Vergüenzas nacionales

Fueron en su día dos vergüenzas superlativas, dos jornadas inolvidables por sus connotaciones de exceso. En la primera de ellas, el 22 de enero de 2005, un ministro de un Gobierno democrático -José Bono, responsable de Defensa-, fue agredido verbal y físicamente en el curso de una manifestación contra el terrorismo convocada por la AVT e instrumentalizada políticamente por el PP contra el Ejecutivo.

Tres días más tarde, la Policía detuvo y puso en libertad a dos militantes del partido de la oposición de la localidad madrileña de Las Rozas que aparecían en algunas imágenes en las que se recogía el incidente en actitud aparentemente agresiva.

En la segunda jornada de vergüenza, el 8 de mayo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid condenó por la 'detención ilegal' de los militantes del PP a tres policias a severas penas de cárcel y con especial dureza a Rodolfo Rubio, comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid (cinco años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación).

Ningún personaje relevante del PP ha salido a la palestra todavía, a estas horas, para dignarse comentar la noticia, conocida ayer, de que el Tribunal Supremo ha anulado la condena de la Audiencia Provincial de Madrid. Ni Rajoy, ni Acebes, ni Zaplana, ni Astarloa, ni tantos otros de gatillo rápido para disparar insidias contra el Gobierno se ha dignado cumplir con esta obvia obligación política.

Se escudan, sin duda, en el hecho de que no se conoce todavía el contenido del fallo, pero no cabe esperar por su parte ninguna señal de contrición sea éste cual sea. No van a disculparse, como el Gobierno les pide, porque carecen de la caballerosidad, los escrúpulos y el sentido del ‘fair play’ necesarios para ello, como han evidenciado en numerosas -demasiadas- ocasiones. Sólo el portavoz adjunto de Interior del partido, Alejandro Ballestero, creyó oportuno ayer responder en caliente a las contundentes declaraciones que Bono hizo a raiz de conocer la sentencia.

Al principio me refería sólo a dos vergüenzas, pero lo cierto es que las aludidas sólo son las dos cumbres más destacadas dentro de un panorama repulsivo. El PP, que calificó de ‘política’ la detención de sus militantes, aprovechó para pedir la dimisión del ministro del Interior (el que hoy lo es de Defensa, José Antonio Alonso); el diputado Martínez-Pujalte desacató reiteradamente al presidente del Congreso y fue expulsado tras ser amonestado por tres veces y pedir él que viniera la Policía a detenerle; los diputados populares de la Asamblea de Madrid se presentaron en el pleno exhibiendo esposas y pidiendo ser detenidos… y el Delegado del Gobierno (que hoy culpa a Esperanza Aguirre) presentó su dimisión, aún consciente de que no había motivo para ello. Ver comentario de La Espiral sobre aquellas fechas.

La sentencia del Supremo restituye ahora la confianza en la Justicia, aunque sólo muy limitadamente mitiga el daño sufrido por los tres funcionarios condenados. Y cabe preguntarse si va a tener fin algún día la instrumentalización política de los jueces y de las instituciones judiciales. Ahora mismo hay varios responsables policiales imputados por falsedad en relación con el chusco caso del ‘acido bórico’. El juez Garzón, que había imputado previamente a los peritos, hubo de solicitar el amparo del CGPJ ante las críticas a su actuación por parte del PP y sus apoyos mediáticos. Y no lo obtuvo con el peregrino pretexto de que el propio juez se bastaba para defenderse.

Esto, lamentablemente, no ha terminado. Basta considerar que el Estatuto catalán, aprobado en referéndum, está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PP, que ha recusado con éxito a uno de sus jueces.

¿Cuándo terminará esta secuela de vergüenzas nacionales? La respuesta la tiene el Partido Popular, hoy enmudecido.

Nota de alcance (19,30 h.): Finalmente sí ha habido una 'figura' del PP que ha dicho esta boca es mía respecto al fallo del Tribunal Supremo. El nunca bien ponderado ex ministro del Interior, Ángel Acebes, se ha atrevido a afirmar, nada menos, que el Gobierno y el PSOE tenían que haber salido ayer a pedir perdón “a los dos militantes del PP, que fueron detenidos de manera antidemocrática, y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo”. Inefable cinismo.

