Acebes se convirtió ayer en el caballero de la mano en el pecho para asegurar que el Gobierno puede perder las elecciones, pero no la honorabilidad. Como prueba supuestamente definitiva de honor ahí estaban, insólitamente desclasificados, dos informes del CNI a los que el Gobierno se habría atenido al sostener la insostenible autoría de ETA en los salvajes atentados del pasado día 11 en Madrid. Zaplana, por su parte, puso su mejor cara de "os lo juro por mis muertos" al asegurar que esa era toda la información procedente del CNI, aunque hay constancia de un tercer informe que descartaba la rocambolesca hipótesis de una colaboración entre ETA y Al Qaeda, a la que, sin embargo, Acebes dio crédito en su empeño por priorizar la teoría más favorable a los intereses electorales del PP.
Definitivamente han perdido los papeles. No sólo echan a los perros a los servicios de inteligencia del Estado (¿o del Gobierno?), ya de por sí bastante deteriorados, sino que se empeñan en convertir en prueba evidente de su honorabilidad lo que no lo es en absoluto. Incluso en el que, cronológicamente, sería el primer documento redactado, el CNI plantea cautelas respecto a la autoría que Acebes no manejó en absoluto. En cuanto a la cronología elaborada por el subdirector de Policía y fechada ayer mismo, contiene inexactitudes y errores que precisamente invitan a cuestionarse la veracidad de lo que pretenden probar: la sincronía entre los avances de la investigación y la información difundida por el Gobierno.
Aznar quiere lavarse la cara y no repara en gastos. Las declaraciones, el miércoles, del subsecretario de Estado norteamericano, Armitage, sosteniendo que el PP perdió las elecciones a causa de su gestión informativa de los atentados de Madrid han debido tener para él el lúgubre sonido del último clavo sobre la tapa de su ataúd político. Esa interpretación, la de que él es el autor de la derrota de su partido, es precisamente la que más le descompone y en combatirla centra el mayor empeño.
Por otra parte, quien, en su delirio, se ha visto a sí mismo no sólo como el salvador de su partido y un gran presidente del Gobierno, sino también como un relevante líder mundial no soporta que se le contemple ahora como un paradigma de torpeza y falsedad, con el agravante de cierto grado de deslealtad, implícita en la desinformación que sufrieron los servicios de inteligencia occidentales sobre un tema tan sensible como la paternidad de los atentados.
¿Qué hubiera ocurrido si el plan del terrorismo islámico hubiera consistido en una sucesión de atentados salvajes en capitales europeas tras el de Madrid? Que habría sorprendido a los servicios de seguridad interior de los países afectados sesteando en la convicción de que no tenían nada que temer de ETA. Imperdonable irresponsabilidad.
En su empeño por ofrecer una cabeza distinta de la propia, Aznar y el Gobierno no han dudado en causar un gran daño colateral, hundiendo en el descrédito al Centro Nacional de Inteligencia. No parece haber sido una decisión muy meditada, pero les ofrece la ventaja de beneficiarse, al menos teóricamente, del secreto y el sigilo que caracteriza el trabajo de este tipo de servicios, de los que no cabe esperar ninguna réplica, al menos a nivel oficial. A nivel extraoficial ya transcendió de inmediato el estupor y la indignación que en su seno ha causado la decisión del Gobierno.
No voy a hacer la defensa del CNI, entre otras cosas porque su dirección, a cargo del diplomático Jorge Dezcallar, con rango de secretario de Estado, no está libre de la sospecha de partidismo. No parece descartable, en consecuencia, que haya servido al Gobierno "informes a la carta", que le habrían servido a éste para cubrirse retrospectivamente las espaldas.
Todavía está por saber quién filtró, con significativa diligencia y oportunidad (también con imprudencia, si la fuente era un infiltrado), el encuentro entre Carod-Rovira y la dirección de ETA, que constituyó una valiosa baza política y electoral para el Gobierno del PP. También existen sombras acerca la existencia o no de informes del CNI al Gobierno que descartarían la posesión de armas de destrucción masiva en manos de Irak en fechas previas al inicio de la guerra que Aznar apoyó con entusiasmo. Dezcallar lo negó, pero quienes lo afirman tienen buenas razones para hacerlo. También están por aclarar las investigaciones sobre el accidente del Yak-42, que causó el mayor número de bajas militares españolas desde la guerra civil.
Al situar bajo el foco del ojo público al CNI el Gobierno en funciones comete un nuevo error, pero al mismo tiempo, involuntariamente, señala un objetivo que, para tranquilidad de los españoles y servicio a la verdad histórica, debería ser sometido a la consideración de una comisión de investigación apenas se constituya el Gobierno electo.
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