En Francia el curso político se ha iniciado con una cuestión jurídica nada baladí: la entrega al presidente Sarkozy del informe sobre la desaparición de la figura del juez de instrucción que éste había solicitado al veterano jurista Philippe Léger (en la foto), quien, a su vez, creó un comité ‘ad hoc’ para su estudio. Las conclusiones esenciales del Informe Léger, que ha motivado una moderada polémica en el país vecino, seguramente no contarán con ninguna simpatía en el PP español, partido hermano (pero no gemelo) de la UMP gala.El caso es que el informe no sólo patrocina la desaparición de la figura tradicional del juez de instrucción, sustituido por la Fiscalía, sino también la eliminación del hasta ahora sacrosanto -aunque sistemáticamente violado- secreto del sumario. Tal concepto es relevado por el secreto profesional, que obliga a todos los implicados en la investigación (incluidos los funcionarios de toda categoría), pero no a los abogados ni a los periodistas.
El informe describe el mencionado secreto del sumario, considerado en el pasado un pilar imprescindible para garantizar el respeto a la presunción de inocencia, como algo “ficticio, teniendo en cuenta los atentados que sufre regularmente, sin que los autores sean identificados o sancionados”. Esta constatación, válida tanto en Francia como en España y en prácticamente todo el mundo, no supone -copntra lo que pueda parecer- una claudicación ante lo inevitable.
Lejos de eso, lo que Sarkozy formuló en enero ante el Tribunal Supremo fue la puesta al día de un principio que no funciona y que pretende obstruir o colisiona habitualmente con un derecho de importancia primordial en las sociedades contemporáneas: el que los periodistas y los ciudadanos tienen a la libertad de información. Así, mientras la violación del secreto profesional –según denuncian algunos- tendrá la misma condena que la violación del secreto del sumario actualmente vigente (un año de prisión y 15.000 euros de multa), los periodistas quedarán libres de una hipotética acusación de encubrimiento de violación del secreto de la investigación, lo que implica el reconocimiento implícito del siempre contestado derecho al secreto profesional de los profesinales de la información.
Es prematuro asegurar nada concluyente sobre las consecuencias prácticas que pueda tener el Informe Léger, que no es, ni mucho menos, un proyecto de Ley sino un material sobre el que reflexionar. Como señala Jean-Paul Garraud, diputado de la propia UMP, “es inconcebible querer suprimir el juez de instrucción sin replantearse el estatuto de la fiscalía”. Esa es una cuestión clave que deberá dilucidarse con urgencia si se va adelante con el propósito de Sarkozy. El papel que pasarán a desempeñar los fiscales requiere que se garantice en el mayor grado posible su independencia respecto al Gobierno. Lo contrario supondría “una grave regresión democrática”, como denuncia la Unión Sindical de Magistrados.
En cualquier caso el planteamiento básico del Informe Léger supone un avance muy importante, en la medida en que potenciaría la libertad de información y dinamizaría el funcionamiento de la Justicia, al facilitar que los jueces, cuya lentitud es justificadamente criticada, sólo se dedicarían a juzgar.
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