El Código de buenas prácticas para la banca
ante la tragedia de los desahucios tiene todas las trazas de ser un
brindis al sol, destinado quizás a cimentar la anunciada victoria del PP
en las elecciones de Andalucía. La emisión de tal normativa supone que
hay malas prácticas, prácticas injustas y lesivas. Entonces, ¿por qué
no han empezado ya a cortarlas? ¿por qué es
de carácter voluntario su cumplimiento? ¿No es absurdo?
En cualquier
caso, la AEB (Asociación Española de Banca) ha echado sin tardanza su
cuarto a espadas: "Las entidades bancarias están teniendo que asumir
funciones contra la exclusión social que corresponden a las
Administraciones Públicas", han dicho. Y aunque aseguran tener "la mejor
disposición" subrayan que "una política eficaz para combatir la
exclusión social debe basarse, sobre todo, en atacar sus causas y no
solo en paliar sus efectos".
Ahí lo han clavado, pero el dardo es de ida
y vuelta. La situación actual no sería tan grave sin la decisiva
participación de la banca en la creación e hipertrofia de la 'burbuja
inmobiliaria', que ha llevado a la economía española al desastre. Sólo
por esa simple razón el Código de buenas prácticas debería ser de
obligado cumplimiento. La argumentación bancaria no puede ser más
cínica.
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