Hora de responsabilidades

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratifica el archivo de la causa judicial abierta por las supuestas sedaciones 'criminales' que, según se denunció en su día, se habrían practicado a 400 pacientes del Hospital Severo Ochoa de Leganés le estalla ahora bajo el asiento a Esperanza Aguirre en los prolegómenos de la campaña electoral.

Pero no pasa nada. Tanto la presidenta de la comunidad madrileña como el consejero de Sanidad Güemes (sustituto de Lamela, auténtico promotor de la campaña) han reaccionado dentro de los cánones más prepotentes de la imperturbabilidad, con el eterno argumento del 'respeto a la Justicia'. Ninguna alusión a la inquietud y el dolor de las 400 familias cuyos deudos habrían sido 'asesinados' en las Urgencias del hospital, víctimas de una 'eutanasia activa' no solicitada.

Tampoco, por ahora, ninguna excusa, ninguna petición de perdón a los profesionales de la Medicina a los que se puso bajo los caballos y cuyas carreras profesionales se arruinaron durante tres años a causa de dos denuncias anónimas sobre sedaciones irregulares.

No engañan a nadie. Y menos que a nadie al doctor Luis Montes. "El perdón no va a existir por mi parte", asegura quien considera lo sucedido como "la mayor agresión" que haya sufrido la sanidad pública, con la grave consecuencia de "su desprestigio y la pérdida de confianza de los usuarios". Habrá exigencias de responsabilidades, por su parte y la del resto de los médicos perjudicados por esa operación indecente.

Ha empezado, según sus palabras, "el segundo tiempo". El partido no debió iniciarse nunca, pero quienes lo empezaron tendrán ahora la oportunidad de lamentarlo.

Para Montes, los gravísimos hechos son parte de una estrategia destinada a destruir la sanidad pública. Por supuesto, no para destruir por destruir, sino como paso previo a la construcción, sobre sus cimientos, de un emporio privado. Y no es paranoia, ni demagogia oportunista. Esa estrategia se viene desarrollando, de modo más o menos solapado, en muchos lugares y tiene a ciertas administraciones autonómicas y a parte nada irrelevante de la profesión médica como protagonistas o cómplices.

En el caso del Severo Ochoa de Leganés ha llegado la hora de las responsabilidades políticas, económicas y morales. Cabe preguntarse ahora cuándo va a llegar la hora de la vigilancia y la exigencia en el terreno de la praxis profesional de médicos y gestores de la sanidad pública que, en otros muchos lugares, actúan impunemente contra los intereses de ésta y los de los ciudadanos que son sus beneficiarios naturales.