Por 70 votos a favor, por sólo 70 diputados de los 135 que integran el Parlament, Cataluña es desde ayer teóricamente independiente de España. Un triunfo pírrico e irreal que es consecuencia de una sola cosa: la voluntad, o, mejor dicho, el voluntarismo de un núcleo duro de 'irredentos' que, pese a su fracaso en unas elecciones que ellos mismos habían declarado plebiscitarias, han estado trabajando con ahínco en la movilización popular para convocar finalmente un referéndum secesionista, previsto desde el primer momento.
Tres fuerzas disímiles y en el fondo inconciliables son las que han logrado esta victoria que, en definitiva, es una derrota, no sólo para ellos sino también para quienes, previsiblemente, tendrán que pagar más pronto que tarde las consecuencias del empecinamiento de 70 políticos 'aventureros'. Sólo los miembros del PDeCat, Esquerra Republicana y la CUP conocen en detalle las diferencias que les separan y han causado tensiones internas que han rozado la ruptura. A nosotros nos queda intrerpretarlas a la luz de la ideología, trayectoria y prácticas de cada uno de ellos. La política y los políticos españoles no son - por más que los catalanes lo aseguren - peores que ellos, vistas las evidencias.
Sólo ellos, también, saben por qué ahora y por qué así. Otra cosa es que quieran y puedan explicarlo, y más difícil aún sería justificar el alto coste social y político de una 'operación' abiertamente ilegal y provocadora que convirtió las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de Septiembre en sendas vergüenzas para los anales de la democracia. El 'apisonamiento' y desprecio de la oposición y la marginación de los órganos jurídicos de la Cámara constituyeron en dichas jornadas indicios candentes y bochornosos del desprecio a la legalidad vigente que había de imponerse como táctica. Así, en apenas dos meses, los independentistas han provocado una fractura social y una crispación inéditas en Cataluña.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobada por el Senado en la misma jornada, suspende 'de facto' el autogobierno al destituir a la totalidad del Govern y disolver el Parlament, poniendo en manos del Gobierno central la responsabilidad de la gestión de la comunidad, que debe conducir a unas elecciones el 21 de Diciembre, una vez 'restablecida la normalidad'. Si el desafío independentista ha creado incertidumbres y zozobras tanto en Cataluña como en el resto del Estado, las medidas del 155 no aligeran precisamente esa carga, sino que pueden acentuarla.
Puigdemont, que no parece haberse dado por aludido de su defenestración, ha dicho que a la intervención del Estado ('tutela' lo llama 'Le Monde') se debe oponer una reacción independentista 'pacífica'. El problema es que, de la mano de la fractura social que se ha producido, han empezado a registrarse ciertas acciones de violencia verbal y física que tal vez se acentuen del lado secesionista (o de ambos lados) una vez aprobada la Declaración Unilateral de Independencia, que para ellos es irreversible a pesar de su génesis irregular y antidemocrática. Quienes violentan las leyes no es fácil que renuncien a ejercer otras violencias.
Esa es la incertidumbre fundamental: si la aplicación del artículo 155 se podrá realizar pacíficamente y si de un modo igualmente pacífico se podrá llegar a las elecciones del 21-D. Dados los precedentes, en los que los independentistas han evidenciado su gusto por las tácticas generadas mediante la secuencia acción-represión-acción y por la creación de situaciones propicias al victimismo, podríamos volver a encontrarnos con imágenes como las del 1-O.
Es lamentable el recurso al 155 (por primera y esperemos que última vez) porque, independientemente de las causas que provoquen su aplicación, el daño que se puede infligir a la democracia, y las heridas y ofensas que puede dejar en la memoria colectiva, seguramente no van a contribuir a la paz social ni facilitar una aproximación dialogante entre las partes. Que Rajoy, el inmóvil y cínico presidente del Gobierno, deje de serlo una vez que se supere esta crisis, si se logra superarla, es sumamente deseable. Su singular especialidad en no atender ningún tipo de demandas y dejar que los problemas se pudran hasta estallar es nefasta e indigna de un presidente democrático.
