Habitualmente, cuando las empresas externizan algo - lo cual suele ser preludio de otros males, especialmente para las plantillas -, se trata de algún servicio, función o departamento, nunca de la gestión, que retienen siempre los propietarios o aquellos en quienes la han delegado. Cuando se entrega la gestión de lo público a manos privadas lisa y llanamente se está privatizando lo público y se hace, además, de modo descarado, empezando la casa por el tejado.
Quien tiene en sus manos la gestión inevitablemente decidirá desmantelar lo que se le entrega, bien provocando la obsolescencia, incompetencia o falta de productividad de lo que se le ha dado a gestionar, bien condenando a condiciones draconianas a los trabajadores con el mismo propósito. Toda privatización de lo público es un robo a la propiedad común de los españoles; un hecho intolerable por mucho que se utilicen eufemismos y paños calientes para quitarle importancia.
Y esto no ha hecho más que comenzar. Las privatizaciones son el objetivo real de las políticas de austeridad que están arruinando a los españoles y devolviendo a la sociedad a realidades no sólo predemocráticas sino también pre-guerra civil.
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