Breve

DAVID CAMERON, su Gobierno y sus políticas son el espejo en el que, según su propia confesión, gusta de mirarse Rajoy. Según el hermético y huidizo presidente del Gobierno español es un modelo a imitar. La jugosa información de 'El País' sobre los errores, trapisondas y manejos de Cameron y su equipo dejan muy claro hasta qué punto el 'modelo' de Rajoy es indeseable. Parece evidente que nuestro presidente, pese a hablar muy poco, yerra mucho, y estar en sus manos pone los pelos de punta.

Una amnistía antisocial

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, para permitir que afloren 25.000 millones y recaudar el 10% de esa cantidad, era calificada por los mismos que ahora la aprueban como 'antisocial' y como 'ocurrencia' hace apenas dos años, cuando estaban en la oposición.
2.500 millones - la recaudación prevista - es el chocolate del loro, una cantidad ridícula si se compara con el montante total de la deuda soberana que es preciso reducir, así que quizás lo que se pretende realmente es que los defraudadores de esos 25.000 millones 'pongan a trabajar' ese dinero en España. A saber por qué el Ejecutivo ha establecido esa cantidad como referencia cuando, según la Agencia Tributaria, el importe que defraudan las grandes empresas y fortunas se eleva a 44.000 millones (19.000 millones más). Parece darse por sentado que hay 'intocables' que no van a pagar ni podrán ser penalizados.

En el mejor de los casos estamos ante una declaración de impotencia del Gobierno y en el peor, en una asunción de complicidad. La amnistía, en definitiva, es una iniciativa pésima no sólo por sí misma sino por el mensaje que envía a los desempleados, a los congelados y a los que, tras la reforma laboral, tienen que asumir condiciones de contratación propias de un sistema feudal. Ese mensaje se lee así: hay dos españas, la de los más ricos y corruptos, siempre impune, y la de los demás ciudadanos: la España que paga el pato y el resto de los gastos del festín.

Elecciones andaluzas: causas y efectos

Perder 400.000 votos en cuatro meses es un récord y esa es la marca del PP; la diferencia entre los votos obtenidos en Andalucía el 20-N y el 25M. Rajoy, impávido emisor de sofismas, niega toda relación entre sus reformas no anunciadas y los resultados electorales andaluces, pero eso es tan inútil y ridículo como negar que la intensa lluvia que cae no tiene nada que ver con las nubes negras y los relámpagos que surcan el cielo. 

Andalucía aporta ya al cómputo nacional la cuarta parte del total de los parados españoles. Los andaluces habrían sido tan ignorantes y abúlicos como los describen los trogloditas de la ultraderecha si no hubieran reaccionado ante los síntomas de lo que se les venía encima con una victoria del PP. El crecimiento de IU, por otra parte, no ofrece lugar a dudas acerca de que algo está cambiando en el voto de izquierdas; que la socialdemocracia ha perdido crédito, aunque no tanto como algunos imaginaban y muchos querían. 

Y ahora una pregunta inocente: ¿Habría conseguido el PP la mayoría absoluta si no hubiera ocultado las reformas que se proponía aplicar? El ejemplo andaluz deja clara la respuesta.

Maíz transgénico y olé

España, con 80.000 hectáreas de cultivo, supera la producción total de maiz transgénico del resto de los países de la UE. Bruselas había limitado su permiso de cultivo a la patente de Monsanto denominada MON810, pero Alemania lo prohibió en 2009. 

Francia acaba de reintroducir la moratoria que había establecido sobre este cultivo y que fue rechazada, primero judicialmente a instancias de la multinacional estadounidense, y más tarde por el Consejo de Estado. El Gobierno galo pidió en febrero a la Comisión Europea que suspendiera el permiso basándose en "los últimos estudios científicos y en una notificación de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) del pasado diciembre, que demuestran que el cultivo de ese maíz presenta riesgos importantes para el medio ambiente".

Aquí, en España, se mantiene la tradición de tragar con todo, mientras los medios silencian que la cuarta parte del maíz que se produce ha sido manipulado genéticamente.

Banca: buenas prácticas 'voluntarias'

El Código de buenas prácticas para la banca ante la tragedia de los desahucios tiene todas las trazas de ser un brindis al sol, destinado quizás a cimentar la anunciada victoria del PP en las elecciones de Andalucía. La emisión de tal normativa supone que hay malas prácticas, prácticas injustas y lesivas. Entonces, ¿por qué no han empezado ya a cortarlas? ¿por qué es de carácter voluntario su cumplimiento? ¿No es absurdo?

