La reforma del IRPF, una tomadura de pelo

Cada cual es tan libre como se pueda ser en estos tiempos oscuros para interpretar las novedades sobre el IRPF que ha difundido el Gobierno -o aceptar interpretaciones, mediáticas o no, más o menos interesadas-, pero de entrada debería aparcar la idea de que los más beneficiados por la nueva normativa son quienes perciben menores salarios, que es lo que el Ejecutivo vende. De entrada, el hecho de que quienes ingresan anualmente hasta 12.450 € coticen al 20% es más que elocuente acerca de la 'filosofía' que ha presidido esta reforma (*).

En las actuales circunstancias las personas de ese nivel (889 € en catorce pagas, en cada una de las cuales les serán retenidos 177,8) deberían estar exentas, pues son las más atribuladas por el incremento del IVA, de las tasas de todo tipo, del precio de la electricidad e incluso las multas brutales que este Gobierno ha decidido implantar con más intención recaudatoria que correctiva. Se me dirá que Hacienda les devolverá la integridad de lo retenido, pero lo hará a ejercicio vencido. Mientras tanto el Estado se estará financiando mes a mes y año a año sobre las espaldas de los más débiles. Y sin pagar intereses.

Otro tanto se puede decir del siguiente y nuevo nivel establecido (de 12.450 a 20.000). El vigente anteriormente cubría desde 17.707 a 33.007, demasiado extenso y por lo tanto injusto. El actual, sin embargo, engloba de hecho casi todo el primer nivel de la normativa anterior, y el supuesto descenso en la base imponible se transforma realmente en una subida del 0,25%. ¿A quién poretenden engañar?

En los tres niveles siguientes de la tabla es donde realmente está el 'quid' de la reforma del PP, las rebajas de mayor entidad y su más descarado guiño electoral, dirigido claramente a las clases medias, a su clientela habitual, ahora parcialmente desencantada. Por si quedase alguna duda al respecto, las rebajas no sólo son del 10% en dos años para quienes oscilen entre 20.000 y 60.000 €, sino que desaparecen del cómputo, como por arte de magia, dos de los niveles previamente existentes, y el límite máximo queda establecido en esos 60.000. Quienes ganen más -entre los que se hallan algunos de los mayores beneficiarios de la crisis económica- compartirán una base imponible común del 47%, que además no pagará ninguno.porque los que tienen el estatus de 'superricos' cuentan habitualmente con los servicios de los grandes especialistas en triquiñuelas.

La nueva reforma fiscal del PP rompe simultáneamente, y de modo descarado, con dos de los criterios principales de la Constitución en relación con los impuestos: el de proporcionalidad y el de progresividad (Artículo 31). Llueve sobre mojado. Esto es una burla más al conjunto de los ciudadanos, pero muy especialmente a los menos favorecidos.


(*) Para una mejor comprensión de este post, sugiero mantener a la vista la tabla reproducida arriba.
Ilustración: Grafía publicada por 'Público'

Queremos tanto a Suárez... (II)

 

El asesinato por ETA del general Ortín, gobernador militar de Madrid, en enero de 1979, fue escenario de una enorme tensión e indignación. 'El Alcázar' llegó a pedir "la fulminación" del Gobierno. Los involucionistas hablan ya sin tapujos.

Para la derecha franquista y para el estamento militar, que se autoatribuía la función de vigía y garante de los destinos de España, el desmantelamiento de la ‘democracia orgánica’, que Franco había construido contando exclusivamente con su ‘leales', y la legalización del Partido Comunista de España, auténtica ‘bestia negra’ para ellos, es un cataclismo insoportable. Los términos ‘traidor’ y ‘perjuro’ (por traicionar los principios del Movimiento Nacional, a los que había jurado fidelidad) son los más suaves que se aplican a Suárez. El resto es pura escatología tabernaria, que cunde en los cuartos de banderas y en los cenáculos y mentideros de los ‘derrotados’.

