Capitalismo es la asombrosa creencia de que los hombres más perversos harán las cosas más perversas por el mayor bien de todos.
John M. Keynes
Si en la cita que encabezaba el anterior post Galbraith recurría a la ironía para desautorizar a los augures económicos, comparados con desventaja a los charlatanes astrológicos, en la que encabeza esta entrega quien es identificado como su maestro nos muestra el lado más cruelmente sarcástico -y no por ello inexacto- de la actividad económica en un sistema de libre mercado. Ambos eran economistas lúcidos, conscientes de que el juego económico es radicalmente ajeno a todo móvil filantrópico. Son individuos poseidos por una avaricia que en muchos casos podría ser calificada como patológica quienes 'mueven' la economía con indiferencia absoluta respecto a las consecuencias sociales de sus decisiones.
Siguiendo a Keynes podría afirmarse que el extraordinario progreso de los intereses egoistas al que asistimos -especialmente en esta era de la globalización- es posible merced al 'buenismo' que practican de hecho el poder político y el conjunto de las sociedades en las que se escenifica la 'ley de la selva' económica. No deja de ser paradójico que sean precisamente políticos neoconservadores y ultraliberales (entiéndase en lo económico) quienes critiquen esa 'ingenuidad política' de la que ellos y sus socios capitalistas se benefician.
Keynes y su discípulo Galbraith no eran en absoluto 'buenistas' y precisamente por eso se decantaban por otorgar a los estados los instrumentos precisos para evitar que el libre juego económico degenerase en graves perjuicios sociales. Quienes, como ellos, asistieron a las desastrosas y duraderas consecuencias del 'crack' de 1929 tenían claro que había que poner los medios para que la catástrofe no se repitiese. La posterior euforia provocada por la bonanza económica que siguió al final de la segunda guerra mundial (téngase en cuenta que, por ahora, me refiero a Estados Unidos) condujo finalmente a que lo que se había calificado peyorativamente como 'intervencionismo' fuera decayendo.
Es difícil imaginar que un caso tan escandaloso como el de las hipotecas 'subprime' pudiera producirse en un contexto de mayor vigilancia e intervención del Estado. Ese 'producto' financiero de altísimo riesgo era un fraude objetivo y una bomba de relojería en el sistema económico estadounidense. Todo el que podía saberlo lo sabía, pero quienes podían impedirlo dejaron hacer, dejaron pasar. Ahora, tras el petardazo inicial provocado por el reconocimiento de la dramática situación, sigue el chorro constante de los impagos por parte de los afectados. La propia prensa económica se ve forzada a admitir que el problema no es sólo la falta de liquidez de las víctimas, sino la conciencia que estas comparten de que el valor de la casa que están comprando está muy por debajo del dinero que tienen que pagar.
Sin alcanzar el dramatismo de las 'subprime', en España puede llegar a ocurrir algo similar, aunque por diferentes motivos. Aquí ha sido preciso llegar a las evidencias del profetizado pinchazo de la 'burbuja' inmobiliaria' para que sea posible asistir a confesiones como la recientemente realizada por el Josep Donés, presidente de la comisión técnica de la APCE (Asociación de Promotores y Constructores de España), quien admite que en los últimos diez años se ha construido en nuestro país "el doble de las viviendas necesarias". Quienes han asistido al espectáculo del crecimiento de la burbuja y disponen de un mínimo de conocimientos eran inevitablemente conscientes de que existía un casi inconcebible sobredimiensionamiento de la demanda, pero tal vez ignoraban hasta qué punto es gigantesco e inquietante.
¿Cómo es posible un falseamiento tan extraodinario de los principios tradicionales de la ley de la oferta y la demanda? Donés argumenta que una buena parte de las compras se han hecho como inversión, dado que los supuestos ahorradores no hallaban "productos en el mercado que les asegurasen el poder adquisitivo de sus ahorros". Puede que ésto sea parcialmente cierto, pero suena a mentira piadosa. Abunda la gente que tiene una fe ciega en la permanente revalorización de los inmuebles, que se inquieta por los vaivenes de la bolsa y contempla con desconfianza cualquier otra alternativa de inversión, pero esa es una explicación manifiestamente insuficiente del sobredimensionamiento del sector inmobiliario.
Apenas veinte días después de las declaraciones de Donés el colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública) alertaba -demasiado tarde- de que, según los datos recogidos en un reciente estudio, el sector inmobibliario se ha convertido en "uno de los principales refugios del dinero negro en España", ya que oculta las rentas generadas en las distintas fases de recalificación de terrenos, urbanización, promoción, construcción y venta. El 60% de las agencias inmobiliarias -aseguraba- acepta dinero negro en sus pagos y muchas de ellas lo imponen como requisito para formalizar sus operaciones de compra-venta.
Sabíamos ya desde hace tiempo que la cuarta parte de los billetes de 500 euros disponibles en la Unión Europea se hallaban en España, lo que es un indicio más que ferviente de lo que sucede y debería haber sido una motivación para actuar, pero los gobiernos han adoptado siempre una extraordinaria indulgencia con el dinero negro. Y de modo aún más claro desde que el cambio al euro lo hizo aflorar de múltiples formas. Hay resistencia a matar a la 'gallina de los huevos de oro' de la economía sumergida, pese a sus efectos perversos, y se confía ingenuamente en que, poco a poco y por vías inevitablemente irregulares esa extraordinaria masa de dinero B se legalice. Los estudios realizados por los técnicos de Hacienda muestran justamente lo contrario. En los últimos años la demanda de billetes de 500 euros -tan prácticos para transportar discretamente grandes cantidades de dinero- ha estado creciendo por encima del 35 por 100.
Sí, 'es la economía, estúpido', pero... también es la política. Sobre todo la política. Su acción u omisión es determinante. El caso de la 'burbuja inmobiliaria' es elocuente al respecto. Ha sido fundamentalmente el dinero negro el que ha motivado el desproporcionado incremento de la construcción. La demanda inmobiliaria generada por él ha provocado artificialmente un aumento igualmente desproporcionado de los precios y dicho incremento tiene una incidencia social y económica sumamente negativa.
Una legión de españoles realmente necesitados de vivienda están pagando los platos rotos, sacrificando sus débiles economías familiares mediante hipotecas que van a condicionar negativamente sus vidas durante largos años. Y eso no sólo reduce el dinero circulante gracias a la reducción drástica de la capacidad adquisitiva en otros bienes, sino que, dada la instabilidad del mercado laboral, también puede conducir a la acumulación de impagados.
He ahí cómo la indulgencia fiscal que los gobiernos (no sólo éste, por más que insista el PP) practican con la economía sumergida acaba repercutiendo de modo absolutamente pernicioso en la sociedad y, a la larga, en los índices macroeconómicos que los gobiernos acostumbran a exhibir como mendaz baremo de la riqueza de la nación.
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