A los afectados de 'acebesfobia', mal al parecer incurable desde el 11-M, les recomiendo que se mantengan alejados de la televisión y la radio, así como de la completa información que proporciona la agencia EFE sobre la argumentación alucinante que realiza el secretario general del PP. Es altamente patógena.

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Por la 'resurrección' de Montesquieu

Cuando, recientemente, el Poder Judicial exigía el debido respeto a sus decisiones y afirmaba su absoluta independencia de cualquier otro poder estaba reclamando de la sufrida ciudadanía española un acto de fé (que es creer lo que no vimos) contrario a puntuales evidencias. Desde el momento en que -por ley- determinadas instituciones jurisdiccionales claves conforman su composición de acuerdo con la del Parlamento su independencia no sólo es cuestionable. Es imposible.

En su momento, el jactancioso y pedante Alfonso Guerra (el mismo que, travestido en Evita, afirmó que su partido era el de los ‘descamisados’) sentenció “Montesquieu ha muerto”. Con ello aludía inequívocamente a la eliminación de la separación de poderes sin pararse a considerar -al parecer- que una democracia sin una separación de poderes verosímil es, cuando menos, una democracia discutible.

Ahora nos hallamos de nuevo ante una de las consecuencias lamentables de la ‘muerte de Montesquieu’: la recusación del juez del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps para intervenir en la votación sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, exigida por el PP y aprobada anoche por el TC, donde los representantes conservadores están empatados con los progubernamentales. Al no poder votar el propio recusado se consumó la recusación.

El argumento para cuestionar la independencia de Pérez Tremps no puede ser más frágil. En su momento (año 2003) la Generalitat le encargó un informe académico (o pericial) sobre la política exterior autonómica a la luz de la Constitución. El estudio se dilató en el tiempo y finalmente lo pagó quien no lo encargó: el tripartito catalán. He ahí la ‘prueba del delito’.

¿Si un órgano de la transcendencia del Tribunal Constitucional concluye la falta de independencia de uno de sus miembros en una cuestión concreta no está cuestionando su independencia a todos los efectos? ¿Puede ese mismo Tribunal seguir afirmando su propia independencia y exigiendo fe a los ciudadanos?

¿Puede la ciudadanía confiar en la independencia partidista del Tribunal Supremo cuando sus jueces son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos -como los del TC- de acuerdo con los resultados en las urnas? Que lo haga quien tenga fe ciega, total desinformación o partidismo absoluto.

La cúpula judicial española sigue controlada por los miembros que deben su presencia en ella a la mayoría absoluta del Partido Popular y éste hace cuanto puede para dificultar su renovación y conservar ese decisivo reducto de poder. Dado el enrocamiento del PP en una oposición sucia y desleal, de noes sistemáticos, gratuitos alarmismos y rotundas mentiras, lo que toda esta situación está poniendo en cuestión ante los ojos crecientemente escépticos de los ciudadanos es la credibilidad de nuestra democracia.

En ese contexto no es sorprendente que la vicepresidenta del Gobierno, que procede de altas responsabilidades en la judicatura y siempre ha expresado su respeto a las decisiones que de ella proceden, haga una denuncia tan contundente como la que hoy ha formulado contra el Partido Popular. Fernández de la Vega ha denunciado la insistencia de los ‘populares’ en “pervertir” el funcionamiento del Estado de Derecho, en poner en duda a las instituciones con fines partidistas y en resucitar la “estrategia del ruido” para confundir a los ciudadanos.

Todo indica que al juez Pérez Tremps no le queda otra salida coherente que dimitir, a la vista del gravísimo cuestionamiento de su independencia que han formulado, junto al principal partido de la oposición, seis de sus compañeros en el TC. Dado que su puesto es uno de los dos que decide directamente el Gobierno, éste quedará así en libertad para nombrar otro.

Frente a esa posibilidad más que razonable el inefable Zaplana, que considera la recusación como un triunfo de la democracia, se ha precipitado a decir que no cree que el Ejecutivo “se atreva a tanto” porque sería impropio de un sistema democrático. Como diría su no menos inefable compañero Trillo, ¡manda huevos!

Volviendo al principio: lo que está sucediendo es muy grave, tan grave que exigiría la urgente resurrección de Montesquieu, el restablecimiento de la división de poderes que precisa la credibilidad democrática. Sólo hay un problema y no pequeño. Tal reforma requeriría un consenso general del que no podría estar ausente el Partido Popular.

Apaga y vámonos.

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