Nada impedirá, sin embargo, que en Junio de 1977, apenas un año después de la designación de Suárez por el Rey, se celebren las primeras elecciones legislativas en 43 años de la historia de España. La Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez vence claramente, con 166 diputados; le sigue el PSOE, con 118; el PCE, con 19, demuestra tener más respaldo social que el franquismo residual representado por Alianza Popular (16 escaños), encabezada por Fraga y otros seis ex ministros del Régimen. Otros grupos, que incluyen a los nacionalistas vascos y catalanes y al PSP de Tierno Galván, se reparten los 31 escaños restantes.

 Los resultados permiten al ‘bunker’ constatar hasta qué punto sus deseos y exigencias están alejados de las expectativas de la mayoría sociológica del país. La ultraderecha no logra un solo escaño y los resultados de AP son tan escasos como elocuentes. Los españoles quieren una democracia verosímil y constructiva, y Adolfo Suárez, junto al ‘factor miedo’, les han convencido de que es posible, contra los pronósticos iniciales. Su capacidad de persuasión, de diálogo y de consenso han obrado el ‘milagro’, lo que no impide que proliferen las reticencias y los prejuicios entre las formaciones del nuevo Parlamento, al menos de cara al público, y se radicalice el odio entre quienes le consideran un traidor.

La tarea crucial que se impone de inmediato es la elaboración de una  Constitución democrática. Cuando la redacción del texto concluye, tras un laborioso consenso entre partidos, las iras del ‘bunker’ se centran en el Título VIII, que trata de la organización territorial y consagra el ‘Estado de las autonomías’. Con todo, en lo sucesivo la tensión antidemocrática tendrá dos protagonistas nada naturales: el terrorismo y el golpismo. ETA aprieta el acelerador de los atentados y alza la mira de los mismos, habitualmente centrada en guardias civiles y policías, hacia los militares. Es una clara y deliberada provocación al Ejército, y ‘acabar con el terrorismo’ prescindiendo de los políticos se convierte en la coartada o pretexto fundamental de los militares nostálgicos.

En enero de 1979, tras el asesinato del gobernador militar de Madrid, general Ortín, el diario ‘El Alcázar’, órgano de la Confederación Nacional de Combatientes, pone públicamente voz a las exigencias de los ‘salvapatrias’ oficiales al reclamar “la fulminación de ese Gobierno, la constitución de un Gobierno neutral que sea capaz de enderezar el rumbo de la nave y de llevar un mínimo de esperanza al alma de un pueblo que vive atormentado”. Desde ese momento hasta el golpe de 23-F se produce un envalentonamiento progresivo de los militares, que se pronuncian individualmente o mediante colectivos a favor del tristemente célebre ‘golpe de timón’. Los tribunales militares les exoneran sistemáticamente de toda responsabilidad, incluso en un caso tan escandaloso y flagrante como la insubordinación y los insultos del general Arés, de la Guardia Civil, al vicepresidente Gutiérrez Mellado durante una reunión en Cartagena.

La escalada terrorista de ETA, que bate todos sus récords, conduce al aumento de los atentados de la ultraderecha, que en 1980 se saldan con 27 muertes, 16 de ellas en la País Vasco. La espiral está ya desatada y el miedo y la ira se apoderan de los ciudadanos. El caldo de cultivo que conducirá al ‘golpe’ del 23-F alcanza su plena efervescencia. El pretexto para la intervención militar es lograr el fin del terrorismo, pero el objetivo primario, fundamental, es poner fin a la experiencia democrática. Suárez es el hombre a neutralizar y, a finales de 1980, él también lo sabe.

Continuará

Matanza récord en EE UU.- 27 muertos, 18 de ellos escolares, es el balance provisional de una nueva matanza por disparos en una escuela de Connecticut, según informa la agencia Associated Press. Esta masacre, si se confirma la cifra de muertos, bate el record histórico en este tipo de actos criminales y el año 2012 también quedará en la historia como el que registró mayor número de acciones de estas características (cuatro) hasta la fecha.

Un portavoz de la Casa Blanca ha rechazado comentar el polémico libre uso de armas de fuego en Estados Unidos, asegurando que éste "no es el momento" para ello, sino para mostrar solidaridad y compasión por las víctimas y sus familiares. Las estadísticas más recientes registran un aumento alarmante en la compra de armas en los últimos tiempos y el presidente Obama no debería tardar en pronunciarse en algún sentido sobre el asunto. 

