Las implicaciones del ‘caso Gürtel’ en la Comunidad Valenciana han dejado de ser una ‘nadería’ de lujosos trajes a la medida regalados ‘por simpatía’ a ciertos líderes para convertirse en un asunto de financiación ilegal del partido con trazas graves y escandalosas. Así lo revela un informe policial que el juez De la Rúa -“más que un amigo” de Camps, según expresión de éste- se negó reiteradamente a tomar en consideración como “documentación no solicitada”.
La trama de Francisco Correa en la comunidad levantina habría servido, según el referido informe, para dar apariencia legítima a las aportaciones de ciertas empresas al PP valenciano y entre los responsables de estas operaciones ilegales se encuentran el secretario general, Ricardo Costa, y el vicepresidente autonómico Vicente Rambla. Las escuchas grabadas a los principales protagonistas dan a entender que el propio presidente Camps estaba al tanto del tinglado.
La reacción del PP, tanto en la comunidad autónoma como a nivel nacional, ha sido la previsible: insistencia en denunciar la “persecución”, supuesto montaje del mefistofélico Rubalcaba… Costa ha llegado a anunciar incluso una denuncia contra los policías que han realizado la investigación, como si hubieran actuado ‘motu propio’, ilegalmente y no a instancias de un juez.
Ya cuando estalló el caso, y sin que se conocieran aún los detalles escabrosos que han ido saliendo a la luz, la reacción virulenta del PP contra Garzón, por 'enemistad manifiesta', fue indicativa de que el ‘caso Gürtel’ era visto por el partido como una grave amenaza. Ellos y sólo ellos sabían entonces lo que podía sacarse de aquella veta apenas descubierta y el daño que les podía causar. Ahora empieza a ser evidente que así era.
Quitar el sumario a Garzón y despiezarlo de modo que la rama valenciana del caso fuese a parar al TSJ de la comunidad era un objetivo prioritario y urgente. Urgente fue también el plazo que dicho tribunal se dio para tramitar y juzgar el asunto, limitado al tema de los trajes, supuesto cohecho pasivo que la sala presidida por el propio Juan Luis de la Rúa, amparándose en la escasa claridad del artículo 426 del Código Penal, decidió archivar.
Ahora es notorio que aquello no era más que la punta del iceberg. La relación entre Francisco Correa y el Partido Popular es profunda, dilatada y notoriamente irregular. El hallazgo de una caja de seguridad perteneciente a Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y mano derecha de Correa, revela que una fórmula de financiación ilegal similar a la detectada en la comunidad valenciana fue puesta en práctica en la gallega.
Pero eso no es todo. Por primera vez el asunto salpica al impertérrito Rajoy. La caja de Crespo podría tener para el PP efectos devastadores similares a los atribuidos a la de Pandora. Allí ha aparecido una carta de Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ dirigida a Rajoy en 2003 en la que aquél exige a éste, recién llegado a la secretaría general del partido, el pago de una deuda pendiente desde las elecciones municipales gallegas de 1999 y que, al parecer, ascendía a 50 millones de pesetas, la mitad de los cuales debían ser abonados en dinero negro.
¿Y qué responde Rajoy cuando se le pregunta por esa nada insignificante misiva? Que no tiene “ni remota idea”, que las cartas se las leen en el partido y que sólo tiene noticia de las exigencias de ‘el Bigotes’ desde ayer. Todo un desafío a la credulidad ciudadana, especialmente si se tiene en cuenta que su falta de respuesta a la carta de marras provocó un intento de chantaje por parte de la trama, que amenazó con difundir un video en el que Rajoy, en una conversación privada de pasillos, criticaba contundentemente a Fraga.
Por cierto, en su carta de 2003 'el Bigotes' advierte, como de pasada, que Javier Arenas y el tesorero Bárcenas estaban al tanto del asunto. ¿Qué dirá ahora el impoluto y contundente Arenas sobre esta salpicadura? Déjenme adivinarlo: que no tiene ni pajolera idea.
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