El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (y IV)

Tal vez como consecuencia de que el decreto-ley de la reforma laboral tiene tantos y tan diversos y polémicos aspectos casi se ha pasado por alto subrayar uno de los más significativos y susceptibles de controversia. Se trata de la potenciación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación 'colaboradoras' con el Servicio Público de Empleo, lo que constituye, de modo implícito, una crítica y una desautorización de éste, que "sólo" logra emplear a un 3% de los parados subsidiados (como si en tiempos de crisis como los que vivimos fuera posible mucho más).

¿A alguien le parece casual o meramente anecdótico que la memoria económica de la reforma introduzca, de modo más o menos claro, críticas a la labor de los médicos de la Seguridad Social, a los jueces de lo social y a los sevicios del INEM? No lo es absoluto. A los empresarios y a los economistas y financieros 'neoliberales' (personalmente prefiero la expresión 'ultraliberales') les molestan el Estado y sus 'intromisiones'. Reclaman en todos los meridianos del mundo la menor cantidad posible de Estado, salvo cuando se trata de que les ayude a salir con bien de sus propios errores con  dinero público (es decir, con el dinero de todos), por supuesto.

Introducir a las ETT (en lo sucesivo Empresas Tratantes de Trabajadores) en funciones que hasta ahora competían en exclusiva a la Administración les convierte en un 'caballo de Troya' nada inocuo de lo privado en lo público. Y no sólo se les concede por este medio poder y dinero, sino que se deja en sus manos -en un nuevo gesto de constitucionalidad más que dudosa- la posibilidad de proveer de 'suplentes' a la Administración Pública y, llegado el caso (dado que los trabajadores de ésta han perdido su inmunidad por causa de la crisis) cubrir ciertas bajas sin ninguna supervisión, facilitando así el indeseable enchufismo que sigue siendo una enorme lacra en este país.

Una vez establecido que las medidas para la creación de empleo no van a reducir el paro, sino a aumentarlo y cambiarlo de manos parcialmente para maquillar así las estadísticas; una vez constatado que los únicos beneficiarios de la reforma laboral son los empresarios, no sólo por la desregulación que implica sino también por las subvenciones previstas; una vez evidenciado que la radical reducción del gasto público condena a áreas muy sensibles del bienestar social a una financiación insuficiente o a su carencia; una vez percibido que el aumento del desempleo y la reducción de los salarios contraen sensiblemente el consumo y en consecuencia la producción, bajan la recaudación de impuestos y los ingresos de la Seguridad Social sólo nos queda preguntarnos cuál es el juego.

Nuestros gobernantes no son tan idiotas -aunque algunos lo parezcan- como para no ser conscientes de que se han (y nos han) encerrado en un círculo vicioso perfecto, que está llevando y seguirá llevando a la ruina a servicios públicos esenciales y reduciendo el nivel de vida de los españoles y sus estandares sociales. En consecuencia la única conclusión posible es que tal actitud es deliberada; que lo que se persigue es la privatización de todo lo que sea posible privatizar, el desmantelamiento del estado de bienestar y la aceptación por parte de los trabajadores de todas las exigencias que se decida imponerles. En definitiva, so pretexto de la crisis, la deuda y las 'exigencias' de la globalización económica está en marcha, más que nunca, la 'doctrina del shock', de probada eficacia a la hora de doblegar las conciencias y alcanzar objetivos diferentes, mayores o ajenos a lo que causó el 'shock'.

El pasado está de regreso.

Foto: Imagen de Naomi Klein, junto a la portada de la edición en castellano de su obra.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (III)

La desregulación laboral contituye una 'retrovolución' (valga el neologismo) que nos remite a una época previa a la definición e implantación del Estado Social Democrático de Derecho, en el S. XIX. Éste se basa fundamentalmente en el principio de subsidiariedad, que establece la necesidad de que el Estado llegue -cuando sea preciso- allí donde no alcanza la iniciativa privada o donde el libre juego entre las fuerzas sociales y económicas se ve abocado a la confrontación permanente como consecuencia de los abusos del capitalismo salvaje.

