No voy a entrar en el detalle jurídico de fondo del caso De Juana. Para ello les remito al reportaje seriado que hoy ha iniciado en El País José Manuel Romero bajo el título “Todo es defendible en Derecho”.
La resolución adoptada ayer por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras quitar de las manos el caso a los jueces que emitieron la última condena contra el etarra, partidarios de concederle la prisión atenuada, no habla en favor de la vigencia y el respeto al Estado de Derecho.
Las características del Estado de Derecho, más allá de la validez universal e indiscriminada de sus leyes, exigen de un lado una total ecuanimidad y del otro deben mostrar la superioridad moral y la ausencia de prejuicios de los jueces respecto al reo.
Los jueces representan y actúan en nombre de la sociedad, lo que no ha de implicar nunca que se dejen llevar por estados de opinión emocionales o cínicamente partidistas cuando ignoran deliberadamente las reglas de juego legales. Justicia no es venganza. Cuando se olvida esto el descrédito es inevitable.
Hace años ya que se ha impuesto una línea de condicionamiento político del orden jurídico que roza gravemente lo antidemocrático, si no incurre de pleno en ello.
Hacer leyes específicas para producir efectos terminantes sobre situaciones políticas concretas establece un peligroso precedente.
Asociar orgánicamente a los terroristas con un determinado entorno político hasta considerarlos lo mismo es una gratuidad jurídica insostenible.
Interpretar con rigor extremo las leyes según qué y/o quién sea juzgado, sin otro sostén que la mera presunción, supone una perversión que hace temer por las garantías constitucionales de cualquier ciudadano, según las circunstancias.
Ciertamente De Juana es el mayor asesino de ETA. Ciertamente no ha dado muestras de arrepentimiento. Ciertamente es él quien está arriesgando su vida voluntariamente.
Pero es igualmente cierto que, de acuerdo con las normas legales que le afectan, ha cumplido su condena. También lo es que un castigo de doce años de prisión por dos artículos cuya publicación no provocó ninguna reacción hasta que se consideró ‘necesario’ constituye una exageración y que considerar integrado en banda armada a quien se halla en prisión desafía toda lógica.
El Estado de Derecho, de acuerdo con el axioma de que “todo es defendible”, puede permitir que De Juana se deje morir en prisión, pero el día que esa muerte se produzca será triste para todos. Lo será para un sistema que establece el derecho a la vida como primordial entre todos, pero también para cuantos sabemos que la Justicia debe alzar su independencia y su respeto a los derechos esenciales por encima y más allá de cualquier consideración circunstancial.
También será un día triste desde el punto de vista político porque se habrá regalado al terrorismo un mártir providencial, una baza justificatoria de la que está muy necesitado en estos momentos concretos y una capacidad movilizadora que está muy lejos de lo que ahora puede permitirse.
Nota nada marginal a considerar: Entre 1996 y 2004 ( las dos legislaturas del PP) 56 presos etarras en situación penal similar a la de De Juana (con condena de 30 años por acumulación de penas) fueron puestos en libertad. Vean el listado en el blog de Marc Vidal.
Leer online: http://laspiral.blogspot.com
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