Chávez y los medios

Hugo Chávez cometería un gravísimo error si insiste en llevar adelante la Ley contra los Delitos Mediáticos que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, tramitó el pasado viernes ante la Asamblea Nacional. Dicha ley, según todos los signos, no tiene otro propósito que liberar al presidente del acoso mediático que sufre y compromete gravemente la libertad de expresión y con ella, toda verosimilitud democrática.

Es incuestionable que la oposición al bolivarismo, impotente para derrotarlo en las urnas, recurre habitualmente a la mentira, la intoxicación y el alarmismo para deteriorar la imagen de Chávez. Siempre ha sido así, pero la radicalización en la práctica y los modos del libelo es cada día más amplia e insidiosa. No obstante, tales prácticas deberían ser respondidas mediante el conjunto de las leyes y no a través de una ley especial, práctica carateristica de las dictaduras y los regímenes autoritarios.

Le ley se dirige contra "las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial; que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública; que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".

El margen que tan extenso enunciado deja a la interpretación parcial y/o subjetiva de su articulación es sumamente inquietante y la referencia no sólo a las acciones sino también a "las omisiones" abre una perspectiva proclive a la posibilidad de que sea el Gobierno quien determine lo que se debe publicar. De ese modo no sólo se yugularía la libertad de expresión, sino también la de información. Toda empresa mediática debe ser libre para publicar lo que le parezca oportuno y también para no publicar lo que otros juzguen oportuno. Lo primero podría incurrir en ilegalidad en función del contenido; lo segundo, no.

Otras decisiones de Chávez han sido discutibles desde el punto de vista democrático, como la eliminación del límite de mandatos presidenciales, reforma constitucional aprobada en el referéndum celebrado en febrero, pero tal reforma no garantiza en absoluto la presidencia vitalicia, contra lo que han asegurado sus detractores. El presidente será reelegido (o no) si así lo quieren los ciudadanos. La decisión fue un error, por supuesto, pero sobre todo fue una muestra de debilidad. Chávez evidencia con ello que no cree en la supervivencia del bolivarismo sin su presencia.

La aprobación de la Ley contra los Delitos Mediáticos, sin embargo, supondría un atentado directo contra la democracia, un ataque virulento y a cara descubierta contra las libertades de expresión e información. No es extraño, en consecuencia, que su presentación ante la Asamblea Nacional sea contestada por significados chavistas, que ven en tal medida un paso muy peligroso en la mala dirección.

Si Chávez quiere deslegitimarse definitivamente ése es el camino.