Un diario nos recuerda hoy, muy oportunamente, que ya en 1889 el Código Civil compilado por Sagasta establece que "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Sagasta era un liberal, pero tenía la lucidez suficiente para apreciar que la ley del mas fuerte (económicamente) colisionaba violentamente con la respuesta del más fuerte numéricamente y que constituía una fuente permanente de conflictos e incluso un riesgo de revolución. Es Estado Social Democrático de Derecho, en defnitiva, no era un gesto humanista sino una inteligente respuesta de la burguesía a un estado de cosas que tendía al caos.

La derecha, el empresariado y el sector financiero español no parecen temer ninguna convulsión social y han desprovisto al Estado de buena parte de su responsabilidad subsidiaria en lo que respecta a los trabajadores, no así al capital. Esperan confiadamente una huelga general, que llegará sin duda, pero no creen que será tan general. La fuente de su confianza es el miedo de la clase trabajadora a perder aún más de lo que está perdiendo en la actual crisis económica, provocada por la codicia y la irresponsabilidad del capital financiero. ¿Aciertan? El tiempo lo dirá.

En cualquier caso este Gobierno de los empresarios mantiene y mejora su función subsidiaria precisamente respecto a la patronal. No se trata sólo de beneficiar al empresariado mediante el recorte de los derechos y de los salarios de los trabajadores sino que, además, se les prima con deducciones, exenciones y ayudas a cargo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y ello se hace -como nadie ignora- en un contexto en el que se considera prioritario reducir brutalmente el gasto público. 

Un ejemplo muy elocuente es la creación de un nuevo contrato 'indefinido' para los autónomos y las PYMES de menos de 50 trabajadores, que establece significativamente un periodo de prueba de un año para los menores de 30 años. Esas empresas se beneficiarán de una deducción fiscal de 3.000 € y si el trabajador contratado se hallaba en paro podrán sumar a esa cifra, durante un año, el 50% de la prestación que éste recibía. El trabajador, a su vez, podrá sumar a su sueldo el 25% de la prestación que percibía, lo que hace presumir que la retribución que los legisladores tienen 'in mente' es una basura. La pretensión que alimenta esta política no parece ser otra que maquillar las estadísticas del desempleo sin dejar de pagar, aunque de otro modo, las secuelas del paro. Hay que subrayar, por otra parte, que la nueva norma, tal como ha sido concebida, excluye de sus 'beneficios' a los trabajadores que hayan agotado la prestación.

Por otra parte, las bonificaciones específicas de la Seguridad Social beneficiarán prioritariamente a quienes contraten a jovenes de entre 16 y 30 años que estén inscritos como demandantes de empleo, que pueden llegar a deducir de la cotización hasta 3.600 € en tres años. Por lo que respecta a los parados de larga duración mayores de 45 años, que deberán llevar un año sin subsidio antes de su contratación, la bonificación para las empresas se eleva a 4.500 € en tres años. En este caso también parece evidente que lo que se persigue es maquillar la estadística, ahora a costa de los magros fondos de la Seguridad Social. Mediante esta subsidiariación selectiva el Gobierno entrega a las empresas subvenciones (lo son, aunque no reciban ese nombre) para que colaboren en el objetivo de mejorar -especialmente de cara al exterior- la imagen de España, que intenta lograr con ese parche 'mejorar' la realidad de un paro juvenil insostenible.

El beneficio para los trabajadores, salvo en casos personales y puntuales, es nulo. Mientras centenares de miles de personas desaparecen como perceptoras del subsidio de desempleo se espera que otros centenares de miles logren un trabajo misérrimo y en muchos casos temporal. El paro aumentará inevitablemente, pero las estadísticas -al menos en teoría- mejorarán. Eso es lo único que parece interesarle a este Gobierno.

Pie de foto: 57 ciudades españolas fueron hoy escenario de manifestaciones de protesta contra la reforma laboral. La de Madrid, según los organizadores, reunió a medio millón de personas.

Continuará.

El 'cambio' del PP, o el circulo vicioso perfecto (II)

Antes, durante y después de la campaña electoral que condujo al PP al poder por mayoría absoluta el ahora presidente, Mariano Rajoy, mantuvo en riguroso secreto sus planes de reforma laboral, pero ocasionalmente se vio impelido a tranquilizar a la población descartando las sospechas crecientes sobre el contenido real de su agenda oculta. Y lo hizo mintiendo con absoluta impavidez al menos en dos cuestiones puntuales: una, en positivo, al asegurar con insistencia que la creación de empleo era la prioridad máxima de su Gobierno y otra en negativo, al desmentir que se fuera a abaratar el despido.

