sino que aprueba, como consecuencia, un aumento muy notable de la presencia militar estadounidense en España: cuatro destructores y 1,400 militares, un total de 3.400 personas. .

Tal decisión ha sido tomada deliberadamente a espaldas del Parlamento español. El momento elegido, con la legislatura concluida, no tiene nada de casual. Y no se trata de que exista temor alguno a que no se apruebe (la medida ha sido consensuada con el PP). De lo que se trata es de hurtar al debate un asunto crucial, que altera el statu quo vigente, y cuya transcendencia es absurdamente minimizada por nuestro patético presidente. Según Zapatero, la regresión que supone este aumento de la presencia militar estadounidense no implica la colaboración con futuras operaciones de ataque como las de Irak o Afganistán. El escudo antimisiles, según este falso ingenuo, tiene un carácter "disuasorio y defensivo" y como consecuencia "no va contra nadie".

El engendro estratégico denominado escudo antimisiles tiene una larga historia. Ya en los años 80 Reagan amenazó con establecerlo, pese a que un claudicante y obviamente sincero Gorbachov le explicó hasta la saciedad en Reikiavik (1986) que nada estaba más lejos de los propósitos de la URSS que seguir alimentando la carrera armamentística, dadas las proporciones caóticas de su situación económica. Años más tarde, bajo la influencia de Donald Rumsfeld, un 'halcón' vinculado a los intereses de la gigantesca industria armamentística y enquistado en el poder desde los tiempos de Nixon, fue resucitado por George W. Bush en 2001. La mayoría de los países que debían 'sostener' el escudo lo rechazaron entonces, pues lo veían como una reactivación de la carrera armamentística.

Aunque es Rusia la más preocupada -y también indignada- por la sorpresiva escalada, Estados Unidos y su vergonzante apéndice europeo, la OTAN, insisten en asegurar que la iniciativa tiene como fin la prevención de posibles ataques por parte de los 'estados canallas' ('rogue states', según la terminología del Pentágono), entre los que destacan por su supuesta capacidad ofensiva Irán y Corea del Norte. Ninguno de ellos, sin embargo, tiene ni tendrá en mucho tiempo la tecnología necesaria para amenazar los objetivos que el escudo europeo dice defender. La implantación del 'escudo' en Polonia, República Checa, Rumanía o Turquía, países fronterizos con Rusia, deja poco lugar a dudas sobre su finalidad.

Si como se suele decir no hay mejor defensa que un buen ataque, no es menos cierto que no hay mejor ataque que aquel que neutraliza la respuesta previsible, el contraataque. El carácter disuasorio que Zapatero atribuye a este rearme, que "no va contra nadie" y al que España va a contribuir sin pasar el lógico trámite parlamentario se cae por su propio peso. La posibilidad de atacar impunemente es una tentación diabólica, difícil de resistir para quienes se han empeñado en regir en su propio interés el llamado nuevo orden internacional.

Para España este compromiso supone un nuevo paso en la dirección equivocada, un retroceso abismal, una sumisión que reduce aún más drásticamente la soberanía nacional, puesta en cuestión más allá de todo lo previsible por la crisis económica y los dictados exteriores en relación con ella. En cuanto a Zapatero, no se puede cerrar el círculo de una manera más contradictoria y patética. El hombre que empezó su andadura retirando las tropas españolas en Irak en respuesta al clamor popular -aunque aumentando la participación militar en Afganistán- se rinde ahora a los intereses estratégicos de Estados Unidos en un gesto que se nos quiere vender como una mayor implicación de Europa en su autodefensa.

"¡No nos defraudes!", le gritaban los jóvenes que se habían echado a la calle contra la guerra de Irak primero y contra la gigantesca mentira del PP sobre la autoría del ataque terrorista 11-M en vísperas electorales. "No lo haré", respondía él. Lo que ha hecho finalmente es más que un fraude, ha consumado algo mucho peor: una traición.

Los papeles de 'Wikileaks', mucho más que cotilleos

La difusión por parte de 'El País' del contenido de los 250.000 documentos acopiados por Wikileaks sobre la actuación de la diplomacia estadounidense en diversos escenarios exteriores -entre ellos España- da detalles inéditos y abochornantes acerca de la habitual injerencia de EE UU en la política de otros países. Como se suele decir, "el infierno está en los detalles" y el conjunto de los documentos que están siendo desvelados abunda en ellos. Son los que pide -hasta lo inquietante- Washington: datos antropométricos, salud, hábitos de vida, tarjetas de crédito... Y los que sus legaciones se afanan en recopilar.

La injerencia toma, por su aparente 'naturalidad', la desenvuelta apariencia de normalidad, pero no es natural ni normal en absoluto. Una cosa es recabar información o plantear reclamaciones concretas al Gobierno y otra muy diferente -como en el caso concreto de España- sondear y presionar al poder judicial (a través de fiscales y jueces) en relación con contenciosos delicados que afectan a Estados Unidos, como el asesinato de José Couso en Bagdad, el destino de los presos ilegales de Guantánamo o los vuelos secretos de la CIA.

