28 septiembre, 2009

El iceberg 'Gürtel', en rumbo de colisión con el 'Titanic' PP


Las implicaciones del ‘caso Gürtel’ en la Comunidad Valenciana han dejado de ser una ‘nadería’ de lujosos trajes a la medida regalados ‘por simpatía’ a ciertos líderes para convertirse en un asunto de financiación ilegal del partido con trazas graves y escandalosas. Así lo revela un informe policial que el juez De la Rúa -“más que un amigo” de Camps, según expresión de éste- se negó reiteradamente a tomar en consideración como “documentación no solicitada”.

La trama de Francisco Correa en la comunidad levantina habría servido, según el referido informe, para dar apariencia legítima a las aportaciones de ciertas empresas al PP valenciano y entre los responsables de estas operaciones ilegales se encuentran el secretario general, Ricardo Costa, y el vicepresidente autonómico Vicente Rambla. Las escuchas grabadas a los principales protagonistas dan a entender que el propio presidente Camps estaba al tanto del tinglado.

La reacción del PP, tanto en la comunidad autónoma como a nivel nacional, ha sido la previsible: insistencia en denunciar la “persecución”, supuesto montaje del mefistofélico Rubalcaba… Costa ha llegado a anunciar incluso una denuncia contra los policías que han realizado la investigación, como si hubieran actuado ‘motu propio’, ilegalmente y no a instancias de un juez.

Ya cuando estalló el caso, y sin que se conocieran aún los detalles escabrosos que han ido saliendo a la luz, la reacción virulenta del PP contra Garzón, por 'enemistad manifiesta', fue indicativa de que el ‘caso Gürtel’ era visto por el partido como una grave amenaza. Ellos y sólo ellos sabían entonces lo que podía sacarse de aquella veta apenas descubierta y el daño que les podía causar. Ahora empieza a ser evidente que así era.

Quitar el sumario a Garzón y despiezarlo de modo que la rama valenciana del caso fuese a parar al TSJ de la comunidad era un objetivo prioritario y urgente. Urgente fue también el plazo que dicho tribunal se dio para tramitar y juzgar el asunto, limitado al tema de los trajes, supuesto cohecho pasivo que la sala presidida por el propio Juan Luis de la Rúa, amparándose en la escasa claridad del artículo 426 del Código Penal, decidió archivar.

Ahora es notorio que aquello no era más que la punta del iceberg. La relación entre Francisco Correa y el Partido Popular es profunda, dilatada y notoriamente irregular. El hallazgo de una caja de seguridad perteneciente a Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y mano derecha de Correa, revela que una fórmula de financiación ilegal similar a la detectada en la comunidad valenciana fue puesta en práctica en la gallega.

Pero eso no es todo. Por primera vez el asunto salpica al impertérrito Rajoy. La caja de Crespo podría tener para el PP efectos devastadores similares a los atribuidos a la de Pandora. Allí ha aparecido una carta de Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ dirigida a Rajoy en 2003 en la que aquél exige a éste, recién llegado a la secretaría general del partido, el pago de una deuda pendiente desde las elecciones municipales gallegas de 1999 y que, al parecer, ascendía a 50 millones de pesetas, la mitad de los cuales debían ser abonados en dinero negro.

¿Y qué responde Rajoy cuando se le pregunta por esa nada insignificante misiva? Que no tiene “ni remota idea”, que las cartas se las leen en el partido y que sólo tiene noticia de las exigencias de ‘el Bigotes’ desde ayer. Todo un desafío a la credulidad ciudadana, especialmente si se tiene en cuenta que su falta de respuesta a la carta de marras provocó un intento de chantaje por parte de la trama, que amenazó con difundir un video en el que Rajoy, en una conversación privada de pasillos, criticaba contundentemente a Fraga.

Por cierto, en su carta de 2003 'el Bigotes' advierte, como de pasada, que Javier Arenas y el tesorero Bárcenas estaban al tanto del asunto. ¿Qué dirá ahora el impoluto y contundente Arenas sobre esta salpicadura? Déjenme adivinarlo: que no tiene ni pajolera idea.


27 septiembre, 2009

Las medidas fiscales no contentan a nadie


Tras un prolongado cacareo, tan confuso como contradictorio, el Gobierno ha puesto finalmente el huevo de la reforma fiscal, diseñada supuestamente para combatir la crisis y reducir sus consecuencias sociales. Ha sido el parto de los montes, como era de temer, pero además ha tenido el dudoso mérito de no contentar a nadie.