La magnitud y contenido de la reforma laboral finalmente desvelada pone en evidencia la falsedad de Rajoy, lo que no le ha impedido, tras su aprobación, sumar una nueva mentira, al afirmar que la regresiva legislación "quita poder a los empresarios". Lo que se concluye del análisis de los cambios implantados es justamente lo contrario, y además la lectura de la memoria económica enviada al Congreso en relación con la reforma laboral exuda un prejuicio peyorativo hacia los trabajadores, expresado con insultante elocuencia cuando se afirma que "al ser (hasta ahora) el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo". No se puede emitir un sofisma más grosero ni tan delatador del clasismo que alienta esta reforma. Los empresarios, sin embargo, están fuera de todo cuastionamiento. Son seres angélicos, interesados sólamente en el mayor beneficio para la economía nacional.

Lo cierto es que el decreto-ley no sólo abarata los costes del despido en una tercera parte respecto a lo establecido hasta ahora, sino que la carga de la prueba en caso de litigio se invierte respecto a lo usual: será el trabajador quien deba demostrar su improcedencia, no la empresa quien pruebe su procedencia. Ese abaratamiento no sería tan grave y depredador como realmente es si la reforma no incluyera una revisión radical de las causas objetivas (presuntamente) para el despido procedente. A las ya conocidas y siempre polémicas razones vigentes hasta ahora se suma la reducción de los ingresos de la empresa -difícilmente fiscalizable en muchos casos- durante tres trimestres consecutivos, aunque dicha reducción no suponga la entrada en pérdidas.

La nueva normativa aún va más lejos en el cuestionamiento no sólo de la buena fe de los trabajadores sino de la fiabilidad de los médicos (*) al convertir en motivo de despìdo las bajas justificadas que se produzcan en el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año. Es imposible no ver en esta norma una puerta abierta de par en par a los atentados impunes contra el derecho a la salud y a la integridad física y moral aludidos en los artículos 15, 40 y 41 de la Constitución.

Obviamente esta normativa no persigue en absoluto la creación de empleo. Su primera consecuencia, a corto plazo, va a producir más paro y a más largo plazo hará el empleo aún más precario y los salarios más bajos, en la medida en que el panorama descrito es complementado con la eliminación práctica de la vigencia general de los convenios colectivos de sector, que serán sustituidos en la mayor parte de las empresas por pactos entre empresarios y trabajadores, lo que deja en manos de aquellos fijar los salarios en virtud del principio "aquí tienes lentejas...". Esto es, sin duda, lo que Rajoy califica como "pérdida de poder" empresarial.

En realidad lo que queda establecido con claridad meridiana es que la reforma laboral tiene como único objetivo satisfacer las demandas 'históricas' de los empresarios y beneficiar en exclusiva sus intereses mediante el trasvase fáctico de un parte sensible de las rentas del trabajo al capital. A los trabajadores no sólo se les expropian derechos establecidos a través de una larga jurisprudencia sino también dinero, como si les hubiese sobrado alguna vez. En toda la historia de España no se ha producido, por vía legal, una incitación tan clara como esta a la alteración de la paz social.

En un próximo capítulo analizaremos las consecuencias -deliberadas- que subyacen en la implantación del 'nuevo orden' laboral porque lo cierto es que existe un 'programa máximo', una agenda aún más oculta de lo que han estado las 'reformas estructurales' del Partido Popular falsamente  orientadas a la creación de empleo.

(*) La memoria económica que acompaña al decreto-ley no sólo descalifica a trabajadores y médicos. También los jueces de lo social se llevan lo suyo:  «los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente», afirma el texto.


Pie de foto: Mariano Rajoy, mentiroso contumaz.

Continuará.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (I)

La Constitución española, en su artículo 35.1, establece que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Eso dice la letra, pero la práctica real ha sido hasta la fecha más bien su antítesis.