La controvertida segunda enmienda de la Constitución pretendía que los ciudadanos tuvieran armas en previsión de la posibilidad de combatir a un gobierno tiránico. Esa oportunidad no se ha registrado nunca hasta la fecha, pero a ella se aferran los defensores acérrimos de ese "democrático" derecho, que no hace otra cosa que producir un terrible y creciente balance de violencia mortal. La revisión de la segunda enmienda no debería ser demorada.

 

¿Qué clase de democracia es la española?

Irlanda ha dado el sí en referéndum - deslegitimado en gran medida por la alta abstención - a la introducción de la llamada "regla de oro" o pacto fiscal impulsado por Alemania, principio contrario a su Constitución y a cualquier otra, en la medida en que implica una importante cesión en su soberanía. Los españoles ni siquiera hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos. 

El acuerdo entre PP y PSOE dio por buena una norma que excede a lo que se puede decidir por la vía exclusivamente parlamentaria. Otro tanto ocurrió cuando Zapatero decidió aceptar la implantación del 'escudo antimisiles', a la que se había opuesto cuando Aznar la propugnaba. Como consecuencia, Rota se 'reamericaniza' con 1.300 soldados y cuatro barcos con la enseña de las barras y las estrellas y nuestro país se hace cómplice, a su propio riesgo y sin beneficio perceptible, de la interesada hostilidad contra Irán y Siria. 

Tales decisiones - por no hablar de la más que dudosa constitucionalidad de la reforma laboral - nos llevan a preguntarnos qué clase de democracia es ésta, que ignora sistemáticamente la opinión de sus ciudadanos. Tambíen, por supuesto, cabe preguntarse qué clase de ciudadanía es la nuestra, que tolera tales cosas y ha llevado al poder a un partido que ni siquiera hizo público el núcleo esencial de su programa de gobierno ante la crisis económica, que sufrimos ahora en carne propia.

Breve

Dos españas.- “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, dice la Constitución. ¿Y qué dice el Gobierno? Básicamente que hay españoles A y españoles B. Los A defraudan miles de millones a Hacienda y son perdonados, Los B, amarrados a un nómina, no pueden permitirse 'despistar' ni un euro y, como no son de confianza, sufren retenciones mensuales por el IRPF que merman su salarios, pagan masivamente el IVA, los impuestos municipales, el IBI, las basuras, los carburantes, la electricidad... y tienen sus salarios congelados o reducidos en buena parte. Nunca la realidad patética de las dos españas y la sima que las separa ha quedado más insultantemente clara.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (III)

La desregulación laboral contituye una 'retrovolución' (valga el neologismo) que nos remite a una época previa a la definición e implantación del Estado Social Democrático de Derecho, en el S. XIX. Éste se basa fundamentalmente en el principio de subsidiariedad, que establece la necesidad de que el Estado llegue -cuando sea preciso- allí donde no alcanza la iniciativa privada o donde el libre juego entre las fuerzas sociales y económicas se ve abocado a la confrontación permanente como consecuencia de los abusos del capitalismo salvaje.

Un diario nos recuerda hoy, muy oportunamente, que ya en 1889 el Código Civil compilado por Sagasta establece que "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Sagasta era un liberal, pero tenía la lucidez suficiente para apreciar que la ley del mas fuerte (económicamente) colisionaba violentamente con la respuesta del más fuerte numéricamente y que constituía una fuente permanente de conflictos e incluso un riesgo de revolución. Es Estado Social Democrático de Derecho, en defnitiva, no era un gesto humanista sino una inteligente respuesta de la burguesía a un estado de cosas que tendía al caos.

La derecha, el empresariado y el sector financiero español no parecen temer ninguna convulsión social y han desprovisto al Estado de buena parte de su responsabilidad subsidiaria en lo que respecta a los trabajadores, no así al capital. Esperan confiadamente una huelga general, que llegará sin duda, pero no creen que será tan general. La fuente de su confianza es el miedo de la clase trabajadora a perder aún más de lo que está perdiendo en la actual crisis económica, provocada por la codicia y la irresponsabilidad del capital financiero. ¿Aciertan? El tiempo lo dirá.

