Evocación de Aznar, a instancias del PP (y III)

El ‘Caso Sogecable’ es seguramente uno de los mayores escándalos judiciales de la democracia española y el ex juez Javier Gómez de Liaño, que lo dirigió, aparece a través de él como un prevaricador contumaz más allá de toda lógica y prudencia. Construido básicamente sobre la nada, el proceso mantiene en vilo durante meses al más influyente grupo mediático, Prisa, cuyo presidente, Jesús de Polanco, hubo de depositar una fianza de 200 millones de pesetas para eludir la prisión. Tanto él como el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, tienen que pedir permiso al juez para viajar al extranjero, permiso que éste deniega al menos una vez.

Para entrar directamente en el meollo de este enredo judicial, que en lo inefable oscila entre lo chusco y lo surrealista, nada mejor que evocar las declaraciones hechas por la periodista Pilar Urbano a un revista en 2000 con ocasión de la publicación de su libro “Garzón, el hombre que veía amanecer”, que removió los cimientos de la Audiencia Nacional:

“El Gobierno quería tener su dominio en las teles digitales y se desata una guerra feroz mediática. Pero no contra Polanco, sino contra las plataformas digitales. Ahí confluyen una serie de personas -magistrados como Joaquín Navarro, abogados como Antonio García Trevijano, periodistas de alto nivel como Campmany, Anson, Pedro J. Ramírez; el Gobierno, con Álvarez Cascos y Miguel Angel Rodríguez...- que diseñan una estrategia y que utilizan a un juez. Para mí el más inocente -llamado "tonto útil" por el propio Trevijano- es Gómez de Liaño. La fiscal que utiliza al juez es María Dolores Márquez de Prado, la muñidora de todo, la "manzanita de Eva"... Se han servido del poder judicial. Eso lo ve Garzón y, por eso, se aparta”.

Lo que dice Urbano suena a ficción, pero, como se dice con razón, la realidad supera a ésta con frecuencia. La periodista, que invirtió dos años en la elaboración del libro sobre Garzón, asegura que el grueso de su trabajo consistió en contrastar la veracidad de las afirmaciones del juez. Muchas de las declaraciones de éste se quedaron en el tintero precisamente porque ella no pudo confirmar su veracidad en otras fuentes. El resto es la verdad, que la combativa periodista –no precisamente de izquierda- asegura suscribir de principio a fin.

"Vamos a hacer la revolución judicial para acabar con el sistema político corrupto y con el felipismo". Esa es la declaración que se atribuye a María dolores Márquez de Prado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional y esposa del juez Gómez de Liaño a raíz de que su marido admitiese la denuncia presentada por el director de la revista Época, Jaime Campmany, contra Sogecable. Llama la atención la grandilocuente declaración de la fiscal, que se produce precisamente cuando el PP ha alcanzado finalmente La Moncloa, pero no hay contradicción, sino coherencia.

Aznar está convencido en esas fechas de que el Grupo Prisa es el responsable de su derrota en 1993 y de su corta victoria en 1996. Es urgente para el PP poner coto a la expansión de ‘Jesús del gran poder’ (así llamaban a Polanco), construido en lo audiovisual merced a los favores del PSOE, si se pretende conservar y ampliar el poder. La guerra de las plataformas digitales que el Gobierno acabará perdiendo fue muy expresiva acerca de esa beligerancia, que se escenifica precisamente en las fechas del ‘Caso Sogecable’ con el nacimiento de Vía Digital, generada por la Telefónica de Juan Villalonga, amigo de Aznar, y que acabará fusionándose con Canal Satélite Digital para formar Digital+, con ese signo “+” que tanto molestaba al PP.

Como nadie ignora, el Partido Popular alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones generales del 2000, pese a que Prisa mantenía intacto su poder. El PSOE, por otra parte, ganó las elecciones de 2004 no porque lo apoyase el grupo de Polanco, de hecho bastante reticente con Zapatero, sino por el error estratégico del PP al elegir la mentira ante el ataque terrorista del 11-M. Los políticos están obsesionados con los medios y cabe preguntarse hasta que punto tal obsesión no está, en parte, inducida interesadamente por los grupos mediáticos en su lucha por la hegemonía multimediática. Desde el punto de vista de los ciudadanos, ni la política ni la información salen beneficiadas de esa lucha.

Este verano el PP ha dado una vuelta de tuerca a la confrontación política al acusar al Gobierno de utilizar a instituciones del Estado en su “cacería”, espiando ilegalmente a líderes del partido no implicados en procesos judiciales. Una acusación de carácter tan extremadamente grave crea inquietud de modo irresponsable en tanto no se plasme en una denuncia formal ante la Justicia. Atribuir al Ejecutivo la instrumentación de jueces, fiscales, policías y servicios de inteligencia no debería ser gratuito.

