Siete diputados del PSOE rompieron anoche la disciplina de voto de su grupo en el Congreso de los Diputados durante el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado. Se trataba de votar una enmienda del grupo IV-IU-ICV contraria al privilegio que las cuentas del Estado pretenden conceder de nuevo el próximo año a la Iglesia Católica, notablemente superior, según su argumentación, a lo que supondría la aplicación estricta del 0,5% que sus fieles -muchos menos de los que la jerarquía eclesial se atribuye- le adjudican en sus declaraciones sobre el IRPF.
El grupo enmendante, consciente de que su propuesta podría cosechar muchos votos en los bancos socialistas, pidió que la votación fuera secreta, pero el Reglamento -como Marín les recordó- lo impide. Las siete disidencias (cuatro de ellas tibias, dado que fueron abstenciones) no alteraron el resultado previsible porque la enmienda sólo fue apoyada abiertamente por ERC y BNG, además del grupo que la propuso. Eso no les resta elocuencia a la hora de transmitir una realidad nada irrelevante: la disconformidad que existe entre los parlamentarios del PSOE con la actitud claudicante del Gobierno ante una Iglesia que, en clara alianza estratégica con el PP, le ha declarado la guerra precisamente para eso, para mantener mediante el chantaje sus injustificables privilegios.
La confrontación alcanzó el nivel de lo intolerable en los últimos días, frente a las evidencias de que la movilización que condujo a la manifestación multitudinaria del pasado sábado en Madrid se basó en falsedades patentes (las más gruesas de ellas sobre la asignatura de Religión o la libre elección de centro), cuya responsabilidad, por cierto, tanto la Iglesia como el PP no admitirían jamás, pese a que es evidente que la tienen.
También la Iglesia parece haberse sumado al 'todo vale' del PP. Para ella el fin justifica los medios cuando el fin -eso dice- es la supuesta defensa de los derechos de su grey. Ayer, el arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, se despachó con una declaraciones en las que afirma que la santa institución a la que pertenece "le ahorra al Estado" cada año 36.060 millones de euros por la prestación de servicios asistenciales, benéficos y educativos, entre otros, mientras que recibe de aportaciones tributarias y consignaciones presupuestarias 132 millones anuales. "No somos -dijo el incólume jerarca- una institución sólo religiosa porque prestamos servicios de beneficencia y tenemos hospitales y escuelas". Naturalmente no hizo mención alguna a los beneficios fiscales que recibe y mucho menos a la inmunidad contable de que disfruta.
Dijo el arzobispo que los referidos 132 millones son “nada”, una cantidad que "no cubre ni el 20%" del dinero que precisa la Iglesia para costear las nueve universidades católicas existentes en España, las 69 diócesis, 75 seminarios y 20.000 sacerdotes, entre otras cosas. Por si no quedaba claro que es prácticamente una miseria -en su peculiar valoración- la aportación del Estado, aseguró que un 75% de lo que percibe la institución procede del IRPF que los ciudadanos destinan a la Iglesia. Para comprender las ‘cuentas del Gran Capitán’ que hace monseñor Ureña hay que tener en cuenta que, "mientras no se demuestre lo contrario", el 95% de la población española se confiesa católica, según él.
Hay que tener filosa.
Parece llegado el momento de que los bautizados que no comulgan con las ruedas de molino de esta Iglesia, -que no es precisamente la de los pobres, que Cristo ofreció inútilmente al joven rico fervoroso- se den de baja para que la jerarquía eclesial separe de una buena vez las churras de las merinas y deje de justificar su demanda de privilegios mediante la falsa atribución de fidelidad de la inmensa mayor parte de los españoles.
A ese fin sería muy conveniente que el proceso de apostasía, más dilatado de lo razonable y trufado de dificultades burocráticas de difícil justificación, no estuviese exclusivamente en las manos de la Iglesia, que no se muestra especialmente lúcida ni diligente a la hora de contar a sus ovejas.
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