En cualquier caso, la AEB (Asociación Española de Banca) ha echado sin tardanza su cuarto a espadas: "Las entidades bancarias están teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones Públicas", han dicho. Y aunque aseguran tener "la mejor disposición" subrayan que "una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse, sobre todo, en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos". 

Ahí lo han clavado, pero el dardo es de ida y vuelta. La situación actual no sería tan grave sin la decisiva participación de la banca en la creación e hipertrofia de la 'burbuja inmobiliaria', que ha llevado a la economía española al desastre. Sólo por esa simple razón el Código de buenas prácticas debería ser de obligado cumplimiento. La argumentación bancaria no puede ser más cínica.
 

Breve

¿Gratuidad? - "El Estado es propiedad de todos los ciudadanos", ha dicho hoy en Dijon François Hollande, el candidato del PSF a la presidencia de Francia. La obviedad de esta afirmación - en términos de teoría política democrática - es tan grande que afirmarlo parece una gratuidad. Y lo sería si la evidencia creciente de que el Estado está siendo expopiado y privatizado por intereses contrarios a los de la inmensa mayoría no se estuviera imponiendo a los ojos de todos los ciudadanos conscientes. ¿Acabará la frase de Hollande siendo revolucionaria? Al paso que vamos no cabe ninguna duda. En algún momento se deberá devolver al Estado (a todos los ciudadanos) lo que ahora se le está robando (lo llaman eufemísticamente privatizar) so pretexto de mejorar la gestión. Cueste lo que cueste lo que se hizo con el dinero de todos deberá volver a las manos de todos.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (y IV)

Tal vez como consecuencia de que el decreto-ley de la reforma laboral tiene tantos y tan diversos y polémicos aspectos casi se ha pasado por alto subrayar uno de los más significativos y susceptibles de controversia. Se trata de la potenciación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación 'colaboradoras' con el Servicio Público de Empleo, lo que constituye, de modo implícito, una crítica y una desautorización de éste, que "sólo" logra emplear a un 3% de los parados subsidiados (como si en tiempos de crisis como los que vivimos fuera posible mucho más).

¿A alguien le parece casual o meramente anecdótico que la memoria económica de la reforma introduzca, de modo más o menos claro, críticas a la labor de los médicos de la Seguridad Social, a los jueces de lo social y a los sevicios del INEM? No lo es absoluto. A los empresarios y a los economistas y financieros 'neoliberales' (personalmente prefiero la expresión 'ultraliberales') les molestan el Estado y sus 'intromisiones'. Reclaman en todos los meridianos del mundo la menor cantidad posible de Estado, salvo cuando se trata de que les ayude a salir con bien de sus propios errores con  dinero público (es decir, con el dinero de todos), por supuesto.

Introducir a las ETT (en lo sucesivo Empresas Tratantes de Trabajadores) en funciones que hasta ahora competían en exclusiva a la Administración les convierte en un 'caballo de Troya' nada inocuo de lo privado en lo público. Y no sólo se les concede por este medio poder y dinero, sino que se deja en sus manos -en un nuevo gesto de constitucionalidad más que dudosa- la posibilidad de proveer de 'suplentes' a la Administración Pública y, llegado el caso (dado que los trabajadores de ésta han perdido su inmunidad por causa de la crisis) cubrir ciertas bajas sin ninguna supervisión, facilitando así el indeseable enchufismo que sigue siendo una enorme lacra en este país.

Una vez establecido que las medidas para la creación de empleo no van a reducir el paro, sino a aumentarlo y cambiarlo de manos parcialmente para maquillar así las estadísticas; una vez constatado que los únicos beneficiarios de la reforma laboral son los empresarios, no sólo por la desregulación que implica sino también por las subvenciones previstas; una vez evidenciado que la radical reducción del gasto público condena a áreas muy sensibles del bienestar social a una financiación insuficiente o a su carencia; una vez percibido que el aumento del desempleo y la reducción de los salarios contraen sensiblemente el consumo y en consecuencia la producción, bajan la recaudación de impuestos y los ingresos de la Seguridad Social sólo nos queda preguntarnos cuál es el juego.