El poder judicial es, por definición constitucional independiente, por lo que los contactos entre representantes oficiales de un país extranjero y sus miembros nacionales en relación con asuntos que afectan a ese país es, en el mejor de los casos, impropio y en el peor, ilegal. En cualquier caso, puede calificarse -sin hipérbole- de denigrante para España, que es tratada como un país bananero sin que su Gobierno se atreva a poner las cosas en su sitio.

La Fiscalía General del Estado o los fiscales de la Audiencia Nacional no tienen por qué informar a Estados Unidos acerca de sus propósitos o de las perspectivas probables de un asunto determinado. Y menos aún los jueces. El desconsuelo de la legación de Washington por la salida de Fungairiño, calificado como "interlocutor de gran valor", de la Audiencia Nacional es tan expresivo como inquietante. ¿Qué significa exactamente la calificación de "estrictamente protegido" que la embajada aplica al polémico fiscal?

Por otra parte, ¿cómo cabe interpretar que el ex embajador, Eduardo Aguirre (en la foto), le espete al jefe del Departamento de Política y Seguridad del Gabinete de Presidencia, asesor de Zapatero, que se le está "acabando la paciencia"? ¿Es ese el 'último grito' en el lenguaje diplomático o el de un matón mafioso?

Hay motivos sobrados para hacerse preguntas candentes a raiz de las revelaciones que están surgiendo del análisis de los 250.000 documentos que llegaron a poder de Wikileaks. No son cotilleos banales, como han dado en decir algunos, tal vez envidiosos de la suerte de 'El País', sino un material que es necesario conocer para reubicar a España en el mundo y velar en lo sucesivo para que las injerencias relatadas hoy no persistan en el futuro.

A propósito de esa actitud minimizadora, algunos medios quedan manifiestamente con el culo al aire. El paradigma de la falta de profesionalidad lo ofrece, una vez más, 'El Mundo', que ha decidido mantener prácticamente 'in albis' a sus lectores. El primer día, desde Washington, el corresponsal, en una breve información, calificaba como "insulso" el contenido de la filtración. Hoy, su cosmopolita columnista Arcadi Espada lo describe como "humo de chusma" (¿)

"No están maduras", dijo el zorro ante las uvas incalcanzables

Un juego siniestro

La economía española ha vivido una de las peores semanas desde que se inició la profunda crisis económica que vive el mundo a causa de la desregulación y la irresponsabilidad de las políticas ultraliberales. El ataque virulento de los mercados (liderado, como siempre, por la coalición de los 'hedge funds' más poderosos y agresivos) ha sido devastador para la Bolsa española y para algunos de sus valores más sólidos. La siempre oficiosa y sibilina información económica habla de un 'efecto contagio' -algo que por definición no existe- de la crisis irlandesa, y de 'falta de confianza' en la solidez de la economía española.

La 'confianza' o el 'temor' son, como nadie ignora, conceptos eminentemente subjetivos. No se basan en apreciaciones objetivas, aunque en el terreno económico lo pretendan, sino en expectativas supuestamente razonables (especulaciones) que, en el caso de la economía, son siempre interesadas y deliberadas. El temor, fundado o gratuito, hace que especular a la baja contra la deuda soberana o contra los valores más sólidos de un país como España sea un gran negocio a corto plazo, que es el modo en que este juego siniestro se está practicando.

El truco es tan barato como indecente, a la vista de la descripción del procedimiento que hoy hace 'El País Digital' por boca de un 'estratega'. En lo esencial, una coalición de fondos, "de gran tamaño" y sofisticación" vende una gran cantidad de títulos (muchos de ellos prestados) de entidades financieras teóricamente sólidas del país amenazado (en el caso español, Santander y BBVA, por ejemplo) generando un inmediato efecto de bajada al vender sus propios títulos otros muchos fondos de menor entidad, alarmados por el descenso. Los 'trileros' causantes de la alarma compran entonces el máximo de valores a la baja. Consuman así un doble beneficio: el reportado por las ventas a un buen precio y el que les reportará en un futuro próximo el aumento considerable de su cartera.de valores fiables adquiridos a bajo precio. El mismo procedimiento se utiliza contra la deuda o sus seguros (CDS).

Nada nuevo bajo el sol. En los anales de la codicia y la indecencia financiera figura como paradigma la maniobra de los Rothschild -primera banca multinacional- en la Bolsa de Londres a raíz de la batalla de Waterloo. Sabedores de la derrota de Napoleón procedieron exactamente como si hubiera sido Inglaterra la derrotada, precipitándose a vender un gran número de las acciones en su poder. El resto de los agentes, que sabían que Rothschild contaba siempre con buena información del continente, imitaron su actitud. Mientras tanto, agentes encubiertos de la banca falsaria se apresuraban, una vez consumada la bajada, a comprar a precios de saldo todo lo que se vendía, incluidas las que habían vendido.