En cualquier caso este Gobierno de los empresarios mantiene y mejora su función subsidiaria precisamente respecto a la patronal. No se trata sólo de beneficiar al empresariado mediante el recorte de los derechos y de los salarios de los trabajadores sino que, además, se les prima con deducciones, exenciones y ayudas a cargo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y ello se hace -como nadie ignora- en un contexto en el que se considera prioritario reducir brutalmente el gasto público. 

Un ejemplo muy elocuente es la creación de un nuevo contrato 'indefinido' para los autónomos y las PYMES de menos de 50 trabajadores, que establece significativamente un periodo de prueba de un año para los menores de 30 años. Esas empresas se beneficiarán de una deducción fiscal de 3.000 € y si el trabajador contratado se hallaba en paro podrán sumar a esa cifra, durante un año, el 50% de la prestación que éste recibía. El trabajador, a su vez, podrá sumar a su sueldo el 25% de la prestación que percibía, lo que hace presumir que la retribución que los legisladores tienen 'in mente' es una basura. La pretensión que alimenta esta política no parece ser otra que maquillar las estadísticas del desempleo sin dejar de pagar, aunque de otro modo, las secuelas del paro. Hay que subrayar, por otra parte, que la nueva norma, tal como ha sido concebida, excluye de sus 'beneficios' a los trabajadores que hayan agotado la prestación.

Por otra parte, las bonificaciones específicas de la Seguridad Social beneficiarán prioritariamente a quienes contraten a jovenes de entre 16 y 30 años que estén inscritos como demandantes de empleo, que pueden llegar a deducir de la cotización hasta 3.600 € en tres años. Por lo que respecta a los parados de larga duración mayores de 45 años, que deberán llevar un año sin subsidio antes de su contratación, la bonificación para las empresas se eleva a 4.500 € en tres años. En este caso también parece evidente que lo que se persigue es maquillar la estadística, ahora a costa de los magros fondos de la Seguridad Social. Mediante esta subsidiariación selectiva el Gobierno entrega a las empresas subvenciones (lo son, aunque no reciban ese nombre) para que colaboren en el objetivo de mejorar -especialmente de cara al exterior- la imagen de España, que intenta lograr con ese parche 'mejorar' la realidad de un paro juvenil insostenible.

El beneficio para los trabajadores, salvo en casos personales y puntuales, es nulo. Mientras centenares de miles de personas desaparecen como perceptoras del subsidio de desempleo se espera que otros centenares de miles logren un trabajo misérrimo y en muchos casos temporal. El paro aumentará inevitablemente, pero las estadísticas -al menos en teoría- mejorarán. Eso es lo único que parece interesarle a este Gobierno.

Pie de foto: 57 ciudades españolas fueron hoy escenario de manifestaciones de protesta contra la reforma laboral. La de Madrid, según los organizadores, reunió a medio millón de personas.

Continuará.

El 'cambio' del PP, o el circulo vicioso perfecto (II)

Antes, durante y después de la campaña electoral que condujo al PP al poder por mayoría absoluta el ahora presidente, Mariano Rajoy, mantuvo en riguroso secreto sus planes de reforma laboral, pero ocasionalmente se vio impelido a tranquilizar a la población descartando las sospechas crecientes sobre el contenido real de su agenda oculta. Y lo hizo mintiendo con absoluta impavidez al menos en dos cuestiones puntuales: una, en positivo, al asegurar con insistencia que la creación de empleo era la prioridad máxima de su Gobierno y otra en negativo, al desmentir que se fuera a abaratar el despido.

La magnitud y contenido de la reforma laboral finalmente desvelada pone en evidencia la falsedad de Rajoy, lo que no le ha impedido, tras su aprobación, sumar una nueva mentira, al afirmar que la regresiva legislación "quita poder a los empresarios". Lo que se concluye del análisis de los cambios implantados es justamente lo contrario, y además la lectura de la memoria económica enviada al Congreso en relación con la reforma laboral exuda un prejuicio peyorativo hacia los trabajadores, expresado con insultante elocuencia cuando se afirma que "al ser (hasta ahora) el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo". No se puede emitir un sofisma más grosero ni tan delatador del clasismo que alienta esta reforma. Los empresarios, sin embargo, están fuera de todo cuastionamiento. Son seres angélicos, interesados sólamente en el mayor beneficio para la economía nacional.