Nuestros gobernantes no son tan idiotas -aunque algunos lo parezcan- como para no ser conscientes de que se han (y nos han) encerrado en un círculo vicioso perfecto, que está llevando y seguirá llevando a la ruina a servicios públicos esenciales y reduciendo el nivel de vida de los españoles y sus estandares sociales. En consecuencia la única conclusión posible es que tal actitud es deliberada; que lo que se persigue es la privatización de todo lo que sea posible privatizar, el desmantelamiento del estado de bienestar y la aceptación por parte de los trabajadores de todas las exigencias que se decida imponerles. En definitiva, so pretexto de la crisis, la deuda y las 'exigencias' de la globalización económica está en marcha, más que nunca, la 'doctrina del shock', de probada eficacia a la hora de doblegar las conciencias y alcanzar objetivos diferentes, mayores o ajenos a lo que causó el 'shock'.

El pasado está de regreso.

Foto: Imagen de Naomi Klein, junto a la portada de la edición en castellano de su obra.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (III)

La desregulación laboral contituye una 'retrovolución' (valga el neologismo) que nos remite a una época previa a la definición e implantación del Estado Social Democrático de Derecho, en el S. XIX. Éste se basa fundamentalmente en el principio de subsidiariedad, que establece la necesidad de que el Estado llegue -cuando sea preciso- allí donde no alcanza la iniciativa privada o donde el libre juego entre las fuerzas sociales y económicas se ve abocado a la confrontación permanente como consecuencia de los abusos del capitalismo salvaje.

Un diario nos recuerda hoy, muy oportunamente, que ya en 1889 el Código Civil compilado por Sagasta establece que "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Sagasta era un liberal, pero tenía la lucidez suficiente para apreciar que la ley del mas fuerte (económicamente) colisionaba violentamente con la respuesta del más fuerte numéricamente y que constituía una fuente permanente de conflictos e incluso un riesgo de revolución. Es Estado Social Democrático de Derecho, en defnitiva, no era un gesto humanista sino una inteligente respuesta de la burguesía a un estado de cosas que tendía al caos.

La derecha, el empresariado y el sector financiero español no parecen temer ninguna convulsión social y han desprovisto al Estado de buena parte de su responsabilidad subsidiaria en lo que respecta a los trabajadores, no así al capital. Esperan confiadamente una huelga general, que llegará sin duda, pero no creen que será tan general. La fuente de su confianza es el miedo de la clase trabajadora a perder aún más de lo que está perdiendo en la actual crisis económica, provocada por la codicia y la irresponsabilidad del capital financiero. ¿Aciertan? El tiempo lo dirá.

En cualquier caso este Gobierno de los empresarios mantiene y mejora su función subsidiaria precisamente respecto a la patronal. No se trata sólo de beneficiar al empresariado mediante el recorte de los derechos y de los salarios de los trabajadores sino que, además, se les prima con deducciones, exenciones y ayudas a cargo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y ello se hace -como nadie ignora- en un contexto en el que se considera prioritario reducir brutalmente el gasto público. 

Un ejemplo muy elocuente es la creación de un nuevo contrato 'indefinido' para los autónomos y las PYMES de menos de 50 trabajadores, que establece significativamente un periodo de prueba de un año para los menores de 30 años. Esas empresas se beneficiarán de una deducción fiscal de 3.000 € y si el trabajador contratado se hallaba en paro podrán sumar a esa cifra, durante un año, el 50% de la prestación que éste recibía. El trabajador, a su vez, podrá sumar a su sueldo el 25% de la prestación que percibía, lo que hace presumir que la retribución que los legisladores tienen 'in mente' es una basura. La pretensión que alimenta esta política no parece ser otra que maquillar las estadísticas del desempleo sin dejar de pagar, aunque de otro modo, las secuelas del paro. Hay que subrayar, por otra parte, que la nueva norma, tal como ha sido concebida, excluye de sus 'beneficios' a los trabajadores que hayan agotado la prestación.

Por otra parte, las bonificaciones específicas de la Seguridad Social beneficiarán prioritariamente a quienes contraten a jovenes de entre 16 y 30 años que estén inscritos como demandantes de empleo, que pueden llegar a deducir de la cotización hasta 3.600 € en tres años. Por lo que respecta a los parados de larga duración mayores de 45 años, que deberán llevar un año sin subsidio antes de su contratación, la bonificación para las empresas se eleva a 4.500 € en tres años. En este caso también parece evidente que lo que se persigue es maquillar la estadística, ahora a costa de los magros fondos de la Seguridad Social. Mediante esta subsidiariación selectiva el Gobierno entrega a las empresas subvenciones (lo son, aunque no reciban ese nombre) para que colaboren en el objetivo de mejorar -especialmente de cara al exterior- la imagen de España, que intenta lograr con ese parche 'mejorar' la realidad de un paro juvenil insostenible.