Veamos:

1.- El derecho universal al trabajo que establece la Carta Magna ha sido siempre, al menos en España, una utopía inalcanzable, dado el elevadísimo nivel de 'paro estructural' que se arrastra incluso en tiempos de bonanza económica. En diciembre de 2007, antes del estallido de la crisis económica, se elevaba al 8,6%, el más elevado de la UE después de Eslovaquia. Ese hecho, que es la evidencia de un fracaso político, económico y social propio de un país subdesarrollado, solía ser minimizado y frivolizado cínicamente con argumentos tales como el fraude perpetrado por trabajadores que perciben el subsidio de desempleo mientras 'trabajan' de modo irregular, convirtiendo así lo que es excepcional en la regla que todo lo explica. Eso evitaba cuestionarse la incidencia en el cómputo de ese índice del exceso de trabajos con contrato temporal en casi todos los sectores y del tradicional componente estacional en el empleo agrícola o los dependientes del turismo, así como las consecuencias del cambio tecniológico. En la mayor parte de los países de la UE ha sido necesaria la gravísima crisis económica actual para que alcancen o sobrepasen levemente lo que en España era una rutina vergonzante a la que nadie prestó nunca la necesaria atención.

2.- "La libre elección de profesión u oficio", otro de los derechos incuestionables establecidos en el artículo 35 de la Constitución, se ha convertido con el paso del tiempo en un eufemismo risible. Por un lado la educación que se imparte está muy escasamente relacionada con la variedad proliferante de profesiones u oficios a desarrollar en estos tiempos y por otro, los filtros que la Universidad española utiliza para que sus alumnos puedan optar a unos estudios u otros -basados fundamentalmente en el expediente académico previo- no son garantía de nada. El desajuste entre la oferta educativa y la demanda empresarial sigue siendo lamentable, pero aún lo es más la insuficiencia de los criterios de selectividad.

3.- En lo que respecta al derecho del trabajador/a "a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia", se diría imaginado desde alguna Arcadia feliz completamente ajena a la realidad. El subempleo es una experiencia cotidiana para una enorme cantidad de universitarios (o no universitarios), unos forzados por la falta de oferta del mercado laboral para su especialidad específica, otros contratados en los niveles salariales inferiores -con frecuencia tras un contrato de trabajo en prácticas- para realizar responsabilidades y funciones superiores. La "promoción a través del trabajo" es frecuentemente algo más parecido al meritoriaje del ancestral sistema gremial que a lo que sería exigible en el siglo XX!.

Si hemos de referirnos ahora al derecho a la "remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia" ha de ser reprimiendo las ganas de gritar. Los 641,40 euros mensuales (o 21,38 € diarios) -no revisados este año, por primera vez en la historia- del salario mínimo interprofesional (SMI) suponen un insulto y una negación clara de la letra y el espíritu de la Constitución. España, la "octava potencia económica del mundo" -si es que sigue siéndolo-, está a la cola de la UE en este concepto, ignorando la recomencación de la Carta Social, aprobada por el Parlamento Europeo, que recomienda que este índice se fije en el 60% de la media real de los salarios en todo el Estado.

4.- El último aspecto al que alude el artículo 35 de la Constitución -que "en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo"- es otro ejemplo de incumplimiento flagrante. Todavía hoy son muchas las mujeres que, a igual trabajo, perciben remuneraciones inferiores a las de sus compañeros varones sin razón ninguna; que son vetadas para puestos de mayor responsabilidad aunque tengan más experiencia y capacidad; que ven amenazado su puesto de trabajo en el caso de que queden embarazadas y a las que se dificulta por sistema la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Este repaso apenas enunciativo da cuenta de la situación real hasta la fecha del ejercicio del derecho al trabajo y sus adyacentes establecidos en la Constitución de nuestro país. Bastante lamentable, como se ve, y sin embargo, tras las reformas aprobadas por el Gobierno, pronto será objeto de añoranza general.

Este artículo sólo pretende ser una introducción -necesaria, como se verá más adelante- a una serie que abordará las perspectivas socioeconómicas de futuro a la luz del 'cambio' que el Partido Popular, con su mayoría absoluta y poderosas complicidades políticas, corporativas y mediáticas, se propone implantar en exclusivo beneficio de la casta empresarial y de los intereses financieros interiores y exteriores.

Continuará.