Lo cierto es que el decreto-ley no sólo abarata los costes del despido en una tercera parte respecto a lo establecido hasta ahora, sino que la carga de la prueba en caso de litigio se invierte respecto a lo usual: será el trabajador quien deba demostrar su improcedencia, no la empresa quien pruebe su procedencia. Ese abaratamiento no sería tan grave y depredador como realmente es si la reforma no incluyera una revisión radical de las causas objetivas (presuntamente) para el despido procedente. A las ya conocidas y siempre polémicas razones vigentes hasta ahora se suma la reducción de los ingresos de la empresa -difícilmente fiscalizable en muchos casos- durante tres trimestres consecutivos, aunque dicha reducción no suponga la entrada en pérdidas.

La nueva normativa aún va más lejos en el cuestionamiento no sólo de la buena fe de los trabajadores sino de la fiabilidad de los médicos (*) al convertir en motivo de despìdo las bajas justificadas que se produzcan en el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año. Es imposible no ver en esta norma una puerta abierta de par en par a los atentados impunes contra el derecho a la salud y a la integridad física y moral aludidos en los artículos 15, 40 y 41 de la Constitución.

Obviamente esta normativa no persigue en absoluto la creación de empleo. Su primera consecuencia, a corto plazo, va a producir más paro y a más largo plazo hará el empleo aún más precario y los salarios más bajos, en la medida en que el panorama descrito es complementado con la eliminación práctica de la vigencia general de los convenios colectivos de sector, que serán sustituidos en la mayor parte de las empresas por pactos entre empresarios y trabajadores, lo que deja en manos de aquellos fijar los salarios en virtud del principio "aquí tienes lentejas...". Esto es, sin duda, lo que Rajoy califica como "pérdida de poder" empresarial.

En realidad lo que queda establecido con claridad meridiana es que la reforma laboral tiene como único objetivo satisfacer las demandas 'históricas' de los empresarios y beneficiar en exclusiva sus intereses mediante el trasvase fáctico de un parte sensible de las rentas del trabajo al capital. A los trabajadores no sólo se les expropian derechos establecidos a través de una larga jurisprudencia sino también dinero, como si les hubiese sobrado alguna vez. En toda la historia de España no se ha producido, por vía legal, una incitación tan clara como esta a la alteración de la paz social.

En un próximo capítulo analizaremos las consecuencias -deliberadas- que subyacen en la implantación del 'nuevo orden' laboral porque lo cierto es que existe un 'programa máximo', una agenda aún más oculta de lo que han estado las 'reformas estructurales' del Partido Popular falsamente  orientadas a la creación de empleo.

(*) La memoria económica que acompaña al decreto-ley no sólo descalifica a trabajadores y médicos. También los jueces de lo social se llevan lo suyo:  «los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente», afirma el texto.


Pie de foto: Mariano Rajoy, mentiroso contumaz.

Continuará.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (I)

La Constitución española, en su artículo 35.1, establece que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Eso dice la letra, pero la práctica real ha sido hasta la fecha más bien su antítesis.

Veamos:

1.- El derecho universal al trabajo que establece la Carta Magna ha sido siempre, al menos en España, una utopía inalcanzable, dado el elevadísimo nivel de 'paro estructural' que se arrastra incluso en tiempos de bonanza económica. En diciembre de 2007, antes del estallido de la crisis económica, se elevaba al 8,6%, el más elevado de la UE después de Eslovaquia. Ese hecho, que es la evidencia de un fracaso político, económico y social propio de un país subdesarrollado, solía ser minimizado y frivolizado cínicamente con argumentos tales como el fraude perpetrado por trabajadores que perciben el subsidio de desempleo mientras 'trabajan' de modo irregular, convirtiendo así lo que es excepcional en la regla que todo lo explica. Eso evitaba cuestionarse la incidencia en el cómputo de ese índice del exceso de trabajos con contrato temporal en casi todos los sectores y del tradicional componente estacional en el empleo agrícola o los dependientes del turismo, así como las consecuencias del cambio tecniológico. En la mayor parte de los países de la UE ha sido necesaria la gravísima crisis económica actual para que alcancen o sobrepasen levemente lo que en España era una rutina vergonzante a la que nadie prestó nunca la necesaria atención.