En cualquier caso, confío en que esta pequeña serie que hoy concluye haya sido instructiva –pese a estar muy lejos de ser exhaustiva- acerca de quién y con qué propósitos sí ha instrumentado a la Fiscalía y a algunos jueces al servicio de intereses descaradamente partidistas. Eso es historia, memoria perennizada en las hemerotecas, cosa juzgada. La nueva conspiranoia del 'espionaje' y el 'atentado al Estado de Derecho', sin embargo, es un puro ‘bluff’, fuegos de artificio, maniobras de diversión para desviar la atención de la corrupción en el PP.

Al menos, mientras no se demuestre lo contrario.


Foto: Gómez de Liaño, junto a su esposa, María Dolores Márquez.

Evocación de Aznar, a instancias del PP (II)

Cuando en mayo de 1997 el Gobierno de Aznar decide nombrar Fiscal General del Estado a Jesús Cardenal cuantos estaban en antecedentes de quién era éste, incluídos todos los integrantes de la carrera fiscal, se quedan boquiabiertos. ¿Cardenal?

La sorpresa y la incredulidad estaban plenamente justificadas. El nuevo jefe máximo del ministerio público, supernumerario del Opus Dei, no había hecho nada por pasar desapercibido al frente de la Fiscalía del TSJ del País Vasco. En la memoria de este órgano correspondiente a 1994 había despotricado contra el aborto, la homosexualidad, el divorcio y los anticonceptivos, llamando la atención del CGPJ, que consideró sus opiniones "no acordes a la Constitución". Toda una carta de presentación.

Apenas siete meses después de su toma de posesión estalló el escándalo. El 22 de enero de 1998 la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales hicieron pública una nota conjunta de protesta, asegurando que Cardenal les había comunicado que "en lo sucesivo" se abstuvieran de criticar al Gobierno. Hasta ahí llegaba la promesa del PP en su programa electoral de 1996 en el sentido de promover la independencia del Ministerio Fiscal.

No tarda en ponerse en evidencia que Cardenal está firmemente decidido a ejecutar, de inmediato, una agenda oculta en la Audiencia Nacional al servicio de los intereses del Gobierno 'popular', inquieto éste por el 'progresismo' teóricamente predominante en esa institución y por la amplia capacidad de maniobra de uno de sus jueces: Baltasar Garzón. Para ello promueve al puesto de fiscal-jefe a Eduardo Fungairiño, ultraconservador y conflictivo, sobre el que había recaído una falta muy grave recientemente y al que puede achacarse la destitución de su predecesor, José Aranda, por "falta de autoridad". El nombramiento se realiza con la oposición del Consejo Fiscal y de nuevo las dos asociaciones de fiscales dejan oir su protesta. Inútilmente.

Tampoco Fungairiño tarda en hacer de las suyas al argumentar, en relación con la investigación judicial en España de los desaparecidos en las dictaduras de Chile y Argentina, que los golpes militares en ambos países fueron la única forma de mantener el orden. Ante las inmediatas y lógicas protestas, Cardenal defiende a su hombre aventurando que "no se ha interpretado bien" su documento. Más tarde admitiría que Fungairiño había utilizado una frase "desafortunada". Eso era todo. Fuingairiño era de su confianza y él de la confianza del Gobierno. Increiblemente una afirmación que legitimaba retrospectivamente el intento golpista del 23-F pasaba impune el 'control democrático' del Fiscal General del Estado y del propio Gobierno.

Otro tanto ocurrirá cuando su mano derecha en la Audiencia Nacional informa contra la petición de extradición de Augusto Pinochet, detenido en Londres a instancias de Garzón. Para Cardenal tal actuación es conforme a Derecho, pues en su opinión los delitos del ex dictador chileno, aunque "gravísimos", no son constitutivos de genocidio, según el Convenio de Viena de 1948.

El Fiscal General del Estado, atento siempre a actuar en beneficio del Gobierno, alcanzó durante su dilatado mandato el inédito y dudoso mérito de tener habitualmente en contra al Consejo Fiscal. Uno de los más fuertes varapalos de este órgano lo recibió cuando relevó al fiscal Bartolomé Vargas, partidario de procesar al entonces ministro de Industria, Josep Piqué, en relación con el 'caso Ercros'. Un año más tarde, en un claro intento de frenar el progreso del 'caso Formentera', ordena a la Fiscalía de Baleares, partidaria de procesar ya al entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que estudie el caso más y mejor.

¿Y que dice apenas una década después Cospedal, que acusa sin pruebas al Gobierno de haber ordenado al Fiscal General recurrir el archivo del 'caso Camps'? Pues esto: "El PP, como primer partido de la oposición y partido de gobierno -que lo ha sido y lo va a volver a ser-, tiene como objetivo trasladar su alternativa y, dentro de la misma, también está una concepción del Estado de Derecho en el que el Gobierno respete a las instituciones, donde siempre quede a salvo el principio de independencia judicial y donde la Fiscalía funcione en beneficio de todos los ciudadanos".

Tiene bemoles la cosa.

Continuará.

Foto: Ernesto Cardenal.