Foto: Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

Refundar la democracia (y VII)

Más de dos siglos después de la 'revolución democrática' la especie humana ha experimentado, en todos los terrenos, el mayor cambio de toda su historia. A las postas y diligencias tiradas por caballos las han sustituido los viajes espaciales y el correo electrónico; ordenadores y robots industriales hacen el trabajo que ocuparía muchísimas horas a centenares de miles de personas; los resultados de unas elecciones generales son conocidos apenas cuatro horas después del cierre de los colegios; el analfabetismo ha desaparecido... ¿pero qué ha cambiado en la forma de entender e implementar la democracia en esos siglos?

Nada. Por el contrario, desde entonces, en nombre de las mayorías, se ha hecho todo lo posible para reducir el lógico pluripartidismo a un bipartidismo mutilatorio, una representación política y social manifiestamente imperfecta. Las inmensas minorías están condenadas a la abstención o al voto útil. No se sienten representadas en esta ficción democrática porque no lo están. ¿Pero alguien se siente realmente representado?

Los gobiernos, a lo largo de sus años de mandato, toman -o pueden tomar- impunemente decisiones contrarias a la voluntad de la mayoría e incluso traicionar el compromiso contraído con sus propios votantes a través de los enunciados del programa electoral. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos contrarios a que su país entre en una guerra ilegal e injusta para evitarlo? Manifestarse, como hace tres siglos.

Los ciudadanos no cuentan más que como votantes y contribuyentes; su participación en los asuntos públicos, en las cuestiones que les conciernen y afectan personalmente, es prácticamente igual a cero. La razón es tan simple como triste. Esto no es una democracia, sino una partitocracia, un sistema regido por quienes dicen representar la voluntad popular y lo que realmente hacen es suplantarla y manipularla.

No sólo no cabe, a partir de esas bases, refundar el capitalismo; ni siquiera cabe reformarlo seriamente. No pueden hacer tal cosa quienes no son, en lo esencial, más que sus fieles servidores. Quienes dicen planteárselo desde la democracia formal no hacen otra cosa que mentir, como de costumbre.

Lo único que les preocupa ahora es, por un lado inyectar el dinero necesario para que la macroeconomía pueda volver a funcionar y por otro lado, ofrecer garantías a la economía real de ahorradores y pequeños inversores para que no saquen su dinero de donde lo tienen porque ése si sería el desastre total del sistema. Las inyecciones se hacen con dinero público, con dinero nuestro, hipotecando el futuro del país por años, arriesgando su bienestar (el nuestro, de todos y cada uno).

Juzgue cada cual acerca de la utilidad y moralidad de un sistema económico (el capitalista) capaz de crear un caos como el presente y de un sistema pseudodemocrático, incapaz de evitarlo mediante los legítimos controles que todo estado democrático verosímil debería implementar e igualmente incapaz de ir ahora a la raiz del problema para evitar que, tarde o temprano, se reproduzca la debacle.

Excede a mis propósitos -y seguramente también a mi capacidad- alargar esta serie, de por sí bastante extensa- intentando enunciar los principios sobre los que debería fundarse la democracia del siglo XXI. Espero que lo escrito sirva, al menos, como reflexión acerca del imperfecto "de dónde venimos" y de toma de postura respecto al impredecible "dónde vamos", que en esta hora nos concierne más que nunca. ¿Podemos inhibirnos ante la permanencia de un sistema obsoleto, imperfecto, injusto y fracasado?

Claro que podemos. Esa -la alienación- es la materia con la que se han estado constuyendo los estériles sueños humanos desde el principio de la historia. Pero son el entendimiento y la libertad los que hacen a la persona y la diferencian de los animales. Quienes se niegan a ejercer libremente su entendimiento y su libertad en beneficio propio y de los demás condenan a la humanidad a actuar como meros animales productores y consumidores; muy rentables por ambos motivos, los más rentables de la creación, pero indignos de llamarse ciudadanos.

Concluyo con unas citas, con el mismo propósito de invitar a la reflexión:

El hombre es, por naturaleza, un animal político.
Aristóteles (322 a. de C.)

La Justicia sólo existirá donde aquellos que no están afectados por la injusticia estén llenos de la misma indignación que quienes la padecen.
Platón (347 a. de C.)