2.- "La libre elección de profesión u oficio", otro de los derechos incuestionables establecidos en el artículo 35 de la Constitución, se ha convertido con el paso del tiempo en un eufemismo risible. Por un lado la educación que se imparte está muy escasamente relacionada con la variedad proliferante de profesiones u oficios a desarrollar en estos tiempos y por otro, los filtros que la Universidad española utiliza para que sus alumnos puedan optar a unos estudios u otros -basados fundamentalmente en el expediente académico previo- no son garantía de nada. El desajuste entre la oferta educativa y la demanda empresarial sigue siendo lamentable, pero aún lo es más la insuficiencia de los criterios de selectividad.

3.- En lo que respecta al derecho del trabajador/a "a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia", se diría imaginado desde alguna Arcadia feliz completamente ajena a la realidad. El subempleo es una experiencia cotidiana para una enorme cantidad de universitarios (o no universitarios), unos forzados por la falta de oferta del mercado laboral para su especialidad específica, otros contratados en los niveles salariales inferiores -con frecuencia tras un contrato de trabajo en prácticas- para realizar responsabilidades y funciones superiores. La "promoción a través del trabajo" es frecuentemente algo más parecido al meritoriaje del ancestral sistema gremial que a lo que sería exigible en el siglo XX!.

Si hemos de referirnos ahora al derecho a la "remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia" ha de ser reprimiendo las ganas de gritar. Los 641,40 euros mensuales (o 21,38 € diarios) -no revisados este año, por primera vez en la historia- del salario mínimo interprofesional (SMI) suponen un insulto y una negación clara de la letra y el espíritu de la Constitución. España, la "octava potencia económica del mundo" -si es que sigue siéndolo-, está a la cola de la UE en este concepto, ignorando la recomencación de la Carta Social, aprobada por el Parlamento Europeo, que recomienda que este índice se fije en el 60% de la media real de los salarios en todo el Estado.

4.- El último aspecto al que alude el artículo 35 de la Constitución -que "en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo"- es otro ejemplo de incumplimiento flagrante. Todavía hoy son muchas las mujeres que, a igual trabajo, perciben remuneraciones inferiores a las de sus compañeros varones sin razón ninguna; que son vetadas para puestos de mayor responsabilidad aunque tengan más experiencia y capacidad; que ven amenazado su puesto de trabajo en el caso de que queden embarazadas y a las que se dificulta por sistema la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Este repaso apenas enunciativo da cuenta de la situación real hasta la fecha del ejercicio del derecho al trabajo y sus adyacentes establecidos en la Constitución de nuestro país. Bastante lamentable, como se ve, y sin embargo, tras las reformas aprobadas por el Gobierno, pronto será objeto de añoranza general.

Este artículo sólo pretende ser una introducción -necesaria, como se verá más adelante- a una serie que abordará las perspectivas socioeconómicas de futuro a la luz del 'cambio' que el Partido Popular, con su mayoría absoluta y poderosas complicidades políticas, corporativas y mediáticas, se propone implantar en exclusivo beneficio de la casta empresarial y de los intereses financieros interiores y exteriores.

Continuará.

Foto: Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

Con la libertad, a favor del 'hiyab'

Siendo niño presencié en un pueblo de Ávila un incidente que siempre ha permanecido grabado en mi memoria. En la plaza del pueblo el párroco se enfrentó con duras recriminaciones a una mujer que, en mi opinión, pasaba de los 60 años de edad y llevaba un pañuelo cubriéndole la cabeza y vestía una prenda amarilla de amplio escote. El problema, por supuesto, no era el pañuelo sino el escote, que, pese a su amplitud, ni siquiera permitía insinuarse el tentador canalillo. Todo el empeño del cura inquisidor era que se cubriese el pecho y llegó a rrancarle el pañuelo de la cabeza para tapar con sus propias manos aquella 'fuente de pecado', que sólo estaba en su calenturienta imaginación. El forcejeo estuvo a punto de degenerar en violencia, pero en un momento dado el sacerdote, ante la acumulación creciente de espectadores mudos, renunció a sus propósitos y se alejó a grandes zancadas mascullando.