Evocación de Aznar, a instancias del PP (I)

"En los ocho años que gobernó el PP, nunca en España se produjo este intento de corrupción de las instituciones democráticas". Lo dijo Cospedal en su esperada reaparición política, a su regreso de tomar el sol -tal vez demasiado- en Marbella, donde realizó las gravísimas denuncias (ante los medios, no ante los jueces) que luego ha suscrito todo el partido como un solo hombre. Dijo eso y también que no tenía nada que añadir a lo ya dicho, que lo ratificaba. Faltaría más.

Horas más tarde, Rajoy, que parece ir siempre un paso por detrás, acudió una vez más a un argumento de Esperanza Aguirre, que, a propósito del espionaje en el PP de Madrid a cargo de su Consejería de Interior, había evocado la dimisión de Narcís Serra en 1995 por presunto espionaje ilegal. "Que nadie se rasgue las vestiduras", dijo Rajoy, ante las denuncias (verbales, insistamos) del PP. O, lo que es lo mismo, el PSOE espía siempre, hombre. Los ciudadanos -como diría Ana Mato- lo saben.

"El señor Aznar, desde luego, no tuvo que dar explicaciones por acontecimientos como estos", añadió Rajoy en un brindis gratuito a quien lo puso donde sigue. Habría que precisar que Aznar, especialmente desde que logró la mayoría absoluta, no dio explicaciones de nada a nadie, lo cual, en un caso como el del envío de tropas españolas a la guerra de Irak sin la aprobación del Congreso supera con creces cualquier "intento de corrupción de las instituciones democráticas", por demás inexistente. Aquella sí que fue una actitud dictatorial, una muestra insuperable de desprecio hacia las instituciones democráticas.

En su desvelado empeño por erigirse en uno de los tres caudillos de Occidente frente al "eje del mal" islámico, ignorando, como Bush y Blair a la ONU, dijo creer firmemente que Irak disponía de armas de destrucción masiva, del mismo modo que antes y después del ataque del 11-M insistió en atribuírselo a ETA. Antes, por conveniencia electoral; después para deteriorar cuanto fuese posible al Gobierno del PSOE. Las malévolas insinuaciones que deslizó en su lamentable comparecencia ante la Comisión de Investigación sirvieron a toda una variada cohorte de sicarios para intoxicar a la opinión pública y sostener la enloquecida hipótesis de que el PP perdió el poder a causa de "un golpe de Estado".

Bajo su Gobierno fueron enviados policías españoles para participar en interrogatorios ilegales en la ilegal cárcel de Guantánamo, sin que sea descartable que participasen, al menos como testigos, en las torturas que les eran infligidas a los prisioneros en el limbo alegal que es la base estaounidense en territorio cubano.

Cuando se habla de democracia en relación con las legislaturas del PP hay que hacerlo muy bajito y con mucha prudencia porque a quien lo hace le puede ocurrir lo que al bobo que escupe hacia arriba.

Mañana hablaremos sobre la Justicia en la época del PP, otro ejemplo de buen hacer democrático. ¿Han olvidado ya a Jesús Cardenal? ¿Y a Fungairiño? ¿Y a Gómez de Liaño?...

Continuará.

Ana Mato decide lo que los ciudadanos saben

Es un goteo sistemático, cotidiano, monótono, aburrido. Desde el día en que Cospedal se pasó siete pueblos no cejan. Los diversos líderes del PP se dan la vez para hablar de la persecución que sufren -en su imaginación- por parte del Gobierno, que utiliza -según ellos- las instituciones del Estado en esa despiadada "cacería".

Todos son Cospedal, como si Cospedal fuera Espartaco. Una vez que lograron sacar a Rajoy de su sesteo estival para apoyar a la secretaria general y mostrarse evasivo -cómo no- sobre la presentación formal, ante los jueces, de una denuncia por las supuestas escuchas ilegales realizadas a miembros del partido no implicados en la trama "Gürtel", todos recitan el mismo discurso.

Bueno, todos no. Hay que admitir que Ana Mato, la vicesecretaria de Organización, que debe estar de guardia veraniega, se ha mostrado más creativa que nadie, si exceptuamos a la propia Cospedal. Puesta a insistir en la denuncia de la "dictadura" que sufren, Mato ya describió a Zapatero hace unos días como "la persona más dictatorial del mundo". Tampoco es tan sorprendente teniendo en cuenta que algún otro "creativo" había equiparado la España de Zapatero con la Venezuela de Chávez.

Hoy, para su segunda intervención sobre el tema, Mato ha considerado conveniente aportar algún dato suplementario y es así como ha 'descubierto' que "los ciudadanos saben que se han producido escuchas ilegales". Con la misma lógica con la que denuncian sin pruebas aseguran lo que los españoles "saben". Una evidencia más -por si fuera precisa- del respeto que siempre ha manifestado el PP por la ciudadanía.

