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20 febrero, 2012

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (y IV)

Tal vez como consecuencia de que el decreto-ley de la reforma laboral tiene tantos y tan diversos y polémicos aspectos casi se ha pasado por alto subrayar uno de los más significativos y susceptibles de controversia. Se trata de la potenciación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación 'colaboradoras' con el Servicio Público de Empleo, lo que constituye, de modo implícito, una crítica y una desautorización de éste, que "sólo" logra emplear a un 3% de los parados subsidiados (como si en tiempos de crisis como los que vivimos fuera posible mucho más).

¿A alguien le parece casual o meramente anecdótico que la memoria económica de la reforma introduzca, de modo más o menos claro, críticas a la labor de los médicos de la Seguridad Social, a los jueces de lo social y a los sevicios del INEM? No lo es absoluto. A los empresarios y a los economistas y financieros 'neoliberales' (personalmente prefiero la expresión 'ultraliberales') les molestan el Estado y sus 'intromisiones'. Reclaman en todos los meridianos del mundo la menor cantidad posible de Estado, salvo cuando se trata de que les ayude a salir con bien de sus propios errores con  dinero público (es decir, con el dinero de todos), por supuesto.

Introducir a las ETT (en lo sucesivo Empresas Tratantes de Trabajadores) en funciones que hasta ahora competían en exclusiva a la Administración les convierte en un 'caballo de Troya' nada inocuo de lo privado en lo público. Y no sólo se les concede por este medio poder y dinero, sino que se deja en sus manos -en un nuevo gesto de constitucionalidad más que dudosa- la posibilidad de proveer de 'suplentes' a la Administración Pública y, llegado el caso (dado que los trabajadores de ésta han perdido su inmunidad por causa de la crisis) cubrir ciertas bajas sin ninguna supervisión, facilitando así el indeseable enchufismo que sigue siendo una enorme lacra en este país.

Una vez establecido que las medidas para la creación de empleo no van a reducir el paro, sino a aumentarlo y cambiarlo de manos parcialmente para maquillar así las estadísticas; una vez constatado que los únicos beneficiarios de la reforma laboral son los empresarios, no sólo por la desregulación que implica sino también por las subvenciones previstas; una vez evidenciado que la radical reducción del gasto público condena a áreas muy sensibles del bienestar social a una financiación insuficiente o a su carencia; una vez percibido que el aumento del desempleo y la reducción de los salarios contraen sensiblemente el consumo y en consecuencia la producción, bajan la recaudación de impuestos y los ingresos de la Seguridad Social sólo nos queda preguntarnos cuál es el juego.

Nuestros gobernantes no son tan idiotas -aunque algunos lo parezcan- como para no ser conscientes de que se han (y nos han) encerrado en un círculo vicioso perfecto, que está llevando y seguirá llevando a la ruina a servicios públicos esenciales y reduciendo el nivel de vida de los españoles y sus estandares sociales. En consecuencia la única conclusión posible es que tal actitud es deliberada; que lo que se persigue es la privatización de todo lo que sea posible privatizar, el desmantelamiento del estado de bienestar y la aceptación por parte de los trabajadores de todas las exigencias que se decida imponerles. En definitiva, so pretexto de la crisis, la deuda y las 'exigencias' de la globalización económica está en marcha, más que nunca, la 'doctrina del shock', de probada eficacia a la hora de doblegar las conciencias y alcanzar objetivos diferentes, mayores o ajenos a lo que causó el 'shock'.

El pasado está de regreso.

Foto: Imagen de Naomi Klein, junto a la portada de la edición en castellano de su obra.

19 febrero, 2012

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (III)

La desregulación laboral contituye una 'retrovolución' (valga el neologismo) que nos remite a una época previa a la definición e implantación del Estado Social Democrático de Derecho, en el S. XIX. Éste se basa fundamentalmente en el principio de subsidiariedad, que establece la necesidad de que el Estado llegue -cuando sea preciso- allí donde no alcanza la iniciativa privada o donde el libre juego entre las fuerzas sociales y económicas se ve abocado a la confrontación permanente como consecuencia de los abusos del capitalismo salvaje.