Más allá del debate 'académico' sobre si hay que subir los impuestos, bajarlos, o no tocarlos, la clave de una lectura socioeconómica reside en determinar qué impuestos hay que aumentar y cuales podrían reducirse o mantenerse. La elección hecha por el Gobierno confirma que, tal como se temía, se ha optado por cargar el peso de la fiscalidad sobre las clases medias, fundamentalmente a través del consumo.

La supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF, implantada en su día con alegre y despreocupado impulso, va a perjudicar en mayor medida a los ciudadanos más modestos que al resto de la sociedad. Lo mismo puede decirse sobre el aumento del IVA generalizado en dos puntos (18%) y del reducido en uno (8%). Con el agravante de que tal incremento va a incidir de modo negativo sobre el consumo, éste sobre la producción y ésta a su vez sobre el empleo.

Como hemos afirmado en otro momento, es evidente que el coste de la crisis, contenida en todo el mundo mediante gigantescas inyecciones de dinero público que han evitado -hasta ahora- una depresión económica, la pagan y la pagarán en mayor medida las capas más humildes. Primero en forma de desempleo, que en el caso de los trabajadores de más 50 años puede ser definitivo, y luego y siempre por vía de los impuestos indirectos.

Es incuestionable que era necesario aumentar los impuestos para financiar y reducir el déficit -así lo están decidiendo la mayor parte de los países-, pero es más que discutible que ese aumento deba instrumentalizarse del modo en que intenta hacerlo el Gobierno. La contribución que, según las previsiones del Ejecutivo, aportarán las rentas del capital es comparativamente irrelevante y, en la medida en que no es selectiva, se ha perdido una extraordinaria oportunidad de penalizar específicamente a las actividades especulativas y parasitarias que han afectado negativamente a la marcha de la economía espàñola.

El sector inmobiliario condiciona, en una medida imprudente e inadecuada, el conjunto del panorama económico español y está en el centro de las causas de la profundidad de la crisis en nuestro país. La burbuja inmobiliaria venía siendo denominada así desde años antes de que la crisis estallase, lo que evidencia que no era un motivo de inquietud reciente. Su previsible estallido se produjo finalmente de la mano del escándalo de las hipotecas 'subprime' en Estados Unidos, pero habría podido tener lugar antes, de no mediar una inercia de huída hacia adelante que puede calificarse de suicida.

En su día, un representante de la patronal del sector admitió que se había construído el doble de lo necesario. ¿Qué sentido tenía tal exceso? Sería incomprensible si se olvida que la construcción ha sido tradicionalmente  escenario preferente de la especulación. Personas físicas y jurídicas no sólo se enriquecen mediante la compraventa del suelo sino que además compran pisos y edificios enteros con el único propósito de revenderlos posteriormente con un beneficio elevado. Si a eso se añade que gran parte de la inversión se hace efectiva en dinero negro y que la consecuencia de tal especulación es que la vivienda alcanza un precio exorbitante para el comprador real, el que realmente necesita el piso, no queda duda sobre lo pernicioso de este fenómeno tan característicamente español..

Intervenir fiscalmente en el sector inmobiliario y establecer controles estrechos sobre la especulación bursátil son requisitos previos para impedir que el lamentable panorama en el que estamos inmersos se repita. Es urgente que el dinero se ponga a trabajar.

Esperemos que tales cuestiones -ahora ignoradas- sean objeto de interés especial en el previsto plan de reforma para una economía sostenible. Aunque tal vez sea mucho esperar, dados los antecedentes.