Decía Goebbels, cerebro propagandístico del nazismo, que "si no puedes negar las malas noticias inventa otras que les distraigan". En eso están los líderes del PP, en superponer a las malas noticias del caso Gürtel o del caso Espada la noticia inventada de las escuchas ilegales a las que les someten las instituciones del Estado por orden del pérfido Gobierno, a cuyo frente se halla "la persona más dictatorial del mundo". Y se quedan tan frescos.

El caso es que hoy, once días después de las gravísimas denuncias verbales de Cospedal, Ana Mato ha tenido que admitir que no podía presentar pruebas ni dar nombres en relación con las escuchas ilegales. Eso es lo que realmente saben los ciudadanos. Lo que pasa: once días desde que Cospedal formuló las más graves acusaciones en esta democracia sin aportar pruebas ante la Justicia. Seguiremos contando.

La crisis no es sólo económica (y IV)

El neoliberalismo darwinista impera sin apenas oposición en lo económico, pero no tanto -por ahora- en lo político. Incluso en ciertas opciones de derecha (de centro-derecha especialmente) disgusta e inquieta la prepotencia del poder económico y la conciencia de impunidad que prevalece en su filosofía.

La actual crisis ha puesto de manifiesto con mayor nitidez que nunca la absoluta indiferencia del capital financiero respecto a las consecuencias sociales y políticas de sus actos. Egoísmo, irresponsabilidad e insolidaridad son las palabras que mejor definen la postura de los poderosos de las finanzas antes y durante la crisis. El hecho de que planeen pagar enormes emolumentos a sus ejecutivos, pese a la reducción de los beneficios y a la restricción del crédito que han puesto en práctica, evidencia de modo incuestionable su falta de escrúpulos.

Los gobiernos, conscientes de que es el gran capital quien tiene la clave de la reactivación económica, se declaran tácitamente impotentes para someterlo a control y mucho más para plantear que su actividad tenga una dimensión más social. Todo lo que creen poder hacer es intentar, con escaso éxito hasta la fecha, estimular o desestimular determinadas actividades. Y por supuesto, tender una red de seguridad, tejida de inyecciones de dinero y regalías fiscales, bajo los funambulistas más aventureros.

Esta crisis está siendo para los poderosos la prueba de carga de la estructura sociopolítica vigente. Y están satisfechísimos porque, frente a los augurios caóticos, resiste. Los estados cooperan, aún contraviniendo los principios ultraliberales del darwinismo social que sostienen como sagrados los beneficiarios de dicha cooperación. Los sindicatos, sabedores de su disminuida representatividad, dan una muestra definitiva de su ineficacia, moderando hasta lo ridículo su discurso y centrando sus demandas en la obvia defensa del empleo, a sabiendas de que sólo pueden esperar el apoyo del Gobierno, no en absoluto el de la patronal.

En el terreno de la izquierda política, si exceptuamos a los partidos de raíz marxista, muy minoritarios, el discurso político ante la crisis es prácticamente inexistente. En la otrora poderosa socialdemocracia no sólo no surgen críticas de fondo ante la catástrofe económica generada por la codicia criminal, sino que ni siquiera hay análisis dignos de mención si exceptuamos el realizado por el casi octogenario Michel Rocard en un artículo publicado por ‘Le Monde’ a raíz de las elecciones europeas.

Rocard, ex primer ministro bajo Mitterrand y ex secretario general del PSF, realiza un lúcido repaso a los orígenes y el desarrollo de la crisis económica para centrarse finalmente en una variable político-económica raramente mencionada y que marca profundamente las últimas décadas: la connivencia de las clases medias con la economía especulativa. Ese cambio, que se plasma en el hecho de que extensos grupos sociales confíen más en la inversión gananciosa en los mercados bursátiles que en los rendimientos de su propio trabajo, es crucial desde el punto de vista de Rocard. El enorme potencial humano de equilibrio y progreso que han constituido tradicionalmente las clases medias se ha hecho conservador y ultraliberal, lo que dificulta radicalmente el apoyo a cualquier fórmula que intente atajar la crisis en profundidad.

“La socialdemocracia –escribe Rocard- explica desde hace medio siglo que los mercados no son autorregulables, que es preciso regular economía y finanza y luchar fiscalmente contra las desigualdades. Los hechos, y esta crisis, le dan la razón trágicamente. Y sin embargo acaba de perder en todas partes las elecciones, masivamente. Votando conservador, por las fuerzas que nos han conducido a la crisis, los electores han mostrado su adhesión al modelo del capitalismo financiero. El resultado apenas permite esperar un tratamiento político serio de la actual anemia económica. ¿Cuántas crisis serán precisas para convencer a los pueblos? En cualquier caso, el mecanismo de su repetición parece desencadenado”.

Se puede decir más alto, pero no más claro. Resulta difícil creer que los partidos socialistas europeos querrían o podrían poner en marcha políticas de control y regulación económica si tuvieran el poder. Y ello no sólo por falta de voluntad, sino porque, más allá y más acá de la defección de las clases medias, la gran variable histórica viene dada por la globalización, que impide u obstruye la aplicación de ‘soluciones nacionales’, condenando sobre todas las cosas dos: el proteccionismo y el intervencionismo.

