Una semana traumática (y II)

Baltasar Garzón es un juez que no genera especiales simpatías, pero sí más que las que provoca cualquier otro miembro de la carrera judicial. Se supone que lo ideal en un juez es que sea lo más anónimo posible y que nadie tenga opinión precisa sobre él más allá de lo que respecta a su trayectoria profesional, pero en el caso de Garzón la transcendencia de las causas que ha llevado, su breve -y contradictorio- paso por la política y su firme determinación, después, de ser independiente e inasequible a las presiones políticas le han granjeado animadversiones irreversibles y simpatías apasionadas.

El hombre que, entre otras cosas, precipitó la caída del Gobierno de Felipe González y llevo a la cárcel a un ministro y a un secretario de Estado de su Gobierno; el que amargó los últimos años de vida del dictador chileno Pinochet; el que se convirtió en la pesadilla principal de ETA está curado de espantos. Cuando cree que está en el buen camino de una investigación nada le arredra y eso es lo que le hace temible para muchos -sino todos- los que en algún momento caen bajo su jurisdicción.

El Partido Popular se convirtió en un clamor cuando Garzón dio los primeros pasos en la investigación de la 'trama Gürtel'. De inmediato reclamaron su recusación alegando la "enemistad manifesta" del juez y su "interés directo o indirecto" en la causa". A la hora de justificar ambos extremos, el escrito elaborado por el ex ministro de Justicia Federico Trillo no tenía otro argumento que exhibir que la inclusión del juez, como número 2, en las listas electorales del PSOE en Madrid en 1993. Olvidaban -es un decir- que el magistrado "enemigo" favoreció sus intereses electorales tras regresar un año después de su 'aventura política' a la Audiencia Nacional y poner en marcha la investigación sobre los GAL que aceleraría la caída de Felipe González. La supuesta "enemistad manifesta", entonces, iba más bien dirigida contra el PSOE y el PP no tuvo nada que objetar sobre el sumario ni sobre las filtraciones que, como un goteo diario, vieron la luz en aquellos días. Si comento esto es porque no son pocos los que creen que tras la ofensiva judicial contra Garzón se halla el PP, cuestión en todo caso indemostrable, pero tal voz no tan improbable..

El proceso seguido contra Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo ha sido, cuando menos, peculiar. La pretensión del 'juez estrella' de declararse competente ya había sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante la Sala de lo Penal de dicha institución, tras lo cual Garzón se inhibió en favor de los juzgados en cuyos territorios se hallan las 19 fosas que había ordenado investigar. Posteriormente la Sala aprobó los argumentos de la Fiscalía por 14 votos contra 3. Ahí, el 28 de noviembre de 2008, podría -y debería- haberse parado todo.

¿Por qué, a posterior, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela decide abrir causa por prevaricación a instancias de sendas querellas presentadas por dos organizaciones filofascistas, plagadas de defectos de forma que él mismo indica cómo corregir? ¿Por qué las prisas del procedimiento abreviado y el rechazo de los argumentos de la defensa de Garzón sin siquiera considerarlos. Según Varela, cofundador de Jueces para la Democracia y en otro tiempo admirador de Garzón, éste "actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España".

Al menos tres jueces de la Audiencia Nacional están de acuerdo con Garzón en su competencia ante "los delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos verificó en nuestro país", según expresión de la magistrada de la Audiencia Nacional Clara Bayarri en artículo publicado por 'El País'. La inclusión de los crímenes del franquismo en la Ley de Amnistía de 1977 es tan discutible como la apresurada calificación de "Cortes Democráticas" que el juez Varela aplica a un Parlamento del que estaba ausente el Partido Comunista de España, legalizado un mes después de que se aprobase dicha Ley, en la que seguramente el partido excluído habría tenido algo que decir. Aquellas eran unas Cortes de transición, mutiladas. Sólo tras la aprobación de la Constitución, en 1978, se puede afirmar que las Cortes son democráticas.

Todo indica que una seria y crucial cuestión jurisdiccional y jurisprudencial ha sido escamoteada mediante el procesamiento y consecuente apartamiento de la carrera judical de Baltasar Garzón. Sin que haya existido un previo debate en profundidad para dilucidar si la supuestamente democrática Ley de Amnistía de la Transición puede permitir ignorar la legislación internacional vigente, que establece la no prescripción de los crímenes contra la humanidad, una condena de Garzón, dando por sentado su propósito de actuar conscientemente contra la Ley, sería una injusticia que es de esperar que el Tribunal Supremo evite en el fallo que habrá de emitir en su día.

Por el momento no se le ha evitiado el daño al juez, ni a las familias de las víctimas ni a la imagen internacional de España. Y todo ello es muy alarmante y muy perjudicial para la credibilidad democrática del Estado español en el marco exterior, donde no sólo era indiscutible hasta ahora, sino también admirada, gracias fundamentalmente a jueces como Garzón, que no se amilanan ante las dificultades que con frecuencia existen para hacer justicia y devolver a los ciudadanos y a las naciones su dignidad.

Foto: Varela hace la presentación de Garzón en una conferencia de este auspi8ciada por Faro de Vigo' en 1992.