El beneficio para los trabajadores, salvo en casos personales y puntuales, es nulo. Mientras centenares de miles de personas desaparecen como perceptoras del subsidio de desempleo se espera que otros centenares de miles logren un trabajo misérrimo y en muchos casos temporal. El paro aumentará inevitablemente, pero las estadísticas -al menos en teoría- mejorarán. Eso es lo único que parece interesarle a este Gobierno.

Pie de foto: 57 ciudades españolas fueron hoy escenario de manifestaciones de protesta contra la reforma laboral. La de Madrid, según los organizadores, reunió a medio millón de personas.

Continuará.

El 'cambio' del PP, o el circulo vicioso perfecto (II)

Antes, durante y después de la campaña electoral que condujo al PP al poder por mayoría absoluta el ahora presidente, Mariano Rajoy, mantuvo en riguroso secreto sus planes de reforma laboral, pero ocasionalmente se vio impelido a tranquilizar a la población descartando las sospechas crecientes sobre el contenido real de su agenda oculta. Y lo hizo mintiendo con absoluta impavidez al menos en dos cuestiones puntuales: una, en positivo, al asegurar con insistencia que la creación de empleo era la prioridad máxima de su Gobierno y otra en negativo, al desmentir que se fuera a abaratar el despido.

La magnitud y contenido de la reforma laboral finalmente desvelada pone en evidencia la falsedad de Rajoy, lo que no le ha impedido, tras su aprobación, sumar una nueva mentira, al afirmar que la regresiva legislación "quita poder a los empresarios". Lo que se concluye del análisis de los cambios implantados es justamente lo contrario, y además la lectura de la memoria económica enviada al Congreso en relación con la reforma laboral exuda un prejuicio peyorativo hacia los trabajadores, expresado con insultante elocuencia cuando se afirma que "al ser (hasta ahora) el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo". No se puede emitir un sofisma más grosero ni tan delatador del clasismo que alienta esta reforma. Los empresarios, sin embargo, están fuera de todo cuastionamiento. Son seres angélicos, interesados sólamente en el mayor beneficio para la economía nacional.

Lo cierto es que el decreto-ley no sólo abarata los costes del despido en una tercera parte respecto a lo establecido hasta ahora, sino que la carga de la prueba en caso de litigio se invierte respecto a lo usual: será el trabajador quien deba demostrar su improcedencia, no la empresa quien pruebe su procedencia. Ese abaratamiento no sería tan grave y depredador como realmente es si la reforma no incluyera una revisión radical de las causas objetivas (presuntamente) para el despido procedente. A las ya conocidas y siempre polémicas razones vigentes hasta ahora se suma la reducción de los ingresos de la empresa -difícilmente fiscalizable en muchos casos- durante tres trimestres consecutivos, aunque dicha reducción no suponga la entrada en pérdidas.

La nueva normativa aún va más lejos en el cuestionamiento no sólo de la buena fe de los trabajadores sino de la fiabilidad de los médicos (*) al convertir en motivo de despìdo las bajas justificadas que se produzcan en el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año. Es imposible no ver en esta norma una puerta abierta de par en par a los atentados impunes contra el derecho a la salud y a la integridad física y moral aludidos en los artículos 15, 40 y 41 de la Constitución.

Obviamente esta normativa no persigue en absoluto la creación de empleo. Su primera consecuencia, a corto plazo, va a producir más paro y a más largo plazo hará el empleo aún más precario y los salarios más bajos, en la medida en que el panorama descrito es complementado con la eliminación práctica de la vigencia general de los convenios colectivos de sector, que serán sustituidos en la mayor parte de las empresas por pactos entre empresarios y trabajadores, lo que deja en manos de aquellos fijar los salarios en virtud del principio "aquí tienes lentejas...". Esto es, sin duda, lo que Rajoy califica como "pérdida de poder" empresarial.

En realidad lo que queda establecido con claridad meridiana es que la reforma laboral tiene como único objetivo satisfacer las demandas 'históricas' de los empresarios y beneficiar en exclusiva sus intereses mediante el trasvase fáctico de un parte sensible de las rentas del trabajo al capital. A los trabajadores no sólo se les expropian derechos establecidos a través de una larga jurisprudencia sino también dinero, como si les hubiese sobrado alguna vez. En toda la historia de España no se ha producido, por vía legal, una incitación tan clara como esta a la alteración de la paz social.