He ahí, esquemáticamente, la tragedia. Los ciudadanos de todo el mundo estamos a merced de un sistema que actúa, a nivel global, con total libertad e impunidad; que se inhibe de las consecuencias sociales y políticas de sus actividades –frecuentemente delincuenciales-; que sólo cree en el máximo beneficio y en la ley del más fuerte y que sólo rinde cuentas ante la junta de accionistas.

Nunca ha existido nada tan parecido a un Gobierno Mundial en la sombra y nunca la civilización judeocristiana se ha mostrado tan estéril en la generación de respuestas o alternativas. Estamos bajo el imperio del ‘darwinismo’ social, económico y político y el mundo se parece cada vez más a la pesadilla que H. G. Wells describe en ‘La máquina del tiempo’: ingenuos Eloi viven una existencia pacífica y aparentemente feliz ignorando el acecho nocturno de los siniestros Morlock hasta que cae la noche.

La antiutopía ya está aquí.
Foto: Michel Rocard.

Cuatros días sin denuncia formal de Cospedal... y contando

Estamos en el cuarto día desde que Dolores de Cospedal formuló las gravísimas acusaciones sobre escuchas ilegales a sus dirigentes en las que implicaba al poder judicial, a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado e incluso al CNI. Cuatro días han transcurrido sin que ningún juzgado de España haya recibido denuncia formal alguna sobre esa gigantesca 'conspiración antidemocrática' por parte de la secretaria general del PP o de cualquier otro miembro del partido.

El sábado pasado el secretario de Comunicación, Esteban González Pons, salió también a la palestra para asegurar que se presentarán las pruebas y para advertir que se está estudiando llevar el asunto al Parlamento Europeo. Y tendrán que aportar dichas pruebas antes de proponer en Bruselas el debate de su moción si no quieren que se les responda que sean serios y se dejen de niñerías. Aunque el PPE sea mayoritario no es fácil imaginar a Sarkozy y a Merkel dando luz verde a un debate sobre una cuestión basada en meras sospechas y planteada por un partido que no ha encontrado modo mejor de contrarrestar los ecos de la proliferación de casos de corrupción en su seno que generar irresponsables infundios.

Mientras Rajoy, de vacaciones, mantiene un silencio que retrata su pusilanimidad de cuerpo entero, Javier Arenas se decidió ayer a echar un capote a Cospedal al asegurar que todo el partido piensa o cree que el Gobierno está utilizando los medios del Estado contra ellos. Pensar o creer son conceptos sin peso jurídico alguno, como todo el mundo sabe. Ningún tribunal va a aceptar abrir un caso por meras sospechas o convicciones sin pruebas.

Mientras tanto la Justicia sigue dando los pasos precisos para dilucidar las profundas raices que el 'caso Gürtel' hunde en el interior del Partido Popular. Ayer el TSJ de Madrid solicitó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los contratos relativos a las empresas de Correa durante la época en que Rita Barberá presidió la institución y Álvaro de la Cruz (que figura entre los perceptores de dinero de Correa) era el número dos. Al parecer los contratos no aparecen (¿por qué?) pero sí constan las facturas.

Quda mucha tela por cortar, por lo que parece. Seguiremos contando. Los días y las cosas.

Sonia Sotomayor: "Yes, I can"

Sonia Sotomayor, puertorriqueña de 55 años, es la tercera mujer y la primera hispana elegida juez en la historia del Tribunal Supremo de EE UU. Culmina de este modo una brillantísima carrera profesional regida por la voluntad, la responsabilidad y el trabajo y una biografía en la que el cumplimiento de 'lo imposible' ha sido la norma. Nacida en el Bronx neoyorquino y huérfana de padre desde los nueve años, nada permitía presagiar el extraordinario futuro que le esperaba.

Celina, su madre, a la que Sonia considera su "inspiración de vida", es, en gran medida, coautora del éxito, al poner especial énfasis en la necesidad de la educación y en la conveniencia de la integración, sumergiendo a sus hijos en la lengua inglesa y asumiendo así que, tras la muerte de su marido, no había camino de regreso a Puerto Rico.

Pese a todo, cuando Sonia ingresa en la universidad de Princeton en 1973 su inglés era bastante deficiente en relación con el nivel medio. Un año después ese handicap está superado merced al esfuerzo y al estudio. Tras un semestre de negativa a tomar la palabra en clase, Sotomayor reclamará y conseguirá la realización de un seminario sobre la historia política de Puerto Rico. Cuando termina en Princeton lo hace con un diploma 'summa cum laude', lo que le abre las puertas de la Facultad de Derecho de Yale, vivero clásico, junto con Harvard, de la clase dirigente estadounidense.

Nada es gratuito ni casual en la biografía de Sonia Sotomayor. Todo es obra del trabajo y de la capacidad. Sin duda por ello Obama decidió proponerla para cubrir la vacante en el Tribunal Supremo. Aun consciente de las dificultades que había de superar para su aprobación, sabía que Sotomayor está a la altura del cargo y confiaba en que superase todas las reticencias y objeciones, que no han sido pocas.

