¿Quién es el villano de esta historia?

No es mi intención extenderme, una vez más, en la consideración de cuánto tiene de deslealtad y de falta de escrúpulos la actitud del PP en relación con la política antiterrorista del Gobierno. Simplemente quiero someter a la consideración de los lectores un texto del que se habla mucho y que, paradójicamente, es desconocido en su integridad por la mayoría de los españoles: el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.

En su artículo primero se expresa, por parte de los dos partidos que lo suscribieron, la “voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo”, pero antes de ello, en su primera línea, el artículo afirma que es al Gobierno a quien “corresponde dirigir la lucha antiterrorista”.

Durante 39 meses de vigencia del Acuerdo bajo el Gobierno del PP, el PSOE, en la oposición, fue leal e incluso perrunamente fiel a su letra y a su espíritu. Todo cambió, sin embargo, cuando el PP pasó a la oposición sin aceptar la limpieza y justicia de su derrota electoral. No contentos con insistir, desde antes de su fracaso hasta el día de la fecha, en la participación de ETA en el ataque terrorista del 11-M deciden traicionar ese artículo 1 del Pacto para convertir todo lo relativo a la lucha antiterrorista en materia de confrontación con el Gobierno.

Para ello ‘fabrican’ previamente la mentira de que es el Gobierno quien rompe el pacto y encuentran la ocasión idónea en las elecciones autonómicas de 2005 en el País Vasco. Pese a que la candidatura de Aukera Guztiak es ilegalizada por sus nexos con Batasuna, el PP insiste en que se haga lo mismo con EHAK (PCTV), partido legalizado en 2002 por el Ministerio del Interior dirigido por Ángel Acebes.

Las exhaustivas investigaciones policiales no logran evidencia alguna de que exista relación entre el PCTV y Batasuna o ETA, pero el PP halla motivo suficiente en su no ilegalización para dar por roto el pacto.

Entonces, como ahora, el PP encuentra el pretexto en la legalidad de unas determinadas candidaturas para sacar provecho partidista. Ahora reclama la anulación de las listas de ANV en las pasadas elecciones que no anuló el Tribunal Supremo por falta de pruebas. Pretende que el Gobierno actúe como si España fuera un Estado totalitario y lo pretende a sabiendas de que no lo hará. Reclama un imposible para mantener su juego sucio y desleal con la política antiterrorista.

TEXTO DEL ACUERDO POR LAS LIBERTADES Y CONTRA EL TERORISMO

1. El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo.

2. La violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática. Quienes la practican, quienes atentan contra la vida de aquellos que no piensan como ellos sólo merecen la condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos y del conjunto de la sociedad. No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos. El único déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es que aquellos que no creen en la democracia ejercen la violencia terrorista para imponer sus objetivos a la mayoría. Por ello, el PP y el PSOE nos comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.

3. Durante más de dos décadas de democracia, el pueblo vasco ha desarrollado su capacidad de autogobierno en el marco de la Constitución y delEstatuto de Guernica. Ese marco ha permitido la expresión política, cultural y social de la pluralidad que alberga la sociedad vasca. Cualquier discrepancia política existente entre vascos puede y debe plantearse en ese marco institucional. Cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional, debe respetar las reglas y los procedimientos en él establecidos. El diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables.

4. La defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas corresponde, en primer lugar al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y, en su ámbito, la Ertzaintza. De su capacidad y eficacia depende que se erradique en el País Vasco y en el resto de España la violencia, las amenazas y los chantajes de los terroristas y de quienes los sostienen. Por ello, reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada de medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen encomendada. Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica.

5. Los delitos de las organizaciones terroristas son particularmente graves y reprobables porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.

La política penitenciaria forma parte de la estrategia de persecución contra las bandas terroristas y, por tanto, se sitúa en el marco de acuerdo entre ambos partidos y con el Gobierno. Dentro de nuestro ordernamiento jurídico, la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas. La política penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece nuestra Constitución.

6. La experiencia de las actuaciones policiales ha puesto de manifiesto reiteradamente la importancia que tiene la cooperación internacional para la lucha antiterrorista. Los partidos firmantes del presente Acuerdo nos comprometemos a trabajar para reforzar nuevas iniciativas de cooperación, singularmente con Francia y en el marco de la Unión Europea. A tal efecto, ambos partidos creemos necesario mantener una actividad informativa permanente, a escala internacional, en el ámbito de las instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas.

7. Las víctimas del terrorismo constituyen nuestra principal preocupación. Son ellas quienes más directamente han sufrido las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia. Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado.

Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria ya que nadie mejor que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento. Para promover esa colaboración, ambos partidos nos comprometemos a impulsar, junto con las asociaciones de víctimas, la creación de una Fundación en la que estén representadas dichas asociaciones que coordinará sus actividades con las fundaciones ya existentes.

8. Pero la definitiva erradicación de la violencia terrorista en España no es una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. PP y PSOE reafirman su determinación de impulsar y apoyar la movilización de los ciudadanos en contra de la violencia terrorista y en repudio de los asesinos. Ambos partidos expresan su apoyo a los medios de comunicación y a los profesionales que en ellos trabajan y subrayan la importancia de su función para transmitir los valores que garantizan la convivencia entre los españoles y que aparecen recogidos en nuestra Constitución.

La libertad de expresión y el pluralismo informativo constituyen un patrimonio democrático esencial frente a la coacción, la amenaza y la imposición del silencio buscada por los asesinos y sus cómplices. En este Acuerdo, queremos dirigir un llamamiento especialmente a los jóvenes. Son ellos los que deben protagonizar, de una forma singular, la rebelión contra la violencia. Es a ellos a quienes corresponde principalmente extender la ética de los valores democráticos y de la convivencia. ETA debe perder toda esperanza. Y esa esperanza la perderá con la respuesta firme unida y democrática de los ciudadanos vascos y del conjunto de los españoles a cada una de sus vilezas.

Nuestro compromiso es poner en España y singularmente en el País Vasco, toda nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Este no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las que ambos partidos nos comprometemos a defenderlos.

9. El objetivo de este Acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo –reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones– y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin, se creará una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se integrarán representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del Gobierno, representantes de éste.

10. Con la firma del presente Acuerdo PP y PSOE queremos ratificar públicamente nuestro compromiso firme de trabajo en común, para la defensa del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos españoles. Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben inspirar la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la política que debe desarrollarse.

Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas a compartir estos principios y esta política, convencidos como estamos de que son un cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración en el objetivo de erradicar la lacra del terrorismo.

En Madrid, a ocho de Diciembre de dos mil.

APÉNDICE: Punto 2 (el esencial) de la propuesta aprobada por el Congreso sobre el diálogo con ETA con el voto en contra del PP

Expresamos nuestra convicción de que el Estado de Derecho ha demostrado su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. A ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Ésta es la exigencia de la ciudadanía vasca y ésta es también la actitud de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia.

El diálogo con ETA (que no negociación) ha respetado estrictamente lo acordado por el Congreso, que, por otra parte, es suscribible por todo partido democrático digno de tal nombre. El alto el fuego se ha roto por la insistencia de ETA en plantear un temario político y el rechazo del Gobierno a admitir como interlocutor político a una banda armada.

Mientras ha durado ese proceso, el Gobierno ha tenido que soportar una sarta permanente de intoxicaciones y mentiras que le pintaban de rodillas ante los terroristas o dispuestos a anexionar Navarra al País Vasco a cambio de la paz.

Juzgue cada cual quién es el villano de esta historia.

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