En un próximo capítulo analizaremos las consecuencias -deliberadas- que subyacen en la implantación del 'nuevo orden' laboral porque lo cierto es que existe un 'programa máximo', una agenda aún más oculta de lo que han estado las 'reformas estructurales' del Partido Popular falsamente  orientadas a la creación de empleo.

(*) La memoria económica que acompaña al decreto-ley no sólo descalifica a trabajadores y médicos. También los jueces de lo social se llevan lo suyo:  «los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un despido es procedente», afirma el texto.


Pie de foto: Mariano Rajoy, mentiroso contumaz.

Continuará.

El 'cambio' del PP, o el círculo vicioso perfecto (I)

La Constitución española, en su artículo 35.1, establece que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Eso dice la letra, pero la práctica real ha sido hasta la fecha más bien su antítesis.

Veamos:

1.- El derecho universal al trabajo que establece la Carta Magna ha sido siempre, al menos en España, una utopía inalcanzable, dado el elevadísimo nivel de 'paro estructural' que se arrastra incluso en tiempos de bonanza económica. En diciembre de 2007, antes del estallido de la crisis económica, se elevaba al 8,6%, el más elevado de la UE después de Eslovaquia. Ese hecho, que es la evidencia de un fracaso político, económico y social propio de un país subdesarrollado, solía ser minimizado y frivolizado cínicamente con argumentos tales como el fraude perpetrado por trabajadores que perciben el subsidio de desempleo mientras 'trabajan' de modo irregular, convirtiendo así lo que es excepcional en la regla que todo lo explica. Eso evitaba cuestionarse la incidencia en el cómputo de ese índice del exceso de trabajos con contrato temporal en casi todos los sectores y del tradicional componente estacional en el empleo agrícola o los dependientes del turismo, así como las consecuencias del cambio tecniológico. En la mayor parte de los países de la UE ha sido necesaria la gravísima crisis económica actual para que alcancen o sobrepasen levemente lo que en España era una rutina vergonzante a la que nadie prestó nunca la necesaria atención.

2.- "La libre elección de profesión u oficio", otro de los derechos incuestionables establecidos en el artículo 35 de la Constitución, se ha convertido con el paso del tiempo en un eufemismo risible. Por un lado la educación que se imparte está muy escasamente relacionada con la variedad proliferante de profesiones u oficios a desarrollar en estos tiempos y por otro, los filtros que la Universidad española utiliza para que sus alumnos puedan optar a unos estudios u otros -basados fundamentalmente en el expediente académico previo- no son garantía de nada. El desajuste entre la oferta educativa y la demanda empresarial sigue siendo lamentable, pero aún lo es más la insuficiencia de los criterios de selectividad.

3.- En lo que respecta al derecho del trabajador/a "a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia", se diría imaginado desde alguna Arcadia feliz completamente ajena a la realidad. El subempleo es una experiencia cotidiana para una enorme cantidad de universitarios (o no universitarios), unos forzados por la falta de oferta del mercado laboral para su especialidad específica, otros contratados en los niveles salariales inferiores -con frecuencia tras un contrato de trabajo en prácticas- para realizar responsabilidades y funciones superiores. La "promoción a través del trabajo" es frecuentemente algo más parecido al meritoriaje del ancestral sistema gremial que a lo que sería exigible en el siglo XX!.

Si hemos de referirnos ahora al derecho a la "remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia" ha de ser reprimiendo las ganas de gritar. Los 641,40 euros mensuales (o 21,38 € diarios) -no revisados este año, por primera vez en la historia- del salario mínimo interprofesional (SMI) suponen un insulto y una negación clara de la letra y el espíritu de la Constitución. España, la "octava potencia económica del mundo" -si es que sigue siéndolo-, está a la cola de la UE en este concepto, ignorando la recomencación de la Carta Social, aprobada por el Parlamento Europeo, que recomienda que este índice se fije en el 60% de la media real de los salarios en todo el Estado.

4.- El último aspecto al que alude el artículo 35 de la Constitución -que "en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo"- es otro ejemplo de incumplimiento flagrante. Todavía hoy son muchas las mujeres que, a igual trabajo, perciben remuneraciones inferiores a las de sus compañeros varones sin razón ninguna; que son vetadas para puestos de mayor responsabilidad aunque tengan más experiencia y capacidad; que ven amenazado su puesto de trabajo en el caso de que queden embarazadas y a las que se dificulta por sistema la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Este repaso apenas enunciativo da cuenta de la situación real hasta la fecha del ejercicio del derecho al trabajo y sus adyacentes establecidos en la Constitución de nuestro país. Bastante lamentable, como se ve, y sin embargo, tras las reformas aprobadas por el Gobierno, pronto será objeto de añoranza general.