Para la administración demócrata, cuyo desembarco en la Casa Blanca se ha producido en coincidencia con una crisis económica de extraordinarias proporciones que dificulta el cumplimiento de buena parte de su programa, es absolutamente prioritario hacer visible la realidad de su divisa, aquel 'yes, we can' generador de tantas esperanzas entre los más desfavorecidos.

'Yes, Sonia can'. La historia de la nueva juez del Tribunal Supremo desmiente parcialmente las razones de la desesperanza y apuntala provisionalmente la credibilidad del país como 'Tierra de oportunidades'. Es, además, una compensación debida, aunque insuficiente, a la comunidad hispana, la de mayor y más rápido crecimiento de EE UU y, sin embargo, política y socialmente infrarrepresentada.

Cospedal resucita la 'conspiranoia'

Cospedal está como una moto. Tanto que, no contenta con arremeter contra la Fiscalía por perseguir al PP -por orden del Gobierno, claro- en lugar de a ETA, hoy ha estrellado su vehículo-bomba contra la Judicatura y contra el CNI, que, junto con la Policía serían responsables de que miembros de su partido ajenos a los sumarios abiertos estén siendo sometidos a escuchas ilegales. ¿Quién dijo tila?

Lo dicho por la secretaria general del PP es gravísimo sin posibles paliativos. Asegurar que instituciones y servicios del Estado están actuando de modo ilegal no tiene precedentes en esta democracia. Y no cabe duda de que Cospedal ha querido afirmar exactamente lo que ha dicho. Más allá de la simple denuncia, se ha permitido realizar un diagnóstico de la situación que parece fruto de un estado altamente febril y alucinatorio.

Según su peculiar visión, que cabe suponer que comparte el partido al que representa, "en España se vive un Estado policial como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía". Los socialistas, según esta pesadilla de 'flash back' franquista "intentan corromper a las instituciones de la democracia".

Desde las instancias aludidas se le han propuesto a Cospedal dos caminos posibles tras su 'desahogo': retractarse o presentar una denuncia formal, con todas sus consecuencias. Eso sería lo lógico, pero conociendo el percal no es precisamente lo más probable. Y ante eso cabe preguntarse, ¿cubre la inmunidad parlamentaria la expresión de afirmaciones tan gratuitas que cuestionan irresponsablemente la realidad del Estado de Derecho?

Me gustaría equivocarme, pero la reiteración y ampliación de las acusaciones por parte de la secretaria general del PP parece indicar que el partido de la oposición está de vuelta en la estrategia 'conspiranoica' que caracterizó a la legislatura anterior.

Entonces insistieron hasta la náusea en justificar a posteriori la atribución a ETA de los atentados del 11-M en vísperas de elecciones y no tuvieron escrúpulo alguno en convertir en preguntas parlamentarias los titulares que les servían algunos medios afines por muy inverosímiles que fuesen. Ahora formulan gravísimas acusaciones que no tienen ni medios ni voluntad de demostrar.

Nadie ignora que la Policía sólo puede realizar escuchas si previamente lo autoriza un juez. Dichas escuchas son necesariamente secretas, pero absolutamente legales. Si dirigentes del PP ajenos a los sumarios (¿habría que añadir "por ahora"?) están siendo espiados ilegalmente caben otras muchas posibilidades, entre ellas las que podrían protagonizar miembros del propio partido. Precedentes no faltan.

Ruido, mucho ruido en el PP

La vicepresidenta De la Vega actuó ayer con la habilidad y discreción propias de un elefante en una cristalería al anunciar el recurso de la Fiscalía contra el fallo que exonera a Camps del delito de cochecho. Sería el 'jet lag', sería una interpretación errónea de la diferencia horaria entre Costa Rica y España, sería una excesiva e inoportuna vocación de protagonismo... Fuera lo que fuera De la Vega ha servido munición gratuita al PP para que dispare a placer contra el Gobierno y la Fiscalía. Qué más quiere el ciego que ver.

El recurso de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE de la Comunidad Valenciana era algo que se anunciaba ya en la misma noticia que dio cuenta del fallo exculpatorio. No hay sorpresa en absoluto ni injerencia impropia del Gobierno. Sí sorprende, sin embargo, que la vicepresidenta se adelante unas horas a la propia Fiscalía en el anuncio de la decisión, lo que facilita al PP hacer una lectura en términos tales como que "el Gobierno ha ordenado a la Fiscalía realizar una cacería contra el PP". Todo es bueno para el convento.

Volviendo a los paquidermos, si De la Vega desencadenó un estropicio de cristales rotos, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, desató toda una estampida de elefantes. Afirmar que el Gobierno utiliza a la Fiscalía para perseguir al PP en lugar de perseguir a ETA es una desmesura inefable. ¿Sugiere acaso que el Ejecutivo no acosa a ETA tanto como debería? ¿No habíamos quedado en que, en lo que respecta a la lucha antiterrorista, Gobierno y oposición mantienen una unión sin fisuras?