17 septiembre, 2009

Preguntas sobre Afganistán

Son muchas las preguntas que se pueden formular acerca de Afganistán. La primera de ellas, desde la óptica española, sería inevitablemente ¿qué hacen nuestras tropas allí? ¿Qué se nos ha perdido en aquel territorio lejano e inhóspito desde cualquier punto de vista? Habría que decir, sarcásticamente que lo que se nos ha perdido es lo que “encontramos” con la retirada de Irak: la presunción de dignidad e independencia nacional. El aumento de la presencia militar española en aquel país fue una ‘compensación’ a Estados Unidos por aquella ‘defección’, como nadie ignora.
Otra pregunta nada gratuita es ¿qué hacen las fuerzas de la OTAN en un lugar tan apartado del Atlántico Norte, que es el marco natural del tratado militar al que España se sumó, no sin resistencias, tras un referéndum cuya campaña fue un paradigma de la manipulación?. ¿Cuándo y con qué consenso se dio la OTAN a sí misma el derecho a intervenir fuera del marco geoestratégico original? Y por ende, ¿es hoy en día este pacto militar otra cosa que la expresión del poder estadounidense y de sus intereses estratégicos, que tienen al petróleo como primera obsesión?
Pero la pregunta clave es esta: ¿Qué se ha conseguido hasta ahora mediante la intervención occidental? ¿Consolidar un sistema democrático genuino? No, como evidencian las irregularidades –de las que existen algo más que indicios candentes- en las últimas elecciones. ¿La pacificación? No en absoluto. Tras los bombardeos intensivos del principio, que aparentemente forzaron la retirada o la ocultación de los efectivos de Al Qaeda y de los talibán, todo ha vuelto al desorden original y la ofensiva contra los intrusos occidentales es cada día más virulenta. Las guerras -parece gratuito insistir en ello, pero hay que hacerlo- no se ganan en el aire, por grande que sea el daño infligido y el pavor generado. Irak lo demostró más allá de toda duda.
¿Tiene algún futuro razonablemente positivo la intervención de la OTAN en Afganistán? A corto plazo no. Y cinco años, que es el límite marcado por Alemania, al que se ha sumado España, es corto plazo. Se olvida, entre otras cosas, que Afganistán es uno de los países más pobres e iletrados del mundo, lo que no facilita ni la construcción de una democracia mínimamente funcional ni la existencia de unas fuerzas de seguridad –su formación es, según el Gobierno español, la misión que ha llevado allí las tropas- ni un ejército realmente sólidos, eficaces y fielmente volcados en el servicio del Estado.
Ahora mismo Barack Obama estaría reconsiderando el previsto aumento de las tropas de EE UU en el país. El 58 por 100 de los ciudadanos se declara contrario a esa guerra y los demócratas temen que Afganistán se convierta en una fuente de impopularidad y desafección en la política interior, lo que sumado a las consecuencias de la crisis económica, que sufren en toda su crudeza las capas sociales más modestas, podría ennegrecer súbitamente un panorama de por sí bastante oscuro. 

Y, por supuesto, en estas circunstancias sería absurdo que España aprobase el envío de nuevas tropas en el plazo ahora previsto.

Foto: Hamid Karzai: ¿Algo más que un títere?

03 septiembre, 2009

Pfizer por ejemplo

La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer, la mayor del mundo, ha sido condenada a pagar una multa record de 2.300 millones de dolares (1.617 mijllones de euros) por malas prácticas comerciales que de hecho constituyen un fraude e implican un riesgo para la salud. La sanción, pese a su extraordinaria importancia, no causará excesivo daño económico a la farmacéutica, que sólo con uno de los productos cuya funcionalidad había falseado -el antibiótico Zyrox- ha ingresado 1.000 millones de dólares.

La Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) ha investigado extensamente las actividades de la compañía durante los últimos cuatro años y premiará a los médicos y abogados que han colaborado con ella para probar las escandalosas y criminales irregularidades cometidas en relación con el antibiótico mencionado, el analgésico Bextra, el antiepiléptico Lyrica y el antipsicótico Geodon.

El caso de este último medicamento es especialmente indecente. Aprobado para tratar la esquzofrenia y el desorden bipolar en adultos, los hombres de Pfizer promocionaron su uso, además, como eficaz contra la ansiedad y la agitación, así como adecuado para los niños. La farmacéutica ha tenido en su nómina a 250 psiquiatras infantiles de todo el país para conseguir sus propósitos.

La falta de escrúpulos parece presidir la filosofía empresarial de esta industria, que, precisamente por estar relacionada con la salud pública, tendría que mantener unas prácticas irreprochables, tanto en lo científico como en lo comercial. Lejos de ello, el lucro abusivo parece todo su objetivo.

La indiferencia de Pfizer ante los planteamientos deontológicos más elementales ya se había puesto de manifiesto hasta un punto estremecedor en Nigeria, donde, aprovechando una epidemia de meningitis, ensayó un medicamento en doscientos niños enfermos, sin permiso del Gobierno ni previa consulta con los padres. El balance de esa iniciativa fue de once muertos y numerosos niños afectados de discapacidades de por vida. Se ve que el doctor nazi Josef Mengele creó escuela.