Renunciar a la propia libertad es renunciar a la propia dignidad, a los propios derechos humanos e incluso a los propios deberes.
Jean Jacques Rousseau

Mientras el pueblo no se preocupe de ejercer su libertad, aquellos que quieren tiranizarlo lo harán. Porque los tiranos son activos y ardientes y se dedicarán en nombre de cualquier dios, religioso o no, a encadenar a los durmientes.
Voltaire

Los establecimientos bancarios son más peligrosos que los ejércitos permanentes.
Thomas Jefferson (*)

La subversión de las instituciones establecidas es meramente una consecuencia de la previa subversión de las opiniones establecidas.
John Stuart Mill

Democracia es una gran palabra cuya historia permanece inédita, porque esa historia todavía tiene que ser iniciada.
Walt Whitman

La cura para los males de la democracia es más democracia.
H. L. Mencken

Ser demócrata sería actuar reconociendo que nunca vivimos en una sociedad suficientemente democrática.
Jacques Derrida

Lo que tenemos ahora es democracia sin ciudadanos. Ninguno está en el lado público. Todos los consumidores están en el lado de las empresas. Y los burócratas de la Administración no creen que el Gobierno pertenece al pueblo.
Ralph Nader

(*) Jefferson, uno de los padres fundadores, era contrario a que la nación se dotase de un ejército permanente por temor a la instauración de una dictadura. Por el contrario defendía que los ciudadanos tuvieran armas para que, en el caso de que se impusiera una tiranía, pudieran defender sus derechos. La segunda enmienda de la Constitución estadounidense obedece a ese temor, aunque hoy sirve a quienes dan más miedo. En cambio, el peligro de la banca (mayor, según Jefferson), no motivó ningún gesto constitucional parecido.

Imagen: Terminales de un centro de proceso de datos lectorales. La informática acelera el proceso de recuento, pero no -todavía- las posibilidades de participación ciudadana en el gobierno de la 'polis'.

Refundar la democracia (IV)

Dejadme emitir y controlar el dinero y no me importará quién haga las leyes.
Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)


La profética afirmación del fundador de la larga, próspera y legendaria dinastía de banqueros Rothschild -primera banca internacional de la historia- ilustra nítidamente el drama inaugural de la democracia, la raíz que la convertiría en su caricatura (la llamada 'democracia formal'), mucho más manejable que una auténtica democracia. La frase se cita expresamente en el documental 'El dinero como deuda', cuya visión insisto en recomendar a quienes sigan esta serie (está en la entrega II). En él se subraya y se explica que son los bancos quienes realmente crean el dinero (y lo controlan), en base a las deudas que con ellos contraen los ciudadanos, las corporaciones e incluso -paradójicamente- el propio Estado, que es quien materialmente lo acuña y emite. El sueño de Mayer Amschel Rothschild es una realidad. Y una pesadilla.

Cuatro siglos antes del nacimiento de Cristo, cuando la cultura judeo-cristiana que hoy impera en el mundo no podía ni presagiarse, un filósofo griego tenía muy claro lo que sería una auténtica democracia. Aristóteles, en 'La Política', establece que "en una democracia los pobres tendrán más poder que los ricos porque son más y la voluntad de la mayoría es suprema". He ahí enunciada, en síntesis, la utopia democrática, una forma de gobierno que ha llenado los sueños de innumerables generaciones a lo largo de la historia.

No hay dos utopías más antitéticas que la democrática y la capitalista. Eso es algo que los demócratas genuinos tienden a ignorar, pero no los financieros, que por sí o por potencia interpuesta abortan todo intento de gobierno del pueblo -o para el pueblo- allí donde se produce. Insistiré aún: asegurar el propósito de 'refundar el captalismo' desde el poder político 'democrático' de curso 'legal' no es otra cosa que un cínico sarcasmo propio de un mistificador oportunista como Nicolas Sarkozy.

Pero volvamos a los Rothschild y a su portentoso destino. Lo primero que aprendió el habilidoso fundador de la dinastía fue la conveniencia de acercarse al poder político. Su proximidad a Guillermo I, príncipe de Hessen-Kassel, uno de los aristócratas más ricos y uno de los prestamistas más importantes de Europa, le proporcionó conocimientos impagables y buenas oportunidades de negocio. Lo segundo que aprendió fue la importancia de disponer de información privilegiada, de la que disfrutó mediante el soborno del responsable de los correos, el príncipe de Thurn y Taxis (1). Cuando, a través de los cinco hijos varones de Mayer, la banca Rothschild se internacionalizó estableció un sistema de correo rápido y seguro, que servía no sólo para transportar dinero sino también información a mayor velocidad que el parsimonioso correo de la época (2).