La alegría y satisfacción que el PP escenificó tras anunciarse el fallo exculpatorio para Camps tuvieron mucho de teatro. El sobreseimiento es una victoria pírrica y provisional, no sólo por la singularidad de su argumentación, con el voto en contra de uno de los tres jueces (ver post anterior), sino porque da implícitamente por sentado que Camps, contra lo que afirmó insistentemente, no compró con su dinero los trajes de marras. El PP es consciente de que la resolución favorable es pan para hoy y hambre para mañana, de que la tila va a seguir acompañando sus días durante meses y de que no hay mejor defensa que un buen ataque.

Ya no se trata tanto de defender la supuesta inocencia de Camps como de denunciar la 'persecución' sistemática del Gobierno, erigido según su argumentario en la Santa Inquisición; de pedir comparecencias a troche y moche; de exigir la depuración de responsabilidades en las filtraciones policiales a los medios; de denunciar una 'campaña de acoso' por parte de los medios de Prisa... Se trata en fin de hacer ruido, como siempre, en un intento estéril de hacer ignorar las vergonzosas realidades que les afectan y que son, en realidad, lo único que realmente les persigue.

Nada nuevo. ¿Recuerdan cuando el Gobierno regalaba Navarra a ETA? Pues eso, desmesura dramática. Ruido, mucho ruido. Engañifas para uso y consumo de su clientela incondicional.

Denuncia contra el juez De la Rúa

P. S. a las 19, 45: El abogado José Luis Mazón ha presentado una denuncia ante el CGPJ contra el presidente del TSJ de la Comunidad Valenciana y "más que amigo" de Camps, Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la decisión que exoneró a éste de la acusación de cohecho, contra lo que aconsejarían la ética y la buena práctica judicial.

Mazón alcanzó en 2004 cierta notoriedad al lograr que el Tribunal Supremo condenase a 11 magistrados del Constitucional a indemnizarle con 5.500 euros por haber archivado, sin estudiarlo, un recurso de amparo presentado por el letrado.

Ahora el abogado recuerda en su denuncia que, antes de que estallase el caso de los trajes, Camps había declarado que De la Rúa era "más que amigo", lo que en ningún momento fue desmentido ni matizado por el magistrado. Tal relación, presumiblemente estrecha y cálida, habría exigido que el juez se inhibiese del caso, en el que, como presidente del TSJCV, tampoco debía participar.

Su intervención es calificada por Mazón como "llamativa", pues fue posible gracias a la ausencia por vacaciones del magistrado Juan Climent. El letrado pide al CGPJ que determine si tales vacaciones estaban previstas y si fueron voluntarias o inducidas para que De la Rúa pudiera participar en la causa contra su amigo.

¡Marchando taza y media de caldo!

Irresponsabilidad televisiva

La proliferación de contenidos televisivos inadecuados en el horario protegido (de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde) ha sido denunciada en innumerables ocasiones desde muy diversas instancias. La existencia del Código de Autorregulación de Contenidos, lejos de conseguir progresos dignos de mención en el terreno de la protección a la infancia, parece estar siendo tomado a chacota por los programadores. ¿Autorregulación? Barra libre más bien.

TAC (Telespectadores Asociados de Cataluña) dio a conocer ayer un contundente informe que señala la gravedad de la situación y la impunidad de los 'autorregulados'. El 73% de los contenidos emitidos dentro del horario protegido son inadecuados para la infancia, lo que supone un aumento del 10% respecto al año pasado. Y para general escándalo en TVE-1, cadena pública que debería dar ejemplo, la indiferencia respecto a la protección de la audiencia infantil se eleva al 100%, como en Antena 3 y Telecinco.

Entre las 'joyas' seleccionadas por el informe se encuentran "Doña Bárbara" y "España directo", de TVE; "El diario" y "Tal cual verano", de Antena 3 y "Sé lo que hicisteis", de La Sexta, y "Sálvame", de Telecinco. Este último merece especial rechazo por su exhibición de "conductas asociales, burla, crueldad, sexismo y menosprecio" así como referencias sexuales implícitas y explícitas. Su último récord se saldó con una pelea entre bastidores tras la confrontación verbal que recoge el vídeo publicado arriba.

El Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia fue suscrito, en diciembre de 2004, por Antena 3, Sogecable, Tele 5 y TVE con el objetivo de mejorar la eficacia en la protección de los menores como espectadores televisivos. Casi cinco años más tarde resulta incuestionable que la autorregulación (como en el caso del capital) no funciona. Lo que funciona es el ánimo de lucro y la falta de escrúpulos en la lucha por acaparar las audiencias. En consecuencia, tal vez ha llegado el momento de que las instituciones competentes acentúen su vigilancia y apliquen sanciones severas.