Personalmente, todo lo dicho me parece más que suficiente motivo para rechazar los productos de Pfizer, cuyo logo vemos con frecuencia en TV. Pero también debe motivar una vigilancia especial respecto a otras poderosas empresas farmacéuticas que, aunque no lleguen a los extremos de la estadounidense, no rechazan asumir cierto grado de irresponsabilidad en el afán de competir con eficacia.

Ahora mismo existe un inquietante profármaco (*), el Oseltamivir, comercializado por Roche y Procaps respectivamente bajo los nombres Tamiflu y Tamivir, extensamente publicitado con ocasión de la gripe aviar en Asia y mucho más ahora, ante la gripe A. En España se ha prohibido su venta pública, que se disparó ante la histeria creada por la gripe A, decisión más que justificada si se tienen en cuenta los efectos adversos (ver aquí) de su administración documentados hasta la fecha.

Bienvenida sea la denuncia de la Organización Médica Colegial (OMC) -tardía pero eficaz- sobre el exceso de alarmismo creado en torno a la nueva gripe. Los médicos pueden y deberían ser el instrumento que ponga coto a los excesos de las farmacéuticas, pero no son pocos los que se dejan seducir por las presiones y estímulos de estas singulares industrias, más pendientes de engordar la cuenta de resultados que de garantizar la salud pública.

(*) Los profármacos, al contrario que los fármacos, no se dirigen directamente al mal, sino que se activan en el organismo mediante un proceso metabólico en el que el producto original se regenera.

02 septiembre, 2009

Francia se plantea suprimir el juez de instrucción y el secreto sumarial

En Francia el curso político se ha iniciado con una cuestión jurídica nada baladí: la entrega al presidente Sarkozy del informe sobre la desaparición de la figura del juez de instrucción que éste había solicitado al veterano jurista Philippe Léger (en la foto), quien, a su vez, creó un comité ‘ad hoc’ para su estudio. Las conclusiones esenciales del Informe Léger, que ha motivado una moderada polémica en el país vecino, seguramente no contarán con ninguna simpatía en el PP español, partido hermano (pero no gemelo) de la UMP gala.

El caso es que el informe no sólo patrocina la desaparición de la figura tradicional del juez de instrucción, sustituido por la Fiscalía, sino también la eliminación del hasta ahora sacrosanto -aunque sistemáticamente violado- secreto del sumario. Tal concepto es relevado por el secreto profesional, que obliga a todos los implicados en la investigación (incluidos los funcionarios de toda categoría), pero no a los abogados ni a los periodistas.

El informe describe el mencionado secreto del sumario, considerado en el pasado un pilar imprescindible para garantizar el respeto a la presunción de inocencia, como algo “ficticio, teniendo en cuenta los atentados que sufre regularmente, sin que los autores sean identificados o sancionados”. Esta constatación, válida tanto en Francia como en España y en prácticamente todo el mundo, no supone -copntra lo que pueda parecer- una claudicación ante lo inevitable.

Lejos de eso, lo que Sarkozy formuló en enero ante el Tribunal Supremo fue la puesta al día de un principio que no funciona y que pretende obstruir o colisiona habitualmente con un derecho de importancia primordial en las sociedades contemporáneas: el que los periodistas y los ciudadanos tienen a la libertad de información. Así, mientras la violación del secreto profesional –según denuncian algunos- tendrá la misma condena que la violación del secreto del sumario actualmente vigente (un año de prisión y 15.000 euros de multa), los periodistas quedarán libres de una hipotética acusación de encubrimiento de violación del secreto de la investigación, lo que implica el reconocimiento implícito del siempre contestado derecho al secreto profesional de los profesinales de la información.

Es prematuro asegurar nada concluyente sobre las consecuencias prácticas que pueda tener el Informe Léger, que no es, ni mucho menos, un proyecto de Ley sino un material sobre el que reflexionar. Como señala Jean-Paul Garraud, diputado de la propia UMP, “es inconcebible querer suprimir el juez de instrucción sin replantearse el estatuto de la fiscalía”. Esa es una cuestión clave que deberá dilucidarse con urgencia si se va adelante con el propósito de Sarkozy. El papel que pasarán a desempeñar los fiscales requiere que se garantice en el mayor grado posible su independencia respecto al Gobierno. Lo contrario supondría “una grave regresión democrática”, como denuncia la Unión Sindical de Magistrados.

En cualquier caso el planteamiento básico del Informe Léger supone un avance muy importante, en la medida en que potenciaría la libertad de información y dinamizaría el funcionamiento de la Justicia, al facilitar que los jueces, cuya lentitud es justificadamente criticada, sólo se dedicarían a juzgar.