Este artículo sólo pretende ser una introducción -necesaria, como se verá más adelante- a una serie que abordará las perspectivas socioeconómicas de futuro a la luz del 'cambio' que el Partido Popular, con su mayoría absoluta y poderosas complicidades políticas, corporativas y mediáticas, se propone implantar en exclusivo beneficio de la casta empresarial y de los intereses financieros interiores y exteriores.

Continuará.

Foto: Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

Breve

Derroche alimentario.- Con crisis o sin ella los españoles compramos más alimentos de los que consumimos y/o necesitamos. El desperdicio de alimentos se eleva a 163 kilos por persona y año, lo cual es una vergüenza cuando tanta gente ha comenzado a carecer de lo más esencial. Toda la cadena de producción, distribución, venta, y consumo de alimentos genera toneladas de excedentes que otros tratan de aprovechar de los cubos de basura cuando les dejan. He aquí una ocasión excepcional para reflexionar sobre qué clase de personas somos y en qué mundo vivimos.

Breve

Asco y vergüenza.- El más alto tribunal del Estado no aprecia irregularidad ninguna en la actuación del juez Varela durante la fase de instrucción de las denuncias contra Baltasar Garzón, pese a que instó a la acusación a rectificar su demanda en un sentido que fuera jurídicamente aceptable, de modo que no pudiera ser rechazada por él mismo. No considera aplicable a este caso la jurisprudencia de la 'doctrina Botín', que exoneró al superbanquero en el caso de la cesión de créditos, y declara legitimado al 'sindicato' ultraderechista 'Manos Limpias' para actuar contra el juez. Una vez 'bendecidas' las actuaciones del juez Varela no cabe duda de que Garzón será condenado en la parte nuclear del proceso, la investigación de los crímenes del franquismo. Cada día que pasa da más asco y más vergüenza ser español.

Breve

La manzana envenenada.- “A Apple nunca le ha preocupado otra cosa que aumentar la calidad de los productos y reducir los costes de fabricación”, afirma Li Mingqi, que hasta abril trabajaba en la directiva de Foxconn Technology, compañía china que tiene subcontratada la fabricación de aparatos de alto coste como IPhone o IPad, que dominan el mercado global. Accidentes laborales, en ocasiones mortales; empleo de menores, horarios agotadores, dormitorios abarrotados y salarios irrisorios son las consecuencias de una filosofía inaplicable - por ahora - en Occidente, que encuentra en la indefensión laboral vigente en otros países el modo de optimizar sus beneficios. Apple lo niega todo, pero todo le acusa. Ese es el mundo que quieren los amos del planeta: un sistema feudal que desdeña los derechos humanos y la dignidad de los hombres.

Breve

Contrato de 'esclavitud'.- Un sueldo mísero, que apenas da para la subsistencia personal, y una ausencia prácticamente total de derechos es lo que se ofrece a los jóvenes 'aprendices', que serán considerados como tales independientemente de su cualificación. Mano de obra ultrabarata y una situación laboral propia del siglo XIX es lo que algunos han concebido como una solución al desempleo y como un apoyo a las empresas para que puedan competir. Es simplemente un insulto.

 

Breve

Aires de Fronda.- Ante los reiterados augurios negativos de las agencias de calificación los gobiernos niegan, protestan y maldicen. Todo ello, inútilmente. En Italia, sin embargo, es el fiscal de una pequeña ciudad meridional de la costa adriática quien ha decidido coger al toro por los cuernos a la vista del clamor general y ante las denuncias de algunas asociaciones de consumidores. A nivel popular soplan aires de Fronda contra esas agencias, que dicen emitir 'sólo opiniones', con las cuales causan graves problemas y que no parecen precisamente desinteresadas. Mientras, en España, la responsable (española, por cierto) de una de estas agencias 'filantrópicas' ha creído necesario aclarar que la última calificación de la deuda soberana de nuestro país ha sido incluso piadosa, dado que ésta se halla al nivel del 'bono basura'. ¿Por qué no dicen - puestas ya en el colmo de la irresponsabilidad - que ningún banco del mundo es de confianza, que ninguno resistiría ni una hora un movimiento de retirada de fondos de sus clientes? ¿Por qué son los países los que van mal mientras el sistema financiero, causante de esta crisis, permanece intocado e intocable?

