La subida de las pensiones, que se presentaba como el único gesto 'social' del nuevo Gobierno, se ha quedado finalmente en un ridículo, simbólico y decepcionante 1 por 100. Si consideramos que las pensiones más altas -y menos frecuentes- percibirán 20 euros más al mes el cuadro quedará claro en su valor exclusivamente simbólico. Puesto que el IPC se situó en noviembre en el 2,9, es evidente que la anémica subida no compensa en absoluto la de los precios. No es una congelación, pero sí una regresión lamentable. Las que sí son congelaciones puras y duras y significan una mayor reducción objetiva de la capacidad adquisitiva son las que afectan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), anunciada el miércoles, y la de los sueldos de los funcionarios, cuya prórroga fue confirmada ayer.
Dado que la sedicente prioridad 'social' máxima del Gobierno es la creación de empleo, sigue en vigor la pregunta del millón: ¿Cómo? Si los ingresos de los españoles que aún tienen trabajo o pensión se congelan o reducen, lógicamente decae el consumo; como consecuencia decrecen los beneficios y la producción, lo que conduce en última instancia al aumento del paro. ¿Alguien cree seriamente que reformar la normativa laboral en favor de los empresarios y premiar con exenciones fiscales las nuevas contrataciones - estímulos que el Gobierno prevé pero aún no ha aprobado - va a crear un empleo digno de tal nombre? La consecuencia previsible es justamente la contraria.
Pero aún quedaba una sorpresa, que, precisamente por serlo, resulta más indignante. Amparándose en el supuesto aumento del déficit previsto, del 6 al 8 por 100, el presidente del Gobierno ha accedido a desmentirse rotundamente respecto a su negativa previa a subir los impuestos, que sostenía hasta hace poco más de una semana. Sin embargo, por un lado nadie ignoraba, al menos desde septiembre, que la previsión de déficit iba a verse desbordada, y por otro, nadie en sus cabales era capaz de imaginar - con o sin aumento del déficit - que fuera posible afrontar eficazmente la situación sin subir los impuestos. En consecuencia, o Rajoy ha mentido a sabiendas todo el tiempo o está en la higuera. A saber qué hipótesis es más inquietante.
También en el terreno fiscal el Gobierno hace gala de su filosofía clasista y ultraliberal: Serán las rentas del trabajo, vía IRPF, las que sufragarán en mucho mayor grado que las del capital (4.200 millones frente a 1.200) ese 'imprevisible' déficit 'sobrevenido'. Así nos encontraremos con que muchos de los empleados cuyo salario ha sido congelado e incluso reducido, verán aumentada su aportación a las arcas del Estado en absurda y cruel paradoja, so pretexto de un "esfuerzo solidario" y "temporal" del que son eximidos quienes más tienen y pueden.
Mientras tanto las SICAVs (Sociedades de Inversión de Capital Variable), auténticos paraisos fiscales interiores para las grandes fortunas, siguen cotizando el 1%, sin que sea previsible ninguna alteración en ese privilegio. También mientras tanto persiste el fraude rampante de los dueños del dinero a la Hacienda pública, cuantificado por la propìa Agencia Tributaria en 44.000 millones (más que suficientes para enjugar el déficit) sin que se manifieste la más mínima voluntad política para poner fin a ese estado de cosas que lleva camino de devolvernos al tercermundismo. Es evidente que si el fraude se puede cuantificar también se puede atajar. Basta movilizar a la Inspección en la dirección adecuada.
Aún queda otra medida entre las anunciada tras el Consejo de Ministros celebrado ayer que clama al cielo: el restablecimiento de la deducción fiscal por vivienda en propiedad. Que a estas alturas se intente reactivar la burbuja inmobiliaria con el fin de que la construcción vuelva a generar empleo - ese parece ser el objetivo - revela un absurdo voluntarismo que contradice la ley de la oferta y la demanda, básica en la economía liberal. Cuando finalmente la burbuja estalló, con las perniciosas consecuencias para las finanzas y el empleo de todos conocidas, alguien osó decir la verdad silenciada durante mucho tiempo. Josep Donés, presidente de la comisión técnica de la APCE (Asociación de Promotores y Constructores de España), afirmó que en los diez años previos al pinchazo se construyó en nuestro país "el doble de las viviendas necesarias". ¿Cuántas son ahora las viviendas realmente necesarias que no estén ya a la venta? Es de locos.
Pese a que el Partido Popular ha dispuesto de más tiempo del que nadie haya tenido nunca antes para definir sus políticas y organizar equipos con la perspectiva cierta de que iba a gobernar, da la sensación de que la victoria electoral y sus consecuencias de responsabilidad y eficacia le hubieran cogido por sorpresa. Cuarenta días después de las elecciones no sólo aún hay ministerios por organizar, con altos cargos del segundo y tercer escalón sin definir, sino que el primer trimestre del año lo viviremos con los presupuestos de 2011 prorrogados. Y siendo eso malo todavía es peor que, pese a las críticas que le dirigieron a Zapatero por sus 'improvisaciones', parece que quienes lo derrotaron se mueven también a golpe de 'ocurrencias' y sus responsables económicos no demuestran mayor capacidad que la que se deduce del conocimiento de dos de las cuatro operaciones básicas de la aritmética: sumar y restar.
Finalmente, en el "inicio del inicio", como ha calificado la pizpireta vicepresidenta estos cruciales momentos, se desvela el 'porqué' del riguroso secreto de la agenda económica por parte del PP. Si hubiera adelantado su contenido - que sería lo honesto - habría perdido las elecciones y la razón es muy simple: la crisis que se pretende remontar es depositada con casi todo su peso sobre los hombros ya debilitados de las clases medias, ahí donde el PP cuenta con un vivero de votos hasta ahora inasequibles al desaliento.
¿Qué es peor: la ocultación o la mentira? Inútil disyuntiva. Este Gobierno - pese a su compromiso expreso de 'decir la verdad' - cuenta con dosis excesivas e inquietantes de ambas cosas en su explosiva mochila, . Lo peor en realidad es que gobierna y además dice creer que lo hace con el apoyo de los ciudadanos, sin que éstos hayan dado su consentimiento expreso a unas medidas indeseables, que nunca fueron expuestas en un programa electoral. La solidaridad que reclama 'de todos' está fuera de lugar.
Foto: El Gobierno se ampara en la 'herencia' - que ya conocía - para justificar la subida del IRPF que decía descartar.
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