El ‘Caso Sogecable’ es seguramente uno de los mayores escándalos judiciales de la democracia española y el ex juez Javier Gómez de Liaño, que lo dirigió, aparece a través de él como un prevaricador contumaz más allá de toda lógica y prudencia. Construido básicamente sobre la nada, el proceso mantiene en vilo durante meses al más influyente grupo mediático, Prisa, cuyo presidente, Jesús de Polanco, hubo de depositar una fianza de 200 millones de pesetas para eludir la prisión. Tanto él como el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, tienen que pedir permiso al juez para viajar al extranjero, permiso que éste deniega al menos una vez.Para entrar directamente en el meollo de este enredo judicial, que en lo inefable oscila entre lo chusco y lo surrealista, nada mejor que evocar las declaraciones hechas por la periodista Pilar Urbano a un revista en 2000 con ocasión de la publicación de su libro “Garzón, el hombre que veía amanecer”, que removió los cimientos de la Audiencia Nacional:
“El Gobierno quería tener su dominio en las teles digitales y se desata una guerra feroz mediática. Pero no contra Polanco, sino contra las plataformas digitales. Ahí confluyen una serie de personas -magistrados como Joaquín Navarro, abogados como Antonio García Trevijano, periodistas de alto nivel como Campmany, Anson, Pedro J. Ramírez; el Gobierno, con Álvarez Cascos y Miguel Angel Rodríguez...- que diseñan una estrategia y que utilizan a un juez. Para mí el más inocente -llamado "tonto útil" por el propio Trevijano- es Gómez de Liaño. La fiscal que utiliza al juez es María Dolores Márquez de Prado, la muñidora de todo, la "manzanita de Eva"... Se han servido del poder judicial. Eso lo ve Garzón y, por eso, se aparta”.
Lo que dice Urbano suena a ficción, pero, como se dice con razón, la realidad supera a ésta con frecuencia. La periodista, que invirtió dos años en la elaboración del libro sobre Garzón, asegura que el grueso de su trabajo consistió en contrastar la veracidad de las afirmaciones del juez. Muchas de las declaraciones de éste se quedaron en el tintero precisamente porque ella no pudo confirmar su veracidad en otras fuentes. El resto es la verdad, que la combativa periodista –no precisamente de izquierda- asegura suscribir de principio a fin.
"Vamos a hacer la revolución judicial para acabar con el sistema político corrupto y con el felipismo". Esa es la declaración que se atribuye a María dolores Márquez de Prado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional y esposa del juez Gómez de Liaño a raíz de que su marido admitiese la denuncia presentada por el director de la revista Época, Jaime Campmany, contra Sogecable. Llama la atención la grandilocuente declaración de la fiscal, que se produce precisamente cuando el PP ha alcanzado finalmente La Moncloa, pero no hay contradicción, sino coherencia.
Aznar está convencido en esas fechas de que el Grupo Prisa es el responsable de su derrota en 1993 y de su corta victoria en 1996. Es urgente para el PP poner coto a la expansión de ‘Jesús del gran poder’ (así llamaban a Polanco), construido en lo audiovisual merced a los favores del PSOE, si se pretende conservar y ampliar el poder. La guerra de las plataformas digitales que el Gobierno acabará perdiendo fue muy expresiva acerca de esa beligerancia, que se escenifica precisamente en las fechas del ‘Caso Sogecable’ con el nacimiento de Vía Digital, generada por la Telefónica de Juan Villalonga, amigo de Aznar, y que acabará fusionándose con Canal Satélite Digital para formar Digital+, con ese signo “+” que tanto molestaba al PP.
Como nadie ignora, el Partido Popular alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones generales del 2000, pese a que Prisa mantenía intacto su poder. El PSOE, por otra parte, ganó las elecciones de 2004 no porque lo apoyase el grupo de Polanco, de hecho bastante reticente con Zapatero, sino por el error estratégico del PP al elegir la mentira ante el ataque terrorista del 11-M. Los políticos están obsesionados con los medios y cabe preguntarse hasta que punto tal obsesión no está, en parte, inducida interesadamente por los grupos mediáticos en su lucha por la hegemonía multimediática. Desde el punto de vista de los ciudadanos, ni la política ni la información salen beneficiadas de esa lucha.
Este verano el PP ha dado una vuelta de tuerca a la confrontación política al acusar al Gobierno de utilizar a instituciones del Estado en su “cacería”, espiando ilegalmente a líderes del partido no implicados en procesos judiciales. Una acusación de carácter tan extremadamente grave crea inquietud de modo irresponsable en tanto no se plasme en una denuncia formal ante la Justicia. Atribuir al Ejecutivo la instrumentación de jueces, fiscales, policías y servicios de inteligencia no debería ser gratuito.
En cualquier caso, confío en que esta pequeña serie que hoy concluye haya sido instructiva –pese a estar muy lejos de ser exhaustiva- acerca de quién y con qué propósitos sí ha instrumentado a la Fiscalía y a algunos jueces al servicio de intereses descaradamente partidistas. Eso es historia, memoria perennizada en las hemerotecas, cosa juzgada. La nueva conspiranoia del 'espionaje' y el 'atentado al Estado de Derecho', sin embargo, es un puro ‘bluff’, fuegos de artificio, maniobras de diversión para desviar la atención de la corrupción en el PP.
Al menos, mientras no se demuestre lo contrario.
Foto: Gómez de Liaño, junto a su esposa, María Dolores Márquez.
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