Una vez liberado del peso de la cartera de Justicia, López Aguilar, ahora candidato a la presidencia de Canarias, no ve ya inconveniente en poner en cuestión, con contundencia inusual en él, los criterios de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional en relación con la recusación de Pérez Tremps a petición del PP, y la no recusación de Rodríguez Zapata, reclamada por la Generalitat de Cataluña.
Sin pelos en la lengua, el ex ministro califica de “truculenta y torticera” la decisión de aprobar la recusación de Pérez Tremps en el debate sobre el Estatuto catalán. Tal decisión, dice, “no se sostiene en derecho, no tiene precedentes y no es posible compartirla”.
Con los mismos argumentos que se utilizaron ayer para rechazar la recusación de Rodríguez Zapata debería haberse descartado la de Pérez Tremps. Eso es lo que piensa el ex ministro. La contradicción en que incurren los magistrados no tiene nada que ver con la Justicia. Lo lógico es que los integrantes del TC sean expertos constitucionalistas y se hayan pronunciado alguna vez sobre cuestiones autonómicas. Ambos jueces, el recusado y el que no lo fue, lo habían hecho.
En realidad, estamos ante un escándalo, que conducirá a otro aún más grave si, como es previsible, el Constitucional 'poda' aspectos importantes del Estatut. Y la razón es muy simple: no sólo se habrá alterado torticeramente la composición del TC, sino que la voluntad popular, expresada en un referéndum, se verá enmendada y afrentada en este trance inédito.
Y este espectáculo no concluye. Por el contrario, la bola de nieve que arrolla la imagen de la independencia judicial es ya un alud.
Ayer la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acusó a la minoría progresista de pretender "instrumentalizar" políticamente dicha institución por reclamarle que exija el cese de manifestaciones como la convocada por el PP contra la atenuación de la prisión de Ignacio de Juana.
La razón de tal petición es muy simple: además de contra el Gobierno, esa manifestación va contra el responsable judicial que aprobó la medida. Lo que los “instrumentalizadores” piden es que el órgano al que pertenecen reclame que se impidan "cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran Justicia en los juzgados de Vigilancia Penitenciaria".
Nada sería más lógico que el CGPJ se pronunciase en este caso y defendiera la independencia de los jueces. Así lo hizo frente a la AVT y su manifestación en protesta por la rebaja de la condena a De Juana por el Tribunal Supremo, que por eso se transformó en protesta contra el Gobierno (de lo que resulta la paradoja de que el Gobierno es 'culpable' de lo que decidan los jueces cuando así conviene a los intereses de sus enemigos). También lo hizo cuando apoyó a los magistrados que han imputado a Juan José Ibarretxe por entrevistarse con Batasuna.
No fue así cuando Garzón fue atacado y acosado tras decidir pasar de acusadores a imputados a los peritos del nunca suficientemente ridiculizado 'caso del ácido bórico'. Y no será así con la petición que ahora formula la minoría progresista de la institución. Juzgue cada cual lo que va siendo de la ecuanimidad e independencia de la Justicia que nuestra Constitución consagra.
Creo que la democracia española no ha afrontado nunca hasta ahora una crisis de fondo tan grave (en este caso fundamentalmente de credibilidad). Nunca, salvo durante unas horas el 23 de febrero de 1981.
Quienes están utilizando el terrorismo como tema de confrontación partidista y judicializando sistemáticamente la vida política para compensar su soledad parlamentaria tienen la culpa. Ellos y quienes desde fuera de la política (en teoría) suscriben y apoyan esa estrategia suicida.
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