Las guerras fueron el gran negocio de los Rothschild en una Europa en permamente conflicto y los hijos de Mayer (Amschel en Frankfurt, Salomón en Viena, Nathan en Londres, Kalmann en Nápoles y James en París) las financiaron sin reparar en el beneficiario. Mientras James prestaba dinero a Napoleón, Nathan financiaba la empresa bélica de Wellington, que combatía a aquél en España. La banca internacional no sólo no tiene patria, sino que también carece de debilidades políticas. Su única apuesta permanente es por al máximo beneficio y el máximo poder. Ese es su único credo.

La larga saga de los generalmente longevos Rothschild es el paradigma de la evolución del capitalismo financiero internacional y ha devenido casi una leyenda en la que resulta difícil discernir lo cierto de lo falso, dada la inclinación familiar al secreto (3). Hay quien estima que pese a mantener una apariencia sólida pero modesta, a través de pequeños bancos, son ellos quienes controlan el oro del mundo y que su mano se oculta tras instituciones financieras estadounidenses como Morgan, Rockefeller o Warburg, enriquecidos a raiz de la guerra de secesión americana (1861-1865). Siempre las guerras.

El conjunto de la banca vive un periodo de esplendor extraordinario en coincidencia con las aventuras coloniales europeas y la gran vitalidad y expansión de la economía de Estados Unidos, donde al final victorioso de la I guerra mundial sucede un periodo de extraordinaria euforia. Pero el 'crack' de 1929 no deja lugar a dudas de que algo está mal -muy mal- en un sistema económico basado en el crecimiento descontrolado y la especulación desbocada. Entonces, como ha ocurrido ahora, el índice bursátil había crecido hasta un nivel extraordinario e irreal justo antes de que se precipitara al abismo vertiginosamente (4).

La trágica consecuencia fue una prolongada depresión económica que afectó en mayor medida a los ciudadanos más modestos, en especial trabajadores y pequeños propietarios agrícolas. El Estado hubo de atajar la catástrofe y prevenir su repetición mediante un conjunto de medidas intervencionistas (el New Deal, patrocinado por Franklin D. Roosevelt). Posteriormente, en la Conferencia de Bretton Woods (1944), se sientan las bases del nuevo orden económico internacional, basado en el dólar, y apoyado en dos instituciones cuyo papel en la presente crisis está siendo muy cuestionado: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Los estados intervienen en la economía y, aunque no sin conflictos ni suspicacias, la confianza se restablece en gran medida. El poder financiero se da por satisfecho, pero ¿es preciso subrayar que sólo lo hace de modo provisional? Subrayémoslo entonces.

(1) Una anécdota revela la naturaleza de la relación de estos dos personajes: El príncipe de Thurn y Taxis visita a Rothschild y lo encuentra trabajando. "Tráigase una silla", le dice el banquero. "Soy el príncipe de Thurn y Taxis", responde ofendido el aristócrata. "Entonces traiga dos", le replica el banquero. Parece sacado de Groucho Marx, ¿verdad? Sin duda es humor judío, pero teñido en este caso de sarcástica arrogancia.
(2) Se cuenta que un agente de confianza de Nathan Rothschild, desplazado a la zona de Waterloo para seguir la batalla, reventó caballos y cruzó el canal a toda velocidad para llegar a la Bolsa de Londres un día antes de que se conocieran oficialmente las noticias de la derrota de Napoleón. Allí procedió a vender a toda prisa acciones de su patrón, lo que llevó a los presentes a la idea de que el derrotado había sido Wellington y a imitar su vértigo vendedor. Para Nathan fue un día inolvidable, pues sus agentes encubiertos compraron a la baja todas las acciones; las propias y las ajenas, que eran las que realmente interesaban.
(3) La más reciente aparición de un miembro de la saga ha sido, sin embargo, rutilante y significativa. Edmond de Rothschild se hizo en 2005 con la propiedad del diario francés Liberation, refugio hasta entonces de las ideas que tuvieron su hora en mayo del 68. El sarcasmo no puede ser más cruel.
(4) Sólo en 1954, 25 años después, las acciones recuperaron el valor que tenían inmediatamente antes del 'crack'.

