No tienen remedio. Y nosotros, por su culpa, mucho menos. Me refiero a los políticos e incluyo, en este caso, prácticamente a todos y de todos los colores, desde el presidente del Gobierno para abajo. El tema al que me refiero no es un grave asunto de Estado, aunque podría llegar a serlo, que por menos se montó el motín de Esquilache. Los posicionamientos ante la reforma del Estatut, por ejemplo, también pueden ilustrar eficazmente la farsa política en toda su extensión, pero sería preciso entrar en matizaciones y disquisiciones que, al menos en este momento, se me antojan sumamente aburridas, a la par que inútiles.
Fin del suspense: de lo que se trata aquí es de la normativa restrictiva del consumo del tabaco en público, cuestión que ha concitado el mayor consenso político que yo recuerde en muchos años. El Congreso ha aprobado hoy un texto que, entre otras cosas, prohíbe fumar (tabaco) en los centros laborales, incluso en los espacios habilitados a ese fin; impone severas limitaciones en bares y restaurantes y penaliza no sólo al que incumpla la normativa, sino también a quien tolere el incumplimiento (o a quien el denunciante crea que lo tolera, que no es lo mismo necesariamente).
La futura ley -aún a falta del trámite en el Senado, en el que no cabe esperar retoques significativos- tiene, según la portavoz del PSOE en la comisión de Sanidad del Congreso, un ‘espíritu sanitario’, razón por la cual la propuesta de CiU de permitir fumar en lugares específicos del centro de trabajo por el bien de la 'armonía laboral' fue rechazada hoy.
También hoy, en un gesto de lucidez y objetividad que a estas alturas podría ser calificado incluso de sorprendente, sus señorías acordaron rebajar de grave a leve el carácter de la falta de fumar o permitir fumar en lugares de prohibición total. No obstante, las multas previstas oscilan entre 30 y 600 euros, cantidad esta última que soy incapaz de imaginar qué clase de actividad relacionada con el tabaco puede sancionar: ¿un fumadero clandestino?
Cabe compadecer -de acuerdo con el contenido de la ley- a los hosteleros que dispongan de un local de 101 metros cuadrados porque no podrán optar libremente por declararse de fumadores o de no fumadores, como los de 100 o menos, sino que tendrán que acotar herméticamente un espacio máximo de 30,3 metros si quieren beneficiarse de la visita de los réprobos y viciosos inhaladores de humo nicotínico, que probablemente no se sentirán muy a gusto en tan estrecho 'ghetto' y optarán por los locales pequeños. ¿Y por qué no permitir que todos los negocios de hostelería, independientemente de su tamaño, se definan como fumaderos o no fumaderos?
Pero hay más, como señalaron hoy ERC e IU-ICV. ¿No es una grave y elocuente contradicción prohibir absolutamente fumar en los centros de trabajo -por el bien de los trabajadores, claro-, y permitir que los ‘curritos’ de hostelería se intoxiquen a pleno pulmón? Por supuesto que sí. Pero toda esa ley, teóricamente elaborada por el bien de la salud pública, es una exhibición impúdica de hipocresía, algo mucho peor que la incoherencia y el exceso beato que caracteriza a algunas de sus exigencias.
Si la cuestión es tan grave como la describen sus señorías -cosa que, como fumador empedernido que soy, no dudo en absoluto-, lo lógico es ilegalizar la venta y el consumo del insano y adictivo producto, puesto que no es otra cosa que una droga cuyo consumo conlleva graves consecuencias. Ahí les quiero ver, afrontando el asunto con un par, negando al Estado una de sus tradicionales fuentes de ingresos, mandando a sembrar coles -o lo que tengan a bien- a los cultivadores de tabaco insulares y peninsulares y condenando a los estancos a vender chucherías.
A mi personalmente me vendría muy bien que ilegalizasen el tabaco porque no me veo persiguiendo a un 'camello' para que me pase una cajetilla con la que aplacar mi 'mono'. Aunque tal vez sea mejor ser un drogadicto perseguido por consumo ilegal de tabaco que un drogadicto tolerado según dónde y perseguido, según cuando, por su propio 'camello' por la vía legal, por la económica y por la inmoral. Porque -no nos engañemos- lo que la hipócrita normativa que se va a imponer a partir del día 1 de enero no puede disfrazar u ocultar es la profunda inmoralidad en la que tiene su origen.
Un 'camello' consumado resulta, en definitiva, mucho más moral que estos padres de la patria que fingen querer salvarnos de nosotros mismos a base de impuestos, prohibiciones y multas. Cualquier cosa antes que ilegalizar lo que nos mata. ¡Hipócritas!
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