Lo que viene sucediendo en torno al 11-M, o más bien en lo que respecta al propósito que el Partido Popular y algunos medios afines alientan de cuestionar no sólo la paternidad de los atentados sino el conjunto de la investigación policial y judicial, es muy grave, crecientemente pernicioso. Y en definitiva, intolerable en un marco democrático.
No es momento de repasar en detalle todas las insidias tejidas en torno a la ridícula teoría de la simbiosis ETA-Islam: a la mochila que no se halló, sino que fue “colocada”; al contenido de la furgoneta; a la supuesta tarjeta del Grupo Mondragón o de Gráficas Bilbainas; a la fiabilidad que cierto medio informativo concede a las declaraciones de un delincuente que “contaría la guerra civil por dinero” y a un nauseabundo etcétera. Es demasiado pedirle a uno que considere a fondo, sin perder la compostura, la magnitud de la conspiración -cierta- de mentiras, intoxicaciones y tergiversaciones urdida para hacer verosímil una conspiración inexistente.
Finalmente llegamos al chusco asunto del ácido bórico hallado a lo largo de los años (desde 1999) sucesivamente en los domicilios de un antisistema, un etarra y un terrorista islámico. Este elemento químico, usado generalmente con fines insecticidas y desinfectantes, fue transformado, por mor del entusiasmo conspirador de El Mundo, en un ‘incuestionable’ nexo entre los etarras y los extremistas musulmanes.
El ‘providencial’ instrumento de ataque a la credibilidad del sumario del 11-M viene ‘potenciado’ -siempre según el libelo de Pedro J- porque la prueba, un informe pericial de la policía científica, había sido “falsificado” antes de ser remitido al juez Del Olmo.
Cuando el juez Baltasar Garzón interroga a los peritos autores del informe suspuestamente falsificado por sus superiores descubre que las víctimas de tal abuso, los testigos de una acusación gravísima contra responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado presentada por la plataforma “España y Libertad”, son en realidad los únicos falsificadores.
¡Sorpresa! El plato fuerte del programa pasa a convertirse en una bazofia intragable y sus ‘cocineros’ se transforman de testigos en imputados en cuestión de horas.
Resulta que el informe en el que aderezaban con ácido bórico el culo y las témporas fue en su momento rechazado por su inmediato superior, que les instó a eliminar las “elucubraciones” relativas a los hallazgos de ácido bórico, impropias de un informe pericial. Ante su negativa -mejor, la de uno de ellos, Manuel Escribano, que aparece como jefe y responsable máximo de la “operación”- el propio superior, en uso de sus atribuciones, lo reelaboró y le dio carácter de documento oficial. Por cierto, una circular de Interior de 1997 -repito: 1997- prohibía expresamente a los peritos sacar conclusiones. Lógico, ¿no? Un perito es un perito, no Sherlock Holmes.
Tiene que llegar el mes de julio de este año y cambiar el jefe directo de los peritos para que a Escribano se le ocurra (¿a él sólo?, se pregunta Garzón y no es el único) darle al nuevo responsable gato por liebre, haciéndole firmar el informe original, al que cambia la fecha para hacerlo pasar por el “documento oficial” que habría sido falsificado. Tal cosa es hecha más de un año después (julio 2006) de que fuera realizada la falsa falsificación (abril 2005).
Cuando Pedro J. ve derrumbarse sobre su cabeza la viga maestra del tinglado de la farsa que viene construyendo con mimo y minucioso estudio del ‘tempo’, su conclusión -gritada a toda página en portada de “El Mundo”- es que el juez Garzón ha perpetrado “un montaje” que “roza la prevaricación” (y si la roza la roza menos que él el delito que pretende eludir al recurrir al “roce”).
La concertación entre el PP, El Mundo y la COPE se pone una vez más de manifiesto. Desde la fecha en que los peritos falsarios logran dar ‘oficialidad’ a su informe el Partido Popular acusa a al Gobierno de ocultar pruebas de la relación de ETA con el 11-M. El Mundo, aparentemente en consideración a los ‘tempos’ que su director maneja con tanto cuidado, aplaza la ‘revelación’ de la falsificación hasta el inicio del curso político. Cuando Garzón descubre la superchería, el diputado popular Del Burgo, con un libro sobre la ‘conspiración’ publicado por la editorial de El Mundo, se precipita a acusar al juez de “servir al Gobierno” ante los acogedores micrófonos de la emisora de los obispos.
Ahora se intenta quitarle a Garzón el caso de las manos. Según se argumenta, el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional. El problema es que aquí hay algo más que una indecente falsificación. Estamos hablando del sumario del 11-M, sobre el mayor ataque terrorista sufrido por España, y de los intentos reiterados y dolosos de alterar la marcha normal de la Justicia. Estamos hablando de que la falsedad documental es acompañada, en este caso, de una grave acusación de falsificación que alcanza a toda la cúpula policial y por ende al ministro del Interior y al Gobierno entero. Sí que estamos ante un asunto en el que la Audiencia Nacional es competente. Por supuesto que sí.
Hablamos, una vez más, de un ataque irresponsable a las bases del Estado de Derecho, basado en las falsedades o falsificaciones de delincuentes probados y/o presuntos. Se trata, en definitiva de un escándalo al que el propio Estado de Derecho debe poner fin de una vez por todas con todos los medios que le son propios.
Si no toma las riendas habrá que concluir que no existe y que estamos en manos de un implacable e impune “sindicato del crimen” y tendrá que ser la sociedad civil la que se movilice para poner fin a este delirio cotidiano que vivimos por exclusiva responsabilidad de una conspiración político-mediática propia de una democracia bananera, si no de una dictadura vergonzante.
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