Cospedal está como una moto. Tanto que, no contenta con arremeter contra la Fiscalía por perseguir al PP -por orden del Gobierno, claro- en lugar de a ETA, hoy ha estrellado su vehículo-bomba contra la Judicatura y contra el CNI, que, junto con la Policía serían responsables de que miembros de su partido ajenos a los sumarios abiertos estén siendo sometidos a escuchas ilegales. ¿Quién dijo tila?
Lo dicho por la secretaria general del PP es gravísimo sin posibles paliativos. Asegurar que instituciones y servicios del Estado están actuando de modo ilegal no tiene precedentes en esta democracia. Y no cabe duda de que Cospedal ha querido afirmar exactamente lo que ha dicho. Más allá de la simple denuncia, se ha permitido realizar un diagnóstico de la situación que parece fruto de un estado altamente febril y alucinatorio.
Según su peculiar visión, que cabe suponer que comparte el partido al que representa, "en España se vive un Estado policial como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía". Los socialistas, según esta pesadilla de 'flash back' franquista "intentan corromper a las instituciones de la democracia".
Desde las instancias aludidas se le han propuesto a Cospedal dos caminos posibles tras su 'desahogo': retractarse o presentar una denuncia formal, con todas sus consecuencias. Eso sería lo lógico, pero conociendo el percal no es precisamente lo más probable. Y ante eso cabe preguntarse, ¿cubre la inmunidad parlamentaria la expresión de afirmaciones tan gratuitas que cuestionan irresponsablemente la realidad del Estado de Derecho?
Me gustaría equivocarme, pero la reiteración y ampliación de las acusaciones por parte de la secretaria general del PP parece indicar que el partido de la oposición está de vuelta en la estrategia 'conspiranoica' que caracterizó a la legislatura anterior.
Entonces insistieron hasta la náusea en justificar a posteriori la atribución a ETA de los atentados del 11-M en vísperas de elecciones y no tuvieron escrúpulo alguno en convertir en preguntas parlamentarias los titulares que les servían algunos medios afines por muy inverosímiles que fuesen. Ahora formulan gravísimas acusaciones que no tienen ni medios ni voluntad de demostrar.
Nadie ignora que la Policía sólo puede realizar escuchas si previamente lo autoriza un juez. Dichas escuchas son necesariamente secretas, pero absolutamente legales. Si dirigentes del PP ajenos a los sumarios (¿habría que añadir "por ahora"?) están siendo espiados ilegalmente caben otras muchas posibilidades, entre ellas las que podrían protagonizar miembros del propio partido. Precedentes no faltan.
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