Imagen: Mayer Amschel Rothschild, el fundador de la dinastía.

Refundar la democracia (III)

En un tiempo de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.
George Orwell

Más allá de la obviedad de que la palabra democracia significa desde su origen "Gobierno (kratos) del pueblo (demos)" y que tal cosa no existe ni ha existido sobre la faz de la tierra (salvo circunstancialmente y en comunidades muy pequeñas) hay otra obviedad incuestionable: no se puede refundar lo que no existe más que como idea. El capitalismo y su hegemonía son un hecho, la democracia en cuyo nombre alguien dice querer 'refundar el capitalismo' es una ficción. Las falsas democracias que vivimos son la obra del poder económico y no al revés. Esa es la cuestión clave: la política carece de la autonomía y la legitimidad necesarias para esa tarea.

La 'democracia' que tenemos es la que conviene a los poderosos: una falsificación. Ciertamente, todas las consituciones 'democráticas' del mundo se refieren, para legitimarse, a la auténtica y desconocida democracia. Enumeran toda una serie de derechos y deberes ideales que las leyes posteriores -junto con las omisiones y abusos habituales- convierten en papel mojado.

Eso es lo que se llama 'democracia formal', algo que yo, sarcásticamente, acostumbro a calificar como 'democracia teatral', en la medida en que la representación política de los ciudadanos es suplantada por una escenificación (representación también, pero en un sentido muy diferente) destinada a mantener la ficción de que es el pueblo el que decide más allá de toda evidencia palpable.

Las sedicentes democracias que habitamos son el producto de un momento histórico crucial (segunda mitad del siglo XVIII) en el que la creciente consolidación de la clase burguesa -producto del auge de la industria, el comercio y la actividad financiera- exige el fin del absolutismo monárquico y de los privilegios políticos y económicos de una aristocracia putrefacta y parasitaria, que yugula su libertad para expresarse, actuar y enriquecerse.

La revolución francesa es el paradigma. Y no cabe negar que existía una intelectualidad burguesa honesta e idealista, que en gran medida ayudó a iluminar el país y el mundo con la luz de la razón y la libertad. Pero detrás y junto a ella latía, simplemente, el deseo de la nueva clase de tomar el poder, todo el poder. El hecho de que no mucho más tarde llegase Napoleón no es en absoluto contradictorio, sino coherente con los planteamientos burgueses.

La tendencia jacobina que se impone en un momento dado del convulso proceso revolucionario es radicalmente contraria a los intereses de la nueva clase en expansión. El establecimiento de precios máximos para los productos de primera necesidad y la nacionalización de algunas industrias le exasperan, mientras que la vigilancia y presión que los jacobinos ejercen sobre los diputados conservadores para que no se altere el espíritu revolucionario original frustra sus propósitos. El caos se instala y da aliento a los partidarios del antiguo régimen absolutista, pero también a quienes quieren ir más allá, hacia el socialismo (Babeuf).

Paradójicamente, Napoleón Bonaparte, el general corso que pone orden, se autocorona emperador tras haber pasado por el Directorio y el Consulado de la república. Su ambición territorial y su talento militar poseen la virtud de catalizar el ánimo de todos los franceses y congelar la ebullición política precedente. Él, además, tiene la habilidad de mantener en lo esencial la letra de algunas de las conquistas del periodo revolucionario: la igualdad de todos ante la ley, la negativa de los privilegios clericales, la libertad de expresión y las libertades individuales.

Irónico, pero cierto. De la mano de un emperador pequeño burgués, la gran burguesía francesa ahuyenta sus fantasmas, se consolida y se enriquece.

¿Y la democracia? Puede esperar. Aquella democracia que el jacobino Maximilien Robespierre había enunciado en términos de "es un estado en el que el pueblo soberano, quiado por unas leyes que son obra suya, hace por sí mismo todo lo que puede hacer, y mediante delegados todo lo que no puede hacer por sí mismo" podía esperar. De hecho sigue haciéndolo dos siglos después y por las mismas razones.

Imagen: Jean-Jacques Rousseau

Continuará.