Vergara, en Público (21-4-2009)El próximo martes se cumplirá el sexto aniversario del accidente del Yakovlev 42 en Trebisonda (Turquía) que costó la vida a 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Este próximo sábado hará cinco años que el juez instructor, Grande-Marlaska, decidió no imputar al ex ministro de Defensa Federico Trillo en relación con la identificación errónea de 30 de los militares fallecidos, que se reveló deliberada. El pasado 11 de marzo la Audiencia Nacional rechazó la comparecencia como testigos de Aznar, Trillo y Bono, cerrando de este modo, definitivamente, la 'vía política' de un proceso de carácter eminentemente político.
El general Beltrán, encargado de la repatriación de los cadáveres, que no de la identificación de éstos, según declaró, ha dicho con toda claridad que había recibido de Trillo la orden de hacerlo "cuanto antes" para que llegasen a tiempo a los funerales de Estado, celebrados dos días después. 30 de los 62 féretros fueron entregados a los familiares de las víctimas a sabiendas de que no estaban debidamente identificados. ¿Quién puede creer que la trapisonda de Trebisonda fue obra exclusiva del general médico Navarro y de sus dos ayudantes condenados? Nadie que considere el asunto con objetividad.
Fue Aznar, según el general Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien fijó la apresurada fecha del funeral para dos días después del accidente. Y fue Trillo quien trasladó la orden de modo contundente. ¿Desconocían ambos que casi la mitad de los cadáveres estaban sin identificar? Eso es algo más que improbable. Todo indica que políticos y militares trataron de cubrirse las espaldas apoyándose entre sí en la confianza en que el asunto no fuera más adelante. Mientras los políticos intentaban echar tierra a un 'affaire' que estaba protagonizando grandes titulares muy negativos en la prensa, los militares como Alejandre pretendían ocultar sus inhibiciones culpables, la mayor de las cuales sería haber ignorado las 18 denuncias que miembros de las Fuerzas Armadas habán formulado sobre la falta de seguridad de los vuelos.
Al respecto hay un detalle muy significativo. Mientras Alejandre insiste que no tuvo noticia de que 30 cadáveres habían sido repatriados sin identificar, su sucesor en el cargo, Félix Sanz Roldán, asegura que, según éste le confesó personalmente, no sólo lo sabía y advirtió de este hecho en la reunión del Consejo de Dirección de la Defensa celebrada un día antes de los funerales sino que, además, se había mostrado partidario de que los 30 cuerpos no fuesen entregados a los familiares sino trasladados a una morgue, donde se concluirían las tareas de identificación. Por supuesto, Alejandre niega haber tenido tal conversación con Sanz Roldán.
El problema es que mientras resulta imposible imaginar las razones por las que Sanz Roldán se habría inventado una conversación inexistente con su predecesor no hay mucha dificultad para imaginar qué motivos mueven a Alejandre a negarlo. Parece evidente que, con posterioridad a la reunión del Consejo de Dirección de la Defensa, hubo una orden terminante del Gobierno en el sentido de dejar las cosas como estaban. Todo indica que, como en el caso del golpe del 23-F, podríamos estar ante una nueva evidencia de los efectos perniciosos de un particular concepto de la "obediencia debida" que se antepone a la legalidad.
Nos hallamos ante un caso vergonzoso y escandaloso, que no sólo mantiene el descontento de los familiares de las víctimas, que insisten en reclamar responsabilidades políticas, sino que, además, ha causado hondo malestar en ciertos niveles del estamento militar, a la vista de que dos de los condenados como cómplices, los oficiales, sufrirán el mayor de los castigos, pues deberán abandonar la carrera militar, en tanto que el general Navarro, de 68 años, en la reserva desde 2004, probablemente no deberá ni pagar con cárcel, pese a que su condena, la mayor, es de tres años.
Es democráticamente inaceptable que un caso como éste se cierre en falso, sin determinar ni condenar la autoría intelectual, que, según todos los indicios, no es militar sino netamente política.
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