Un diario nos recuerda hoy, muy oportunamente, que ya en 1889 el Código Civil compilado por Sagasta establece que "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Sagasta era un liberal, pero tenía la lucidez suficiente para apreciar que la ley del mas fuerte (económicamente) colisionaba violentamente con la respuesta del más fuerte numéricamente y que constituía una fuente permanente de conflictos e incluso un riesgo de revolución. Es Estado Social Democrático de Derecho, en defnitiva, no era un gesto humanista sino una inteligente respuesta de la burguesía a un estado de cosas que tendía al caos.

La derecha, el empresariado y el sector financiero español no parecen temer ninguna convulsión social y han desprovisto al Estado de buena parte de su responsabilidad subsidiaria en lo que respecta a los trabajadores, no así al capital. Esperan confiadamente una huelga general, que llegará sin duda, pero no creen que será tan general. La fuente de su confianza es el miedo de la clase trabajadora a perder aún más de lo que está perdiendo en la actual crisis económica, provocada por la codicia y la irresponsabilidad del capital financiero. ¿Aciertan? El tiempo lo dirá.

En cualquier caso este Gobierno de los empresarios mantiene y mejora su función subsidiaria precisamente respecto a la patronal. No se trata sólo de beneficiar al empresariado mediante el recorte de los derechos y de los salarios de los trabajadores sino que, además, se les prima con deducciones, exenciones y ayudas a cargo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y ello se hace -como nadie ignora- en un contexto en el que se considera prioritario reducir brutalmente el gasto público. 

Un ejemplo muy elocuente es la creación de un nuevo contrato 'indefinido' para los autónomos y las PYMES de menos de 50 trabajadores, que establece significativamente un periodo de prueba de un año para los menores de 30 años. Esas empresas se beneficiarán de una deducción fiscal de 3.000 € y si el trabajador contratado se hallaba en paro podrán sumar a esa cifra, durante un año, el 50% de la prestación que éste recibía. El trabajador, a su vez, podrá sumar a su sueldo el 25% de la prestación que percibía, lo que hace presumir que la retribución que los legisladores tienen 'in mente' es una basura. La pretensión que alimenta esta política no parece ser otra que maquillar las estadísticas del desempleo sin dejar de pagar, aunque de otro modo, las secuelas del paro. Hay que subrayar, por otra parte, que la nueva norma, tal como ha sido concebida, excluye de sus 'beneficios' a los trabajadores que hayan agotado la prestación.

Por otra parte, las bonificaciones específicas de la Seguridad Social beneficiarán prioritariamente a quienes contraten a jovenes de entre 16 y 30 años que estén inscritos como demandantes de empleo, que pueden llegar a deducir de la cotización hasta 3.600 € en tres años. Por lo que respecta a los parados de larga duración mayores de 45 años, que deberán llevar un año sin subsidio antes de su contratación, la bonificación para las empresas se eleva a 4.500 € en tres años. En este caso también parece evidente que lo que se persigue es maquillar la estadística, ahora a costa de los magros fondos de la Seguridad Social. Mediante esta subsidiariación selectiva el Gobierno entrega a las empresas subvenciones (lo son, aunque no reciban ese nombre) para que colaboren en el objetivo de mejorar -especialmente de cara al exterior- la imagen de España, que intenta lograr con ese parche 'mejorar' la realidad de un paro juvenil insostenible.

El beneficio para los trabajadores, salvo en casos personales y puntuales, es nulo. Mientras centenares de miles de personas desaparecen como perceptoras del subsidio de desempleo se espera que otros centenares de miles logren un trabajo misérrimo y en muchos casos temporal. El paro aumentará inevitablemente, pero las estadísticas -al menos en teoría- mejorarán. Eso es lo único que parece interesarle a este Gobierno.

Pie de foto: 57 ciudades españolas fueron hoy escenario de manifestaciones de protesta contra la reforma laboral. La de Madrid, según los organizadores, reunió a medio millón de personas.

Continuará.