Fiasco levantino.- Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la Comunidad Valenciana, con el mayor índice de crecimiento económico de España, aparecía como el paradigma a imitar. Camps y sus gentes eran presentados como padres-modelos de una gestión eficaz y nadie parecía (o quería) ver que el gigante tenía los pies de barro; que aquella euforia, aquel derroche y aquella chalanería no podían conducir a nada bueno. Hoy la Comunidad Valencia está en quiebra y la etiología del mal se pone en evidencia, por más que la atención pública se focalice en la minucia de unos trajes regalados.

Breve

¿Que inventen ellos?.- El compromiso de los gobiernos de España con la investigación científica y tecnológica ha sido siempre más simbólico que real, una especie de 'toque' de modernidad equivalente, a la vista de las decisiones recientes, al 'chocolate del loro': algo de lo que se puede prescindir cuando vienen mal dadas. Tal actitud es, por mucho que se quiera justrificar el recorte de 600 millones, un gravísimo error, una hipoteca del futuro y un signo de subdesarrollo. De ahí que la iniciativa de establecer una casilla destinada a la ciencia en la declaración del IRPF parezca una idea acertada y digna de prosperar.

Breve

Rajoy dice que no subirá el IVA.- Acuciado por el clamor que exigía que hablara de una vez, la esfinge que nos preside se ha avenido a hacerlo, pero no en una rueda de prensa ni en la televisión, ni mucho menos en un medio crítico. Se ha cubierto bajo el manto protector de la agencia informativa oficial para dictar - más que responder a preguntas incómodas - unas declaraciones con el único propósito de contrarrestar la mala imagen - aunque hay que admitir que nunca la tuvo buena - que su silencio ha generado. Ahora dice que no subirá el IVA. ¿Le creemos?

Las clases medias, víctimas propiciatorias en el "inicio del inicio"

Para cuantos hemos venido denunciando que el Partido Popular - antes y durante la campaña electoral, y hasta ayer mismo - acariciaba una agenda de indeseables medidas anticrisis que evitaba detallar para ganar las elecciones no han sido ninguna sorpresa las decisiones anunciadas los últimos días. Ello no impide observar que, en gran medida, la filosofía que subyace en tales decisiones deba ser calificada como un despropósito y una provocación para la mayor parte de los ciudadanos, puesto que los sacrificios diseñados recaen abrumadoramente sobre los trabajadores mientras se exime de ellos al capital, que, pese a la crisis, sigue recogiendo considerables beneficios.

La subida de las pensiones, que se presentaba como el único gesto 'social' del nuevo Gobierno, se ha quedado finalmente en un ridículo, simbólico y decepcionante 1 por 100. Si consideramos que las pensiones más altas -y menos frecuentes- percibirán 20 euros más al mes el cuadro quedará claro en su valor exclusivamente simbólico. Puesto que el IPC se situó en noviembre en el 2,9, es evidente que la anémica subida no compensa en absoluto la de los precios. No es una congelación, pero sí una regresión lamentable. Las que sí son congelaciones puras y duras y significan una mayor reducción objetiva de la capacidad adquisitiva son las que afectan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), anunciada el miércoles, y la de los sueldos de los funcionarios, cuya prórroga fue confirmada ayer.

Dado que la sedicente prioridad 'social' máxima del Gobierno es la creación de empleo, sigue en vigor la pregunta del millón: ¿Cómo? Si los ingresos de los españoles que aún tienen trabajo o pensión se congelan o reducen, lógicamente decae el consumo; como consecuencia decrecen los beneficios y la producción, lo que conduce en última instancia al aumento del paro. ¿Alguien cree seriamente que reformar la normativa laboral en favor de los empresarios y premiar con exenciones fiscales las nuevas contrataciones - estímulos que el Gobierno prevé pero aún no ha aprobado - va a crear un empleo digno de tal nombre? La consecuencia previsible es justamente la contraria.

Pero aún quedaba una sorpresa, que, precisamente por serlo, resulta más indignante. Amparándose en el supuesto aumento del déficit previsto, del 6 al 8 por 100, el presidente del Gobierno ha accedido a desmentirse rotundamente respecto a su negativa previa a subir los impuestos, que sostenía hasta hace poco más de una semana. Sin embargo, por un lado nadie ignoraba, al menos desde septiembre, que la previsión de déficit iba a verse desbordada, y por otro, nadie en sus cabales era capaz de imaginar - con o sin aumento del déficit - que fuera posible afrontar eficazmente la situación sin subir los impuestos. En consecuencia, o Rajoy ha mentido a sabiendas todo el tiempo o está en la higuera. A saber qué hipótesis es más inquietante.