No deja de ser una paradoja hiriente que, mientras se impone en los canales generalistas una cínica e irresponsable permisividad, la sociedad y la propia televisión alienten el debate sobre la rebaja de la edad penal de los menores a la vista de algunos traumáticos sucesos recientes. ¿Cuánta parte de culpa tiene la TV -junto con la creciente desestructuración familiar en la sociedad española- de que tales hechos se produzcan?

No vale inhibirse ante lo que sucede y pretender responder a las consecuencias de tal inhibición con medidas represivas contra quienes son las primeras víctimas del inperio del cinismo. Así sólo se logra agravar y perennizar los problemas que se dice querer combatir.

Sobreseimiento para Camps y compañía

"Entendemos que no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza en consideración a su función, por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público".

Con esta enjundiosa consideración, los tres jueces que han estudiado los recursos del presidente de la Comunidad Valenciana y el resto de los imputados han acordado el sobreseimiento libre. Sin embargo uno de ellos, Juan Montero Aroca, ha formulado un voto particular porque niega que el artículo 426 exija que se pruebe la relación de causalidad (indemostrable en este caso, según el fallo) en la que se fundamenta el sobreseimiento.

Por otra parte, dos de los tres magistrados dan por hecho que todos los regalos atribuidos a 'El Bigotes' que se citan en la causa fueron reales, lo que -si no interpreto mal- deja a Camps por mentiroso, dado que en todo momento el presidente valenciano ha asegurado que pagó sus trajes, sin que haya aportado prueba alguna que lo acredite.

Sin embargo, la sentencia se muestra innecesariamente exoneradora al subrayar que "Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación". Ese es un juicio de intenciones carente de base probatoria en la misma medida, al menos, que las imputaciones. No se puede probar que exista una relación de causa-efecto entre regalos y logros y tampoco lo contrario. Eso es todo. ¿Puede alguien asegurar cuáles eran los propósitos del dadivoso bigotudo?

En todo caso parece necesario que el Tribunal Supremo estudie detenidamente este caso y establezca una clara jurisprudencia, en la medida en que la interpretación que los jueces valencianos han hecho del artículo 426 del Código Penal deja abierta de par en par la puerta para que el cohecho en especie se institucionalice.

"La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses". Eso es lo que dice el artículo 426. Aquí la clave está en la letra en negrita (el subrayado es mío).

Recurramos a la sabiduría popular: aquí todo indica que se adora "al santo por la peana" y "cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía". Conclusión: "no te digo que te vistas pero ahí tienes los trajes, digo, la ropa".

Chávez y los medios

Hugo Chávez cometería un gravísimo error si insiste en llevar adelante la Ley contra los Delitos Mediáticos que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, tramitó el pasado viernes ante la Asamblea Nacional. Dicha ley, según todos los signos, no tiene otro propósito que liberar al presidente del acoso mediático que sufre y compromete gravemente la libertad de expresión y con ella, toda verosimilitud democrática.

Es incuestionable que la oposición al bolivarismo, impotente para derrotarlo en las urnas, recurre habitualmente a la mentira, la intoxicación y el alarmismo para deteriorar la imagen de Chávez. Siempre ha sido así, pero la radicalización en la práctica y los modos del libelo es cada día más amplia e insidiosa. No obstante, tales prácticas deberían ser respondidas mediante el conjunto de las leyes y no a través de una ley especial, práctica carateristica de las dictaduras y los regímenes autoritarios.

Le ley se dirige contra "las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial; que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública; que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".

El margen que tan extenso enunciado deja a la interpretación parcial y/o subjetiva de su articulación es sumamente inquietante y la referencia no sólo a las acciones sino también a "las omisiones" abre una perspectiva proclive a la posibilidad de que sea el Gobierno quien determine lo que se debe publicar. De ese modo no sólo se yugularía la libertad de expresión, sino también la de información. Toda empresa mediática debe ser libre para publicar lo que le parezca oportuno y también para no publicar lo que otros juzguen oportuno. Lo primero podría incurrir en ilegalidad en función del contenido; lo segundo, no.

Otras decisiones de Chávez han sido discutibles desde el punto de vista democrático, como la eliminación del límite de mandatos presidenciales, reforma constitucional aprobada en el referéndum celebrado en febrero, pero tal reforma no garantiza en absoluto la presidencia vitalicia, contra lo que han asegurado sus detractores. El presidente será reelegido (o no) si así lo quieren los ciudadanos. La decisión fue un error, por supuesto, pero sobre todo fue una muestra de debilidad. Chávez evidencia con ello que no cree en la supervivencia del bolivarismo sin su presencia.

La aprobación de la Ley contra los Delitos Mediáticos, sin embargo, supondría un atentado directo contra la democracia, un ataque virulento y a cara descubierta contra las libertades de expresión e información. No es extraño, en consecuencia, que su presentación ante la Asamblea Nacional sea contestada por significados chavistas, que ven en tal medida un paso muy peligroso en la mala dirección.

Si Chávez quiere deslegitimarse definitivamente ése es el camino.