Calculo que de aquello debe hacer medio siglo. Era un tiempo en que las mujeres españolas, especialmente en el medio rural pero no sólo en él, llevaban pañuelos en la cabeza y las faldas descendían por debajo de las rodillas. Era una época de nuestra historia en que las mujeres carecían de derechos y de autonomía personal. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y la mentalidad integrista y represora, de la que el cura obseso era un paradigma caricaturesco, no ha dejado de existir -como prueban las beligerancias eclesiales más recientes-, pero ahora carecen de apoyo social y legal. La pregunta que hemos de hacernos, sin embargo, es por qué la tolerancia y la libertad que ahora se predican hacen excepciones clamorosas e incomprensibles.

El caso de la joven de origen marroquí Najwa Malha ha evidenciado hasta qué punto la intolerancia puede ejercerse selectivamente en este país mediante el uso de un reglamento (leer aquí) como el del IES Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, que, al mismo tiempo que asegura el derecho del alumno a "que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución",.establece púdicamente -sin mencionarlo- la prohibición del 'hiyab' al advertir que "en el interior del edificio no se permitirá el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubra la cabeza".

Desde el estallido del 'caso Najwa' no ha pasado día sin que los medios traten el tema del velo islámico (que en realidad es un pañuelo) sin entrar en las diferencias que existen entre los diversos atuendos de las mujeres musulmanas según su origen. La salida del PP de una concejal musulmana en un pueblo andaluz, atribuida por el partido al resentimiento por no figurar en las listas para las próximas elecciones (¿Por qué?), fue un toque de atención sobre el aspecto político de un tema que el Gobierno y el PP quieren dejar en el terreno social, sometido a los designios de cada centro, por más que el centro sea público. Ahora, el subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, Juan Ferreiro Galguera, ha sido cesado en su puesto sin otra razón que la "pérdida de confianza".

Ferreira, catedrático de Derecho Eclesiático, estaba encargado de las relaciones con las comunidades musulmanas y fue en función de tal responsabilidad por lo que redactó un informe jurídico -no destinado a su difusión pública, a la que él declara ser ajeno- sobre el 'caso Najwa' que sería la causa de que haya perdido la confianza de sus superiores. En el mismo afirmaba que el derecho de la muchacha a llevar el 'hiyab' estaba de acuerdo con la Constitución. Concretamente con el artículo 9.2, que reza así: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". "Que una alumna lleve un velo en una escuela pública -aseguraba Ferreiro en su informa- no ofende los derechos fundamentales de los demás, ni tampoco el orden público".

En términos generales los políticos españoles no son partidarios de legislar sobre esta cuestión, pero esa sería la única forma de aclarar un tema que en su estado actual sólo puede ser fuente de conflictos. Cuando se contempla la imagen adjunta con las vestimentas femeninas más usuales en el Islam no cabe duda de cuales son admisibles y cuales no en una sociedad democrática. Ni el burka ni el niqab pueden ser aceptados, por la simple y contundente razón de que ocultan la identidad y por lo tanto impiden la identificación a todos los efectos de quien lo porta. Los demás atavíos no pueden ser prohibidos sin contravenir claramente la Constitución. Los políticos eluden legislar expresamente esta cuestión por cobardía y en consecuencia están favoreciendo que la Carta Magna sea violada en casos concretos a través de la complicidad entre claustros de profesores y padres de alumnos.

La inhibición política es indecente en la medida en que facilita que prosperen posturas que, escudándose en reglamentos internos supuestamente asépticos, practican de hecho la discriminación por razón de religión y raza. Que eso esté sucediendo en un país cuyo responsable ejecutivo máximo se dice promotor de la Alianza de Civilizaciones y contrario a todo tipo de discriminación sólo habla de hipocresía e incoherencia. Apelar a la laicidad del Estado -más teórica que real, pues se sigue beneficiando a la Iglesia Católica- en esta cuestión es una argumentación gratuita y retorcida que no resiste un análisis serio, como bien saben quienes se niegan a legislar.