También en el terreno fiscal el Gobierno hace gala de su filosofía clasista y ultraliberal: Serán las rentas del trabajo, vía IRPF, las que sufragarán en mucho mayor grado que las del capital (4.200 millones frente a 1.200) ese 'imprevisible' déficit 'sobrevenido'. Así nos encontraremos con que muchos de los empleados cuyo salario ha sido congelado e incluso reducido, verán aumentada su aportación a las arcas del Estado en absurda y cruel paradoja, so pretexto de un "esfuerzo solidario" y "temporal" del que son eximidos quienes más tienen y pueden.

Mientras tanto las SICAVs (Sociedades de Inversión de Capital Variable), auténticos paraisos fiscales interiores para las grandes fortunas, siguen cotizando el 1%, sin que sea previsible ninguna alteración en ese privilegio. También mientras tanto persiste el fraude rampante de los dueños del dinero a la Hacienda pública, cuantificado por la propìa Agencia Tributaria en 44.000 millones (más que suficientes para enjugar el déficit) sin que se manifieste la más mínima voluntad política para poner fin a ese estado de cosas que lleva camino de devolvernos al tercermundismo. Es evidente que si el fraude se puede cuantificar también se puede atajar. Basta movilizar a la Inspección en la dirección adecuada.

Aún queda otra medida entre las anunciada tras el Consejo de Ministros celebrado ayer que clama al cielo: el restablecimiento de la deducción fiscal por vivienda en propiedad. Que a estas alturas se intente reactivar la burbuja inmobiliaria con el fin de que la construcción vuelva a generar empleo - ese parece ser el objetivo - revela un absurdo voluntarismo que contradice la ley de la oferta y la demanda, básica en la economía liberal. Cuando finalmente la burbuja estalló, con las perniciosas consecuencias para las finanzas y el empleo de todos conocidas, alguien osó decir la verdad silenciada durante mucho tiempo. Josep Donés, presidente de la comisión técnica de la APCE (Asociación de Promotores y Constructores de España), afirmó que en los diez años previos al pinchazo se construyó en nuestro país "el doble de las viviendas necesarias". ¿Cuántas son ahora las viviendas realmente necesarias que no estén ya a la venta? Es de locos.

Pese a que el Partido Popular ha dispuesto de más tiempo del que nadie haya tenido nunca antes para definir sus políticas y organizar equipos con la perspectiva cierta de que iba a gobernar, da la sensación de que la victoria electoral y sus consecuencias de responsabilidad y eficacia le hubieran cogido por sorpresa. Cuarenta días después de las elecciones no sólo aún hay ministerios por organizar, con altos cargos del segundo y tercer escalón sin definir, sino que el primer trimestre del año lo viviremos con los presupuestos de 2011 prorrogados. Y siendo eso malo todavía es peor que, pese a las críticas que le dirigieron a Zapatero por sus 'improvisaciones', parece que quienes lo derrotaron se mueven también a golpe de 'ocurrencias' y sus responsables económicos no demuestran mayor capacidad que la que se deduce del conocimiento de dos de las cuatro operaciones básicas de la aritmética: sumar y restar.

Finalmente, en el "inicio del inicio", como ha calificado la pizpireta vicepresidenta estos cruciales momentos, se desvela el 'porqué' del riguroso secreto de la agenda económica por parte del PP. Si hubiera adelantado su contenido - que sería lo honesto - habría perdido las elecciones y la razón es muy simple: la crisis que se pretende remontar es depositada con casi todo su peso sobre los hombros ya debilitados de las clases medias, ahí donde el PP cuenta con un vivero de votos hasta ahora inasequibles al desaliento.

¿Qué es peor: la ocultación o la mentira? Inútil disyuntiva. Este Gobierno - pese a su compromiso expreso de 'decir la verdad' - cuenta con dosis excesivas e inquietantes de ambas cosas en su explosiva mochila, . Lo peor en realidad es que gobierna y además dice creer que lo hace con el apoyo de los ciudadanos, sin que éstos hayan dado su consentimiento expreso a unas medidas indeseables, que nunca fueron expuestas en un programa electoral. La solidaridad que reclama 'de todos' está fuera de lugar. 

Foto: El Gobierno se ampara en la 'herencia' - que ya conocía - para justificar la subida del IRPF que decía descartar.