Cuando en mayo de 1997 el Gobierno de Aznar decide nombrar Fiscal General del Estado a Jesús Cardenal cuantos estaban en antecedentes de quién era éste, incluídos todos los integrantes de la carrera fiscal, se quedan boquiabiertos. ¿Cardenal?La sorpresa y la incredulidad estaban plenamente justificadas. El nuevo jefe máximo del ministerio público, supernumerario del Opus Dei, no había hecho nada por pasar desapercibido al frente de la Fiscalía del TSJ del País Vasco. En la memoria de este órgano correspondiente a 1994 había despotricado contra el aborto, la homosexualidad, el divorcio y los anticonceptivos, llamando la atención del CGPJ, que consideró sus opiniones "no acordes a la Constitución". Toda una carta de presentación.
Apenas siete meses después de su toma de posesión estalló el escándalo. El 22 de enero de 1998 la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales hicieron pública una nota conjunta de protesta, asegurando que Cardenal les había comunicado que "en lo sucesivo" se abstuvieran de criticar al Gobierno. Hasta ahí llegaba la promesa del PP en su programa electoral de 1996 en el sentido de promover la independencia del Ministerio Fiscal.
No tarda en ponerse en evidencia que Cardenal está firmemente decidido a ejecutar, de inmediato, una agenda oculta en la Audiencia Nacional al servicio de los intereses del Gobierno 'popular', inquieto éste por el 'progresismo' teóricamente predominante en esa institución y por la amplia capacidad de maniobra de uno de sus jueces: Baltasar Garzón. Para ello promueve al puesto de fiscal-jefe a Eduardo Fungairiño, ultraconservador y conflictivo, sobre el que había recaído una falta muy grave recientemente y al que puede achacarse la destitución de su predecesor, José Aranda, por "falta de autoridad". El nombramiento se realiza con la oposición del Consejo Fiscal y de nuevo las dos asociaciones de fiscales dejan oir su protesta. Inútilmente.
Tampoco Fungairiño tarda en hacer de las suyas al argumentar, en relación con la investigación judicial en España de los desaparecidos en las dictaduras de Chile y Argentina, que los golpes militares en ambos países fueron la única forma de mantener el orden. Ante las inmediatas y lógicas protestas, Cardenal defiende a su hombre aventurando que "no se ha interpretado bien" su documento. Más tarde admitiría que Fungairiño había utilizado una frase "desafortunada". Eso era todo. Fuingairiño era de su confianza y él de la confianza del Gobierno. Increiblemente una afirmación que legitimaba retrospectivamente el intento golpista del 23-F pasaba impune el 'control democrático' del Fiscal General del Estado y del propio Gobierno.
Otro tanto ocurrirá cuando su mano derecha en la Audiencia Nacional informa contra la petición de extradición de Augusto Pinochet, detenido en Londres a instancias de Garzón. Para Cardenal tal actuación es conforme a Derecho, pues en su opinión los delitos del ex dictador chileno, aunque "gravísimos", no son constitutivos de genocidio, según el Convenio de Viena de 1948.
El Fiscal General del Estado, atento siempre a actuar en beneficio del Gobierno, alcanzó durante su dilatado mandato el inédito y dudoso mérito de tener habitualmente en contra al Consejo Fiscal. Uno de los más fuertes varapalos de este órgano lo recibió cuando relevó al fiscal Bartolomé Vargas, partidario de procesar al entonces ministro de Industria, Josep Piqué, en relación con el 'caso Ercros'. Un año más tarde, en un claro intento de frenar el progreso del 'caso Formentera', ordena a la Fiscalía de Baleares, partidaria de procesar ya al entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que estudie el caso más y mejor.
¿Y que dice apenas una década después Cospedal, que acusa sin pruebas al Gobierno de haber ordenado al Fiscal General recurrir el archivo del 'caso Camps'? Pues esto: "El PP, como primer partido de la oposición y partido de gobierno -que lo ha sido y lo va a volver a ser-, tiene como objetivo trasladar su alternativa y, dentro de la misma, también está una concepción del Estado de Derecho en el que el Gobierno respete a las instituciones, donde siempre quede a salvo el principio de independencia judicial y donde la Fiscalía funcione en beneficio de todos los ciudadanos".
Tiene bemoles la cosa.
Continuará.
Foto: Ernesto Cardenal.
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