A estas alturas de la historia tales actividades deberían estar severamente castigadas, en la medida en que constituyen una "maquinación para alterar el precio de las cosas", que, al menos en el Código Penal español, esta tipificada como delito. Sin embargo, la impunidad y el abuso son la regla, al igual que ocurre con el abuso -habitual- de información privilegiada, conocido en muchos casos e ignorado casi siempre. Mientras tanto, el G-20 no acaba de llegar a acuerdos -apenas enunciados- que pongan fin a la anarquía, seguramente a la espera de que las cosas mejoren y la cirugía parezca innecesaria. La presión de los mercados y de la banca es formidable y la cobardía política paraliza cualquier medida por miedo a su reacción.

Por otra parte, en un contexto económico globalizado la capacidad de maniobra de los estados y de las entidades financieras nacionales para neutralizar o mitigar las adversidades es muy limitada, especialmente cuando, como en el caso de España, no se dispone de una moneda propia ni se puede adoptar una política económica determinada sin la aprobación de la UE. A fin de cuentas el ataque especulativo tiene como objetivo el euro más que las economías nacionales, aunque éstas sean las damnificadas en primera instancia.

Atribuir a Zapatero y a la política económica del Gobierno la culpa exclusiva de la 'desconfianza' de los mercados es estúpido además de injusto. La especulación está atacando a los países más débiles del Euro, que no lo son por errores recientes sino por debilidades estructurales seculares. Sólo Irlanda tiene un pecado complementario: a su debilidad económica tradicional une el haber abrazado con un excesivo e irreflexivo entusiasmo las políticas económicas liberales. Su hinchazón artificial, como la de Islandia, se han desinflado aún más rápido de lo que se crearon. El tigre celta ha resultado ser un gatito encaramado en un árbol demasiado alto.

España no tardará en aplicar las impopulares reformas que habían sido aplazadas (tal vez para no contaminar las elecciones catalanas) y que el PP ha convertido en su 'caballo de batalla', fuente de todas las desautorizaciones al Gobierno y causa -según él- de la 'desconfianza' de los mercados. Zapatero ha elegido, para sentirse respaldado en esa grave decisión, la fórmula de una reunión con los directivos de las 37 empresas más importantes del país, obviamente favorables a esas reformas.

Con la experiencia adquirida, cualquiera puede intuir que tales medidas no van a frenar la especulación contra España. Si los 'hedge funds' creen que especular contra España es un buen negocio seguirán haciéndolo y si llega el momento en que la UE tiene que ‘salvar’ a España con un torrente de millones de euros darán zapatetas de alegría porque buena parte de ese dinero irá a parar a sus manos.

¿No es éste un sistema enfermo e insostenible? ¿Qué más datos hacen falta para que el G-20, el FMI y los bancos nacionales de todo el mundo pongan fin a esta orgía frenética que convierte a los ciudadanos en esclavos de la arbitrariedad y la codicia durante décadas?

Breve

Chantaje por el Sahara.- Por muchos subterfugios que intente, al Gobierno español le resulta imposible explicar su actitud respecto a Marruecos en relación con las demandas de independencia de la población saharaui. El chantaje marroquí es permanente y la amenaza se explicita con frecuencia mediante protestas relacionadas con las plazas de Ceuta y Melilla, las más recientes promovidas por una supuesta Coordinadora de la Sociedad Civil (sic). El truco indecente y cobarde de movilizar a los civiles es una táctica recurrente e intolerable de nuestro "socio estratégico" que no debería justificar el silencio cómplice ante sucesos brutales como los de El Aaiun. Si, como suele decirse, España y Marruecos están condenados a entenderse no debe ser sobre la sangre de los saharuis.

Breve

Demagogia económica.- Hace algunas semanas, en el programa televisivo '59 segundos', el economista David Taguas me dejó alucinado al afirmar que la única manera de mejorar la productividad es bajar los salarios. Taguas es presidente de SEOPAN, poderoso lobby de la construcción al que pasó directamente desde la Oficina Económica del presidente del Gobierno (bajo Zapatero). Paradojas curriculares aparte, que un economista doctorado confunda el concepto complejo de productividad con el concepto simple de rentabilidad sólo puede ser un acto deliberado y, por supuesto, demagógico. Dado que vivimos en plena ceremonia de la confusión sobre las crisis, sus causas y sus soluciones, este artículo de Justo Zambrana debería ser de lectura ineludible frente a tanta demagogia barata, tanta manipulación interesada y tanta mentira para uso de crédulos legos.